La Mesa del Senado ha admitido trasladar a todos los grupos representados en la Cámara Alta la petición realizada por diversas organizaciones de la sociedad civil para que se cree una comisión de investigación sobre las cloacas del Estado que acusaron a la asociación Infancia Libre de formar una trama criminal. El Senado también hizo llegar a los partidos políticos la petición de que dicha comisión investigue y repare la violencia institucional que se produce en el sistema de Justicia y de protección de la infancia en casos de abuso sexual infantil, intrafamiliar y, especialmente, cuando es el padre quien es acusado de agresión sexual. 

La primera petición al Senado fue formalizada el 31 de enero. El pasado 10 de marzo. las organizaciones registraron una ampliación del escrito, después de que Público desvelara el intercambio de mensajes de WhatsApp entre el exnúmero dos de Interior del Partido Popular, Francisco Martínez, con el inspector Pedro Agudo, entonces responsable de la Unidad de la policía adjunta a los juzgados de Plaza de Castilla, que elaboró dicho informe policial contra Infancia Libre.

El intercambio de mensajes entre el político del PP y el responsable policial muestran el intento de vincular a María Sevilla, expresidenta de la organización de defensa de los derechos de la infancia, con Unidas Podemos en 2019, justo antes de que tuvieran lugar elecciones nacionales y locales en diversas comunidades.

Las conversaciones de WhatsApp forman parte de la documentación aportada a la causa Kitchen y muestran de forma contundente cómo Agudo y Martínez se empeñaron en hacer una causa judicial contra un grupo de madres que habían denunciado violencia de género o violencia sexual de sus exparejas hacia sus hijos e hijas y hacerlas pasar por una trama delictiva. Según el informe policial, Infancia Libre consistía en un grupo de madres, abogados y profesionales de la sanidad pública que se habían unido para acusar falsamente a los padres de abusar sexualmente de sus hijos para quitarles la custodia. 

Entre principios de abril y finales de mayo de 2019, tres madres fueron detenidas y una cuarta llamada a comparecer en un juzgado de Granada a petición de dicha unidad policial. En dicha comparecencia se le retiró la custodia de su hija, en una decisión ilegal que posteriormente fue anulada por la Audiencia Provincial.

El informe liderado por Agudo estaba basado en el relato de distintos padres que afirmaban que sus exparejas tenían el mismo modus operandi que María Sevilla y las otras detenidas. En él se incluyó a una veintena de madres, a dos abogados y a tres profesionales de la sanidad pública, expertos en la detección de violencia sexual hacia menores. 

A finales de enero de 2020 la Fiscalía de Madrid investigó los hechos denunciados en el informe policial y decidió su archivo, al no encontrar ningún indicio de organización ilícita ni de denuncia falsa.

Las organizaciones que solicitan una comisión de investigación parlamentaria, pide que ésta investigue en cuántos casos se ha utilizado la supuesta pertenencia de diversas madres a Infancia Libre para retirarles la custodia de sus hijos e hijas o los perjuicios que les ha ocasionado en el sistema de Justicia tras haber sido incorporadas en dicho informe policial que las vinculaba con una supuesta mafia. 

Violencia institucional contra madres y sus hijos e hijas

Entre las organizaciones que han presentado la petición figuran la Federación de Mujeres Jóvenes, MUCRIM Mujeres criminólogas, la Federación de Mujeres Progresistas, la Federación Clara Campoamor, la Federación del Consejo Nacional de Mujeres y Menores víctimas de la Violencia de Género, y la iniciativa de las Madres Protectoras y la Asociación Alana.

Solicitan que se investigue la repercusión de la violencia institucional por acción u omisión sobre las madres y sus hijos por la aplicación de estereotipos en el sistema de Justicia, como el Síndrome de Alienación Parental (SAP), una patología no reconocida por ninguna institución de prestigio y que su uso ha quedado prohibido en nuestro país tras la aprobación en 2021 de la ley contra la violencia en la Infancia.

Las organizaciones recuerdan que diversas instituciones de nuestro país, como la Delegación del Gobierno contra la violencia de género o la Fiscalía de Sala contra la violencia sobre la mujer, han reconocido la existencia de violencia institucional en el tratamiento de estos delitos en la Justicia.

También recuerdan que la Relatora especial de Naciones Unidas contra la violencia hacia la mujer ha llamado la atención a España en diversas ocasiones por el uso del SAP en los tribunales y que ha llegado a afirmar que existe un "patrón estructural" en la Justicia de nuestro país que desprotege a los menores y discrimina a las madres. 

La decisión de constituir la comisión de investigación está en manos de los distintos partidos políticos y las organizaciones ven una ventana de esperanza en la decisión de la Mesa del Senado de dar trámite a su petición. En marzo de 2022 registraron en el Congreso la misma solicitud, pero aún no han recibido ninguna respuesta por parte de la Mesa de la Cámara Baja.