Hasta en dos ocasiones, distintos periodistas le preguntaron a Ione Belarra por su corta baja de maternidad y el ejemplo que daba al no tomarse la baja completa. Sucedió este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el que el Ejecutivo acababa de aprobar en primera vuelta el texto para una Ley de familias, que entre otras cosas, impulsa la corresponsabilidad y el cuidado. La Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 acabó respondiendo: "Me gustaría preguntar si esa pregunta se la harían a un ministro que fuera hombre, como el caso de mi compañero Garzón al que nunca se le hizo esta pregunta. Creo que el escrutinio personal de las ministras (con 'a') no es igual al de los ministros y creo que eso nos tiene que llevar a una reflexión como sociedad". "Dicho esto, mi hijo tiene también un padre con el que aspiramos a ejercer la corresponsabilidad y creo que eso, sin duda, es un buen ejemplo". 

La pregunta a la ministra y su insistencia en que diera explicaciones sobre un asunto privado, no se restringe sólo a las maternidades y a un mal entendimiento de lo que significa precisamente la corresponsabilidad que impulsa la nueva ley. Se trata de un machismo instalado en la sociedad que permite que a las mujeres que ocupan cargos políticos y de representatividad se las juzgue, critique, insulte o amenace constantemente por sus actos o por falta de ellos.

No es nuevo. A lo largo y ancho del mundo existen innumerables ejemplos de cómo las mujeres en estas posiciones se enfrentan a una violencia política de género, que en muchas ocasiones es generada, ampliamente aireada o amplificada por los medios de comunicación.

El caso de Belarra no es pues un hecho aislado ni anecdótico. Recientemente la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha tenido que escuchar insultos y faltas de respeto personales en la propia cámara de representantes, cuando una diputada de Vox le espetó que su "único mérito es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias". La presidencia de la Cámara del Congreso, donde se produjo la agresión, no reaccionó y no hubo una respuesta contundente contra este ataque, como suele ser habitual en este tipo de agresiones. Tampoco a ella era la primera vez que le sucedía. Otras ministras de la historia reciente de nuestro país han pasado por lo mismo. Casos como el de Bibiana Aído, Leire Pajín o Carmen Chacón, a la que se criticó ampliamente por pasar revista a las tropas estando embarazada cuando fue nombrada la primera ministra de Defensa de la democracia, forman parte de esta violencia.

Recientemente hemos podido ver otras manifestaciones de esta violencia política hacia las mujeres. En agosto pasado, la primera ministra de Finlandia fue acusada de haber participado en una fiesta privada, de haberse emborrachado, consumido drogas y haber desatendido las tareas de su cargo por ello. Sanna Martin fue obligada a realizarse un test de drogas y a dar explicaciones públicas por un evento privado con amigos que en ningún momento incidió en sus responsabilidades políticas. Las acusaciones fueron lanzadas inicialmente por partidos ultraconservadores, pero toda la prensa internacional las replicó y amplificó significativamente. 

Más recientemente, en una rueda de prensa conjunta entre las primeras ministras de Finlandia y de Nueva Zelanda (Jacinda Ardern), ambas fueron preguntadas por un periodista en un pésimo lenguaje, si se reunían porque tenían la misma edad y esas cosas en común. La respuesta de Arden zanjó la conversación: "Nos reunimos porque somos primeras ministras, por supuesto". Por su parte, Martin apuntó si "alguien preguntó alguna vez a Barack Obama y a John Key [exprimer ministro de Finlandia] si se reunieron porque tenían una edad similar. Por supuesto, tenemos una mayor proporción de hombres en política, es la realidad, porque que dos mujeres se reúnan no es simplemente por su género".

¿Qué es la violencia politica de género?

No es un concepto ampliamente conocido. Por lo menos no en España, aunque muchas mujeres lo han sufrido en sus propias carnes en las últimas décadas. Se trata de una violencia machista que tiene unas características determinadas y cuyo objetivo es el de buscar "la exclusión de las mujeres del ámbito político y como tal, constituye una violación flagrante de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en diversos instrumentos jurídicos internacionales", tal como afirma un reciente estudio sobre el tema realizado por el Ministerio de Igualdad. 

