"Colombia ha llegado en su devenir histórico a tal encrucijada que necesita que se le diga la verdad, así sea ella dolorosa y aunque produzca serios inconvenientes a aquellos que se atreven a decirla", advirtió el sociólogo Orlando Fals Borda. La cita no es de ahora. Es de 1962. Está en el libro La Violencia en Colombia, el más directo antecedente del Informe de la Comisión de la Verdad que se lanzó este martes en Bogotá con retransmisión por canales de TV estatales, pantallas gigantes en una veintena de ciudades y pueblos, a través de emisoras comunitarias y del Ejército y las redes de Internet, y con la presencia del presidente electo Gustavo Petro.

Cuando se distribuyó la segunda edición de ese libro, en septiembre de 1962, el gobierno del conservador Guillermo León Valencia sacó tanques de guerra a la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, por temor a un levantamiento.

La primera edición salió en julio de ese año, con 1.000 ejemplares de 394 páginas. Fue todo un acontecimiento político. Se distribuyó solo entre altos dirigentes e instituciones nacionales, pero el interés era tal, que quienes tenían un ejemplar tuvieron que establecer turnos de lectura entre sus amigos y familiares. Mientras aparecía la segunda edición en septiembre, circularon rumores infundados de que el Gobierno había prohibido el libro.

Las revelaciones que contenía eran definitivamente transgresoras, en pleno Frente Nacional (el pacto de paz liberal-conservador de paridad burocrática que se turnó la presidencia 1958-1978 excluyendo a los demás partidos). La Violencia en Colombia hablaba de lo que nadie quería hablar. Ponía patas arriba la matriz de opinión que se quería instalar sobre un tema que, además, preferiblemente había que borrar de la memoria de los colombianos: la guerra iniciada por un mandatario conservador en 1946 y que tuvo su ciclo imperante entre 1949 y 1957.

"El Estado y los partidos políticos hicieron sonar el silbato de partida, (pero) la dinámica del fenómeno fue tal, que pronto sus iniciadores quedaron reducidos a aprendices de brujo", resumía el mismo Fals Borda en el prólogo del tomo uno. Siembra vientos y recogerás tempestades, dice el proverbio.

En 1958, al terminar la guerra civil de 12 años, la junta militar a la que se le encargó transitoriamente el poder creó la "Comisión Nacional Investigadora de las causas y situaciones presentes de la violencia en el territorio nacional" y encargó la investigación a tres destacados intelectuales: Orlando Fals Borda, sociólogo, fundador en 1959 y decano de la primera Facultad de Sociología de América Latina, en la estatal Universidad Nacional de Colombia. Un jurista de lo más destacado, Eduardo Umaña Luna, también fundador de Sociología de la Nacional. Y un respetado sacerdote e investigador, Germán Guzmán Campos, el autor principal.

Un año y medio después (mayo 1964) apareció el tomo dos. Allí el mismo Fals Borda, también en el prólogo, contó el impacto que había tenido el tomo uno. Ningún sector político quería que se le achacase la responsabilidad de haber comenzado la confrontación, o de haberla propiciado. Pero la gente despertó. "Muchas personas impresionadas por las descripciones del libro decidieron alistarse conscientemente en la campaña nacional contra la violencia" y ofrecieron recursos y propusieron soluciones. El Estado pareció atender las recomendaciones que se leían en sus páginas y aplicó planes de desarrollo para las comunidades.

Inicialmente, en julio y agosto de 1962, el libro recibió comentarios ponderados y expectantes. Los miembros de los partidos acordaron aceptar en un principio la responsabilidad conjunta y les gustaba que el libro sostuviera que toda la sociedad colombiana había tenido la culpa de la guerra civil.

Pero pronto el texto comenzó a ser blandido como arma para apabullar al contrario, como ocurrió en algunos debates en la Cámara de Representantes. A finales de agosto, el diario El Siglo, conservador, ya lo consideraba "un libro sectario", "un insulto a la dignidad histórica" del partido conservador, que fue precisamente el que gobernó durante los años que abarca la investigación.

