Un informe interno de Izquierda Unida señala que Gaspar Llamazares y el resto de miembros implicados en Actúa han incumplido los estatutos federales de la organización. El motivo es "el impulso de una opción electoral y la promoción de otro partido electoral que ha declarado su voluntad de competir con IU en las elecciones europeas en contra del acuerdo marco ratificado por la militancia en referéndum". Como ya avanzó Público, la Coordinadora Federal debatirá este domingo las posibles sanciones que implican estas faltas. 

Los hechos explicados en este informe se estudiarán en este órgano que ya ha sido enviado a todos los miembros. Según apuntan, las "faltas graves" o "muy graves" han sido realizadas "por la mayoría de los miembros de Izquierda Abierta que forman parte de la Coordinadora Federal". Los estatutos de la organización establecen que concurrir en candidaturas electorales que se presenten "en competencia" con las legalizadas por IU puede conllevar como "medida sancionadora" la suspensión o expulsión del partido.

En el informe recuerdan que las declaraciones en medios de comunicación de dirigentes de Izquierda Abierta "promoviendo el proyecto del partido político
Actúa" y "las diferentes quejas de las Federaciones afectadas por esta iniciativa" conllevaron la decisión de cortar la financiación de la organización . Sin embargo, apuntan que "el diálogo entre la dirección de IU y la dirección de Izquierda Abierta no ha tenido ningún resultado concreto". 

La conferencia política de Actúa en diciembre de 2018 y las "posteriores filtraciones" de sus reuniones son los hechos que analizan a lo largo del informe. En la exposición de hechos se enumera un largo listado de noticias de varios medios así como información de la página web de Actúa que anuncian la intención de presentarse a las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas. Para las últimas, Actúa ya se ha integrado en 'Europa Spring', iniciativa liderada por Yanis Varoufakis y DiEM25 y en la que no se encuentra IU. Desde la organización consideran que con esto "queda demostrada la voluntad manifiesta de impulsar un proyecto electoral que compite con IU en las elecciones europeas".

El informe también recrimina a la militancia que han realizado declaraciones a medios que han tenido "una repercusión negativa para la organización" y las "manifestaciones públicas" de algunos dirigentes sobre los próximos comicios. Hacen referencia directamente a declaraciones del excoordinador de IU, Llamazares como "IU está desaparecida, es un realquilado de Podemos" en una entrevista en La Razón o las grabaciones de una reunión en la que reconocía que montó Actúa a espaldas de IU: "Desvestir un santo para vestir otro". 

Otras declaraciones a las que se hace referencia son las del responsable de organización de Izquierda Abierta y y miembro de la Coordinadora Federal de IU, José Alberto Novoa Nieto, en el diario de Ávila en las que "se hace corresponsable de la iniciativa de “Actúa" o las de la afiliada y trabajadora a cargo de una eurodiputada de IU, Arantxa Azmara Rodríguez Calleja, que  "ha desempeñando funciones de responsable de comunicación de Actúa desde el año 2017". 

Las sanciones por competir electoralmente contra IU

Este informe se debatirá el domingo. Según el artículo 27 de los documentos de IU se considera infracción muy grave "concurrir en candidaturas electorales, o realizar de forma pública y notoria campaña en apoyo de las mismas, cuando éstas se presenten en competencia con las legalizadas por IU o sus organizaciones territoriales federadas". El artículo 29 establece "las medidas sancionadoras" y dicta que para las infracciones muy graves estas podrían consistir en "la suspensión de los derechos como afiliado/a por un periodo desde un año a dos años o la expulsión de IU y el cese durante el mandato de los órganos de los que fuera miembro".

La Coordinadora Federal decidirá sobre el futuro de Gaspar Llamazares en IU
El artículo 28, de medidas cautelares, establece que se puede adoptar "la medida cautelar de suspensión temporal de los derechos como afiliado/a". Estas medidas deben adoptarse por el órgano competente por mayoría de 2/3 de los asistentes a la reunión.