Un total de 142 catedráticos, profesores y líderes de asociaciones jurídicas europeas han entregado este jueves una carta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) donde protestan por la política de desigualdad en la que incurre este órgano constitucional al excluir en sus votaciones a candidatas juristas para las plazas de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo.

La carta, a la que ha tenido acceso Público, está firmada por docentes de más de 30 universidades de toda España y ha sido entregado en el registro del CGPJ, con sede en Madrid.

Todo comenzó con un escrito de protesta entre un grupo de catedráticos, a raíz de los últimos nombramientos del CGPJ. El motivo: entre los candidatos para las tres plazas se presentaron once mujeres, pero la Comisión Permanente eligió a ocho hombres y una sóla mujer para la votación final.

Al final el pleno del CGPJ nombró a tres hombres para las tres plazas vacantes de magistrado del Supremo, aunque había candidatas con mayores o iguales méritos que los elegidos.

Los docentes denuncian su “perplejidad” porque en la propuesta para elegir a un magistrado de la Sala de lo Civil del Supremo por el turno de juristas de reconocido prestigio no figuraba ninguna mujer. Aún cuando existían mujeres "con cualificación más que sobrada para el puesto vacante”, que no fueron seleccionadas, y cuando dicha Sala está compuesta de ocho varones y sólo una mujer.

Entre las descartadas estaba Paz García Rubio, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Santiago de Compostela: ni siquiera fue propuesta al Pleno, a pesar de ser la catedrática con más sexenios de los que se presentaron. En su lugar fue elegido otro candidato con menor curriculum.

Carta viral

El proceder del CGPJ corrió como la pólvora entre los docentes universitarios y el escrito se hizo viral entre los departamentos de Derecho de las universidades españolas. Se ha decidido entregarla cuando llevaba 142 firmas.

En la carta se denuncia que la Sala para la que esta catedrática optaba -la de lo Civil- está compuesta por ocho hombres y una mujer. También que de las cinco Salas del Supremo, sólo hay 15 mujeres de un total de 76 magistrados y ninguna de ellas preside una sala o sección. 

Consideran que únicamente la Sala de lo Social cumple con los criterios de composición equilibrada que dispone la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de 2007.

La carta detalla la cadena de incumplimientos del CGPJ de la legislación vigente en materia de igualdad, según los docentes.

Los catedráticos y profesores recuerdan que la Ley de Igualdad de 2007 garantiza el principio de igualdad de trato y oportunidades en la promoción profesional, y establece que los poderes públicos están obligados a adoptar “medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad”; a atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos de cargos de responsabilidad, así como a remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación.

También reprochan que el CGPJ no haya tenido en cuenta el informe de Naciones Unidas de 2015 en el que destaca que, a pesar de que hay tantas juezas como jueces en España, “el número real de mujeres en los niveles más altos de la judicatura sigue siendo sumamente bajo”. Por ello, la ONU recomienda “que el Estado aplique medidas especiales de carácter temporal para lograr un equilibrio de género en la administración pública, en particular en los niveles más altos de la judicatura”.

Entre los firmantes se encuentra María Elena Sánchez Jordán, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de La Laguna, quien tuvo que organizar de urgencia un sistema de recogida de adhesiones, así como María José Guerra Palmero, catedrática de Ética de la misma  Universidad y consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte del Gobierno de Canarias.

También firman el escrito Manuel Lucas Durán, profesor de la Universidad de Alcalá; María del Carmen Gete-Alonso y Judit Solé Resina, catedráticas de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona; Margarita Isabel Ramos Quintana y Gloria Pilar Rojas Rivero, catedráticas de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Laguna o Francisco Infante Ruiz, catedrático de Derecho Civil de la Universidad Pablo de Olavide.

Los firmantes pertenecen a diferentes departamentos de Derecho de las universidades de Alcalá, Alicante, Almería, Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Baleares, Cáceres, Carlos III, Córdoba, Complutense, Coruña, Deusto, Girona, Granada, Extremadura, Jaume I, La Laguna, Las Palmas, Lleida, Málaga, Oviedo, Pablo Olavide, País Vasco, Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, UNED, Valencia, Valladolid, Vic y Zaragoza.

Además,han comenzado a adherirse otros docentes que a su vez forman parte del Parlamento Europeo, trabajan en órganos públicos de control de cuentas, o lideran asociaciones como la Europea de Mujeres Juristas, la de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, Themis o la Red Feminista de Derecho Constitucional.

Acción positiva

En la carta, los catedráticos y profesiones consideran que los “incumplimientos” del CGPJ en materia de igualdad ponen de manifiesto “que una sociedad más justa e igualitaria, reclamada por nuestra sociedad y por el propio ordenamiento jurídico, sólo se logrará cuando entre los magistrados del Tribunal Supremo, así como otros muchos órganos jurisdiccionales, exista una presencia equilibrada de mujeres y hombres, debiéndose adoptar –en su caso– las medidas de acción positiva que sean precisas en la configuración de las ternas propuestas al CGPJ”.