El ministro de Guerra, el general Alberto Ruiz Novoa, en un momento se exasperó durante un debate en la Cámara y soltó una verdad como un puño: no habían sido las Fuerzas Armadas las que habían instigado a los campesinos a matar a hombres, mujeres y niños "para acabar hasta con la semilla de sus adversarios políticos, sino los representantes y senadores, los políticos colombianos" (septiembre 6, 1962).

Dos ministros estuvieron a punto de renunciar cuando salió la segunda edición. A partir de ahí, en septiembre y octubre vino una campaña de descrédito en la prensa conservadora, no solo contra el libro, sino contra sus autores. La prensa liberal los defendía y el semanario comunista consignaba que "la reacción se ha sentido sacudida como por un terremoto".

En la prensa conservadora, Guzmán pasó a ser "clérigo rojo", "sacerdote renegado" y "monstruo". Umaña Luna ahora era un "abogado liberal incompetente", un "volteriano y enciclopedista", un "librepensador extremista". Al decano de apellido catalán Fals lo llamaban "Falso" y lo descalificaban por pertenecer a la Iglesia Metodista. Los tres coautores no tenían preparación, eran ya "apologistas de la violencia" y su libro tenía "abundantes características de panfleto".

El cardenal arzobispo de Bogotá declaró que el sacerdote Guzmán había violado el Código de Derecho Canónico porque no había pedido a la autoridad eclesiástica licencia para imprimir el libro (Imprimatur, en la jerga vaticana). A finales de septiembre circuló una separata en todos los periódicos conservadores que fue distribuida en todo el país, en universidades, algunas iglesias y en las librerías donde se vendía el libro. La separata era un escrito de un religioso que ponía en duda la seriedad del informe y acusaba de "mala fe" a sus autores. La mala fe consistía en no hablar de "bandoleros" sino de "campesinos" y de "pueblo". El libro La Violencia en Colombia se convirtió en un best seller.

El excanciller ultra conservador, intelectual y escritor Luis López de Mesa publicó en el diario liberal El Tiempo un artículo con más detalles sobre el historial de la violencia, en especial sobre la responsabilidad de quienes gobernaban, y fue descalificado como "santón culterano", "sectario", "viejo maniqueísta", "falseador de la realidad histórica", "biólogo de la evolución de la sardina".

El 4 de octubre los dueños de 38 periódicos liberales y conservadores de todo el país se reunieron y dictaminaron "evitar toda polémica sobre las responsabilidades" de los partidos políticos en la guerra, "dejándole el necesario juicio histórico a una generación menos angustiada y comprometida", y "reducir al mínimo" la publicación de fotografías sobre hechos o episodios de violencia. Todos los autores de hechos violentos serían en adelante "simplemente (…) malhechores y asesinos" y no se les asignaría ninguna pertenencia política, tampoco a las víctimas.

El 31 de octubre, el Senado adelantó una sesión secreta de cuatro horas sobre el contenido de La Violencia en Colombia. Se le había filtrado a un senador conservador un concepto confidencial a sus superiores del entonces coronel Álvaro Valencia Tovar sobre el impacto de la publicación y sus implicaciones sobre las Fuerzas Armadas. Valencia recomendaba el libro como texto de estudio para el Ejército, por lo que se ganó epítetos como "delincuente" y "oficial envenenado" en busca de publicidad. 

El senador pidió que, por el contrario, se prohibiera la lectura del libro a los militares. Al día siguiente, los senadores conservadores pidieron al presidente retirar de filas al coronel Valencia: "Bogotá se sacudió en esos días ante el temor de un golpe de Estado", escribió Fals Borda en mayo de 1964. El general Ruiz, superior de Valencia Tovar, calmó las aguas diciendo que La Violencia en Colombia era "en parte equivocada, parcial, calumniosa y producto de relatos novelescos".

La revista de la Policía editorializó contra el libro, consideró que su publicación era inoportuna y protestó porque los investigadores tuvieron en cuenta las declaraciones de las víctimas y en cambio no analizaron "los crímenes contra las Fuerzas Armadas con la misma minuciosidad".

La Violencia en Colombia nunca dejó de ser el referente pionero. Eso sí, las generaciones a las que, a mediados de los años 80, les eliminaron del currículum de secundaria la materia de Historia de Colombia, tuvieron que descubrirlo otra vez.