ZARAGOZA .- “Les faltó tiempo. Fue una experiencia de organización política que, en unas circunstancias nada favorables, dio pasos hacia la normalización”, explica el historiador de la Complutense José Luis Ledesma. Se refiere al Consejo Regional de Defensa de Aragón, el primer, y prácticamente único, episodio de gobierno libertario del que hay constancia en la historia. Este organismo, presidido por Joaquín Ascaso, gobernó durante diez meses, entre el 6 de octubre de 1936 –hoy hace 80 años- y el 11 de agosto de 1937, la mitad oriental de lo que hoy es la comunidad autónoma.

El Consejo, íntegramente controlado por CNT en sus primeros tres meses y hegemonizado por los anarquistas a partir de enero de 1937, cuando entraron en él dirigentes del PCE, Izquierda Republicana y UGT –dos por organización por siete libertarios-, fue, señala Vicente Pinilla, historiador de la Universidad de Zaragoza, “una forma de organizar una administración en la zona que siguió fiel a la II República”, que se encontraba en una situación caótica cuando, alrededor de septiembre, los responsables del Frente Popular comenzaron a ser conscientes de que afrontaban a una guerra larga y contra un enemigo profesional y bien pertrechado.

El hecho de que los sublevados controlaran las tres capitales había estrangulado el tráfico comercial y desconectado la administración al dejar de haber diputaciones y gobiernos civiles. Por otro lado, las milicias campaban a sus anchas por las zonas rurales y los pueblos, en la mayoría los cuales las tierras habían sido colectivizadas, pasaban a ser gobernados por los comités revolucionarios formados por milicianos y vecinos de su cuerda. “Ascaso no dejó de protestar ante las milicias porque sus requisas lastraban la vida de los pueblos”, indica Ledesma.

Y, por otra parte, habían llegado a la zona oriental miles de refugiados que habían logrado salir de la zona controlada por los sublevados, especialmente de Zaragoza, antes de que el frente quedara estabilizado en los Monegros.

Un improvisado Estado libertario

Ese cuadro llevó a la CNT a convocar un plenario sindical en Bujaraloz en septiembre de 1936 para impulsar la creación del Consejo, que tuvo su primera sede en Fraga antes de trasladarse a Caspe, capital simbólica del republicanismo y el autonomismo aragoneses que ofrecía la ventaja logística de estar comunicada por tren con Barcelona.

El balance del Consejo Regional de Defensa de Aragón incluye varios logros. “Consiguió a medias su objetivo fundamental, que era normalizar la vida civil. Su prioridad era consolidar las conquistas sociales, como la colectivización, y asentar las militares”, anota Ledesma, que está ultimando un libro sobre el efímero organismo. Todo desde la improvisación y mientras las luchas de poder internas -“los anarquistas intentaban utilizarlo como palanca de la revolución”, apunta- lo desgarraban hasta el punto de que fueron las organizaciones minoritarias las que reclamaron, primero con discreción y poco después abiertamente, al Gobierno de la II República que lo disolviera.

La sustitución de los comités revolucionarios por consejos municipales con representación de todos los partidos y sindicatos con presencia en cada pueblo significó un paso en la normalización de la vida local a partir de enero de 1937, mes en el que también fueron creados el Consejo de Seguridad, el Tribunal Popular de Caspe y los juzgados especiales de apoyo de esa ciudad, de Barbastro y de Alcañiz. Pese a tratarse de órganos más políticos que jurídicos, su entrada en funcionamiento provocó un segundo descenso en la represión en su territorio –“la inmensa mayoría de las condenas no fue de muerte”, anota Ledesma- que intensificó el de enero, cuando los grupos de investigación dependiente del Consejo relevaron, en ocasiones con los mismos miembros, a los de las milicias. “Lograron reequilibrar el orden público y atajar los asesinatos con una estructura policial”, apunta Antonio Peiró, historiador dela Universidad de Zaragoza.

