O democratizamos el modelo de redes sociales o muere la Democracia.

La desinformación discurre, principalmente, por las plataformas digitales que son las fuentes donde tratan de informarse un número cada vez más elevado de población, especialmente los jóvenes. Pues bien, los espacios digitales más importantes de información, comunicación e interacción pública son propiedad de cinco gigantes tecnológicos que actúan como el cuarto poder al disponer de un oligopolio y practicar el ciberpopulismo desde un posicionamiento político y económico neoliberal y trumpista, ajeno al interés general de la ciudadanía.

Las redes sociales no pueden funcionar conforme a la ley de la selva en un escenario digital fuera de control en ausencia -hasta ahora- de una regulación precisa de la Unión Europea. La ciudadanía no debería tener que soportar la toxicidad de las redes sociales por culpa de la presencia habitual de contenidos ilegales, desinformación, teorías conspirativas, injurias, bulos racistas o xenófobos, fake news y amenazas ultras desde sus cuentas falsas o anónimas, haters y bots.

• Las plataformas digitales se ven invadidas por grupos y personas que combaten la democracia y han encontrado en las redes y sus aplicaciones a su mejor aliado. Las redes les ofrecen la vía más fácil para hacer penetrar sus ideas y mensajes entre la población. De ahí que en ellas se prodiguen los discursos populistas, la distopía y los relatos alternativos o la posverdad. Esta situación es particularmente grave cuando una parte creciente de la población vive pendiente o es adicta a las plataformas digitales.

• Las corporaciones tecnológicas ostentan un tecnopoder muy superior al de muchos Estados gracias a la nueva economía de los datos que les aportan cada día los usuarios de las redes. Esos gigantes del capitalismo digital hacen con nuestros datos un oscuro e inmenso negocio que ha de ser controlado por los Estados que creen en la democracia.

Su prioridad es mantener la soberanía digital, sin aceptar límites, obligaciones ni una regulación legislativa global. Esas empresas supranacionales siguen criterios y reglas de funcionamiento que responden a una situación de oligopolio, fomentan un consumo enfermizo de sus aplicaciones tecnológicas y utilizan sistemas algorítmicos para reforzar sesgos, promover tendencias en la opinión pública y direccionar tanto la información como la publicidad personalizada.

• Si los gigantes tecnológicos no cumplen la regulación aprobada sobre grandes plataformas digitales (Ley DSA aplicable desde 2023 y aprobada por el Europarlamento) por la que deben eliminar contenidos ilegales; si no se autorregulan moderando discursos de odio y violencia; y si no aplican el Código de buenas prácticas contra la desinformación y las fake news, los Estados miembros de la UE deberían plantear al Parlamento Europeo y a la Comisión que preside Úrsula von der Leyen que sancionen con rigor a Musk y sus colegas.

• La respuesta a quienes desafían la democracia exige poner fin a un modelo tóxico de redes, apoyando y promoviendo un modelo alternativo que respete los valores democráticos, la ética digital, la privacidad de los datos personales y no practique la desinformación. Las redes alternativas presentan grandes diferencias con las redes privadas al concebirse como plataformas digitales de vocación social, sin ánimo de lucro, con un diseño de software de código abierto accesible al público y descentralizadas.

Además, como complemento a lo anterior, la Unión Europea ha de concienciar y extender una nueva cultura sobre el significado de la comunicación, la información, la soberanía digital y el debate de ideas en una sociedad democrática global que vive en medio de una revolución tecnológica -con la IA descontrolada- que nos cambia los paradigmas. Por su toxicidad, esas redes -que observo y uso- influyen también de modo decisivo en unas elecciones y representan un riesgo sistémico.

Hoy lo que está en juego es la democracia. De modo que la revolución tecnológica no puede convertirse en su mayor enemigo ni servir a quienes buscan el enfrentamiento de la humanidad. Debemos afrontar un problema de todo el planeta porque cada año hay más Estados que experimentan procesos políticos en la dirección de gobiernos autocráticos y falsas democracias.

Mientras, las encuestas nos indican que crece entre la ciudadanía el número de quienes no verían mal vivir bajo una dictadura porque no aprecian el papel de la democracia como garantía de la convivencia y no la sienten como algo útil para su proyecto de vida. En España, uno de cada cuatro jóvenes no considera que la democracia sea la mejor forma de gobierno. Sin duda, el desafío va mucho más allá pero pasa por democratizar las redes sociales. En ello, la Unión Europea ha de reforzar su compromiso.