Rafael Braga tiene 29 años y una mirada triste, de esas que no se sabe si viaja hacia el infinito o si nunca ha salido del infierno. Se alfabetizó a los trece años y no consiguió terminar la enseñanza básica. Nació en Sergipe, al nordeste del país, y cuando cumplió su primera década llegó a Rio de Janeiro con su madre y sus siete hermanos para ver si allí tenían más suerte.

Rafael Braga tiene un rostro serio, como el de aquel que no se permite sonreír o que no tiene motivos para hacerlo. Su cara es afilada, pómulos marcados y boca gruesa. Hasta sus 23 años se pasó la vida merodeando por las calles cariocas a la caza de cualquier objeto que revender para sacarse unos reales con los que ayudar en casa. Nunca imaginó que en la tarde de aquel 20 de junio de 2013 los dos hallazgos con los que se topó -una botella de lejía y un limpiador de suelos- cambiarían su vida para siempre.

Así comienza la historia de un joven, negro, pobre con una condena a 11 años y tres meses de prisión por llevar 0,6 gramos de marihuana y 9,3 de cocaína. Pero antes de esa, ya había una condena anterior por porte de artefactos explosivos.

Dos detenciones y una cadena de errores, de pruebas inexactas, de arbitrariedades, y desamparo. Una historia como la de otros millones de brasileños con el mismo perfil: joven, negro, pobre y encarcelado con pruebas insuficientes o dudosas. Así lo confirma el Mecanismo Estatal de Prevención y Combate a la Tortura del Estado de Rio de Janeiro: dos de cada tres presos en Brasil son negros y jóvenes.

"El preso de Pinho Sol"

Vayamos a los hechos. Para Rafael aquella tarde de junio era como cualquier otra. Pero para otros 300.000 brasileños fue el día de tomar las calles y manifestarse contra la Copa del Mundo, la corrupción, por el derecho a la educación y a la sanidad pública. Eran las manifestaciones de junio, una suerte de 15M brasileño que no llegó a despuntar.

Rafael se preparaba para volver a casa y su última parada fue el trastero abandonado donde dejaba los objetos recogidos a lo largo del día. Entonces, según su declaración, se encontró con una botella de lejía y otra de desinfectante de suelos. Estaban cerradas, a estrenar, y sin pensarlo dos veces se las metió en su mochila para llevárselas a su tía. Al salir del lugar se encontró con la batalla campal en la que suelen terminar las manifestaciones brasileñas: la policía lanza gases lacrimógenos, las personas corren, porrazos policiales a diestro y siniestro. Y Rafael en el medio. No pasó ni un minuto para que se le acercaran dos policías y le detuvieran de inmediato. ¿La excusa?: Llevar una mochila y estar en el centro de una guerra improvisada.

Ya en la comisaría, el policía Erik Duarte Correia dijo que el joven salió del trastero con dos botellas en la mano, una de ellas con una mecha de plástico naranja que serviría como cocktail molotov para usar en la manifestación. Nada que ver con la versión de Braga que en su declaración insiste que “las botellas estaban cerradas” mientras que las que había presentado la policía tenían la mitad del contenido fuera del frasco. El laudo policial señaló que el líquido de los envases “no tenía la mínima posibilidad de funcionar como cocktail molotov porque los componentes no eran inflamables”.

La palabra de la policía contra la del joven. Y unas pruebas técnicas que el juez Guilherme Schilling decidió ignorar y optó por condenar a Braga a cinco años de prisión por “porte de artefactos explosivos e incendiarios”. En su sentencia el magistrado afirmó que la versión de las botellas lacradas resultaba “pueril e inverosímil”. Así fue como este joven de Sergipe entró por primera vez en la cárcel y se convirtió en el único detenido de las manifestaciones de junio en cumplir condena. Los otros treinta jóvenes blancos, éstos sí manifestantes, pasaron por la comisaría pero no llegaron a pisar una prisión.

La historia de Rafael Braga pasó a llamarse la del "preso de Pinho Sol" (la marca del limpiador de suelos con el que le encontraron) y el Instituto de Defensa de los Derechos Humanos se hizo con su caso. Gracias a su buen comportamiento, después del primer año consiguió pasar a régimen semi-abierto y sus abogados le contrataron como chico de los recados.

Por el día trabajaba en el despacho, por la noche volvía a su celda. Su buen comportamiento una vez más le permitió salir con libertad condicional antes de lo previsto.

El 1 de diciembre de 2015 volvió a su casa en la favela de Vila Cruzeiro con la tobillera electrónica como advertencia. Apenas trece meses pudo saborear su libertad cuando el destino y la Policía Militar volvieron a meterle entre rejas. Fue la mañana del 12 de enero de 2016 cuando Rafael salió de su casa para comprar pan. Llevaba tres reales, una bermuda y su tobillera electrónica a la vista. De camino a la panadería dos agentes de la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) de la favela le detuvieron.

Comenzó su segundo martirio.