Brigadas de alfabetización y tráfico comercial

El Consejo puso en marcha las brigadas de alfabetización itinerantes, inició la construcción de escuelas –en Caspe y Barbastro, entre otras localidades- y activó campañas de lectura, con camiones que recorrían los pueblos dejando y recogiendo libros.
Y, tras la situación de colapso inicial, activó nuevos circuitos comerciales que permitieron, con un sistema centralizado en la Consejería de Economía exportar, y comerciar con ellos en zonas como Catalunya y Valencia, con excedentes de productos primarios como cereales, aceite y frutos secos para reinvertir ese dinero en la adquisición de otros como leche, pescado y legumbres y avanzar en la mecanización del campo.
“La cosecha de 1937 fue buena –recuerda Ledesma-, y hay testimonios de las filas franquistas que reconocen que, cuando ocuparon la zona en la primavera de 1938, había importantes reservas almacenadas de grano y de aceite”.

La República arrolla a los sacripantes de Azaña

Sin embargo, el Consejo de Aragón, a cuyos dirigentes se refería Manuel Azaña como “sacripantes” –palabra italiana que describe a los guerreros que hacen alarde de su fuerza-, acabó arrollado por sus propios miembros y aliados en él de la CNT, que reclamaron al Gobierno de la II República su disolución: ordenada por Indalecio Prieto, fue ejecutada por las tropas de Enrique Líster y consumada con la entrega del poder en la zona oriental de Aragón al general Ignacio Mantecón, un militar de Izquierda Republicana –en esos tiempos ya cercano al PCE- que había ocupado la cartera de Justicia en el Consejo, como gobernador general.

“Una de las críticas más frecuentes al Consejo era que el frente no avanzaba”, recuerda Peiró. Sin embargo, este organismo carecía de competencias militares, que habían sido retenidas por las mismas milicias que habían apoyado su creación. De hecho, su influencia apenas se dejaba notar en el área occidental, controlada por estas por ser la zona de combate. Pero “ese frente se hundió en marzo de 1938, tras lo que prácticamente en quince días, con la excepción de la zona de Bielsa y del Maestrazgo, los sublevados tomaron la mitad oriental de Aragón”, explica Peiró. “La misma situación que lo hizo posible por el colapso del Estado en su territorio, que fue la guerra, lastró su desarrollo”, apunta Ledesma.

“La misma situación que lo hizo posible por el colapso del Estado en su territorio, que fue la guerra, lastró su desarrollo”

Los historiadores rechazan que el fin del Consejo de Aragón fuera una consecuencia del enfrentamiento entre la CNT –apoyada por organizaciones como el POUM- y el resto de fuerzas del Frente Popular, que tuvieron su punto álgido con los enfrentamientos de mayo de 1937 en Barcelona. “Los sucesos de mayo de 1937 forman parte de un proceso de enfrentamiento político, pero no provocan el desenlace –indica Peiró-. Había un malestar creciente, a lo que se sumaba que el problema clave, que era la guerra, no se resolvía. Eso provocó un clamor para nombrar un gobernador militar”.

Camino del exilio

Con esa decisión, impuesta manu militari, acabó lo que para Peiró, y para el resto de historiadores, había sido “el primer Gobierno libertario, y prácticamente el único que ha habido, de la historia”.

Los dos principales protagonistas de su historia, el presidente anarquista Joaquín Ascaso, un albañil emigrado a Barcelona que había regresado a Aragón con la columna Durruti, y el militar republicano Ignacio Mantecón, terminaron su vida en el exilio.

El primero, que llegó a pasar por la cárcel en Valencia acusado de un robo de joyas que no pudo ser probado, acabó en Venezuela, donde fundó el grupo libertario Fuerza Única; el segundo, que durante un año organizó pasajes de exilados hacia Iberoamérica, lo hizo en México, donde, tras afiliarse al PCE, llegó a catedrático y se especializó en bibliografía.