No es que no exista la violencia política hacia los hombres, pero la que se ejerce contra las mujeres tiene características específicas y es más brutal. Principalmente sobre la esfera personal. Como toda violencia ejercida sobre las mujeres, esta violencia política tiene muchas manifestaciones, desde lo simbólico a lo físico, o sexual o lo económico y se proyecta "en todos los espacios, desde la intimidad de un despacho a un parlamento nacional, reuniones de partido o en el seno de los movimientos sociales, redes sociales o las cabeceras de medios de comunicación, tal como resalta dicho informe.

Pero esta violencia política no sólo se ejerce en las cámaras de representación o en las redes sociales, sino que en muchos casos salta a la violencia física en las calles. América Latina es un caso paradigmático para entender cómo funciona esta violencia. Casos como el asesinato de la activista medioambiental Berta Cáceres, asesinada a balazos en Honduras al defender los derechos de las comunidades frente a los intereses empresariales, o el de la política y activista brasileña Marielle Franco, asesinada tras participar en acto en Río de Janeiro en 2018, son ejemplos de lo extremo que llega a ser esta violencia. Pero tampoco hay que irse muy lejos. La diputada Laborista Joe Cox fue asesinada en la región inglesa de Leeds, cuando salía de un encuentro político contra el breixit. Cox llevaba meses recibiendo amenazas y mensajes de odio y mensajes misóginos y de naturaleza sexual. 

Una violencia que no entra en las leyes

Un estudio realizado entre parlamentarias Europeas en 2018 y titulado Sexismo, acoso y violencia contra las mujeres en los Parlamentos de Europa, arrojó datos reveladores sobre el masivo alcance de este tipo de violencias. El 85,2% de las parlamentarias que participaron en el estudio indicó que había sufrido violencia psicológica en el transcurso de su mandato. Un 46,9% recibió amenazas de muerte, violación o palizas; cerca del 60% había sido objeto de ataques sexistas en Internet a través de las redes sociales; el 67,9% había sido objeto de comentarios relativos a su aspecto físico o basados en estereotipos de género. Una cuarta parte de ellas (el 24,7%) sufrió violencia sexual y casi el 15% había sufrido violencia física.

Tal como ha afirmado la Relatora Especial de las Naciones Unidad contra la violencia hacia las mujeres, la violencia política de género constituye un problema de derechos humanos que incide sobre la calidad de las democracias, en especial en lo referido a los principios de igualdad  y justicia. "Resulta inconcebible pensar la dinámica democrática cuando más de la mitad de la población mundial tiende a ejercer sus derechos políticos y electorales siendo acompañados por manifestaciones de violencia de género asociadas a la competencia político electoral. En tal sentido, la violencia política de género no es un problema que compete solo a las mujeres, sino a la sociedad en su conjunto al ser vulnerados principios constitutivos democráticos".

A pesar de la importancia que tiene este tipo de violencia hacia las mujeres para el sistema democrático y el funcionamiento de las instituciones, aún son muy pocos los estudios que abordan sus características y su magnitud. También son muy pocos los Estados en donde esta violencia ha sido legislada y entre ellos no se encuentra España. La docena de países en las que se han aprobado leyes contra la violencia política hacia las mujeres en los últimos años están en América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Tal como demuestra el inicio de este reportaje, la violencia hacia las mujeres no solo comienza o acaba en las instituciones y los parlamentos. La idea de que las mujeres son criticables cuando desempeñan un papel político institucional o en el activismo social, cala en toda la sociedad. De hecho, los medios de comunicación son algunos de sus principales altavoces, al preguntar por cuestiones personales que incluyen una crítica sobre la actuación de la mujer o al diseminar ampliamente un relato que la desvaloriza. Una crítica constante que acaba por deshumanizar a quien la sufre, pero que socialmente acaba extendiéndose a todas las mujeres.