Al igual que en la primera detención la versión de unos y de otros no puede ser más distante. Braga insiste que sólo llevaba tres reales y que la policía le llevó a un callejón, le golpeó y le preguntó por nombres de narcotraficantes. Él dijo no saber nada y según su declaración, los policías le habrían amenazado con colocarle pruebas con las que volvería a la cárcel si no hablaba. En la comisaría la Policía denunció que el detenido llevaba dos bolsas de drogas, la primera con 0,6 gramos de marihuana y la segunda con 9,3 gramos de cocaína, pero sobre este segundo estupefaciente no hay nada registrado.

Cuando se interrogó a los agentes de manera individual dieron respuestas contradictorias. Uno de ellos aseguró que fue detenido cuando estaba junto a un grupo de jóvenes. El otro dijo que estaba solo. Una vecina que vio el altercado manifestó que el joven no tenía nada en la mano y que los policías le propinaron una paliza. Los abogados de la víctima presentaron todas estas pruebas para señalar las arbitrariedades de la detención. De nada sirvió. El juez Ricardo Coronha Pinheiro decretó “prisión cautelar” por “reincidencia delictiva”.

Otra vez en la cárcel. El pasado 20 de abril, después de un año y cuatro meses de prisión salió la sentencia definitiva: 11 años y tres meses de prisión por tráfico de estupefacientes y asociación al narcotráfico, y el pago de 1.687 reales (alrededor de 500 euros).

Símbolo del racismo judicial

Desde que se supo la noticia de la condena definitiva organizaciones de derechos humanos y militantes del movimiento negro han organizado durante los últimos quince días actos de apoyo a Rafael Braga en diversas ciudades del país.

Su fotografía se ha convertido en la imagen del racismo que impera en el sistema penal. Su caso pone sobre la mesa un estilo de actuación policial y judicial que provoca, entre otras cosas, que Brasil sea el cuarto país con mayor población carcelaria del mundo.

Además de los movimientos sociales diversos juristas han manifestado su asombro ante la sentencia del juez. El doctor en Derecho Penal de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, Antonio Pedro Melchior, afirmó que “la práctica de tratar a los agentes policiales envueltos en la detención como testigos esenciales es un hecho equivocado desde cualquier punto de vista”.

Además señaló que ante las declaraciones contradictorias de los policías, su testimonio sería “todavía más frágil” y por lo tanto la resolución no podría basarse en esas declaraciones. La profesora de Filosofía de la Universidad Federal de São Paulo y militante del movimiento negro, Djamila Ribeiro, definió la sentencia de Rafael Braga como “la demostración de que existe un tribunal racial con el objetivo de criminalizar a personas negras, cuando las palabras de los policías son absolutamente cuestionables y prevalecen sobre las de Rafael y las del testigo ocular. Lo que fundamenta la credibilidad es el racismo”.

El doble rasero a la hora de condenar es otro de los puntos que se ha puesto de manifiesto. El delegado de policía, Orlando Zaccone, reconoció que “si la cantidad de estupefacientes que dicen que llevaba Braga fuera cierta, y la hubieran encontrado en los bolsillos de una persona blanca de clase media, no habría entrado en la cárcel” por entenderse como “consumo propio” mientras que con un negro la primera asociación que se hace es la de “tráfico de drogas”.

Orlando Zaccone que está a favor de la descriminalización de las drogas, dice en su libro 'Accionistas de la nada': quiénes son los traficantes de droga que “es evidente que los registros que realiza la Policía no corresponden con la cantidad de droga en circulación que hay en las calles, más bien en cárceles cariocas como Bangú hay tres veces más tráfico que en la zona sur de Rio de Janeiro”. Este delegado también reconoce que “uno de los grandes problemas de la policía carioca es que la calidad de su trabajo se mide por el número de detenciones, de ahí que el número de presos sea tan elevado”.

Según la arquitecta y militante feminista negra, Joyce Berth, que estaba en uno de los actos por la libertad de Braga que se celebró en São Paulo “el racismo de las sentencias” es evidente: “En el caso de Rafael quedan claros los dos episodios de racismo. En el de las manifestaciones fue el único al que encarcelaron cuando ni siquiera se manifestaba y los manifestantes blancos quedaron libres. Ahora con el tema de la droga es lo mismo, cualquier niño pijo blanco de la Avenida Paulista lleva esa cantidad de cocaína encima y no le pasa absolutamente nada. Por eso el caso de Rafael Braga tan emblemático, supone la gota de agua de un vaso lleno que ya lleva mucho tiempo desbordándose”.

Los abogados del Instituto del Defensor de los Derechos Humanos, que acompañan el caso desde 2013, denunciaron que la decisión del juez “viola la presunción de inocencia, criminaliza la pobreza y refuerza el estigma del joven negro, pobre y favelado”, y anunciaron que recurrirán la sentencia hasta liberar a su cliente. Los movimientos sociales han confirmado nuevos actos con la imagen de este joven que ha puesto cara a las estadísticas de la injusticia.