El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la entidad dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad que gestiona la logística ferroviaria del Estado, pagó 13.250 euros a una consultora privada para preparar con un juicio simulado la vista oral por el accidente del Alvia en Santiago, que se celebra desde el miércoles pasado en la capital gallega.

Así figura en la relación de contratos menores suscritos por Adif a la que ha tenido acceso Público, según la cual la entidad adjudicó el 24 de marzo de 2021 un contrato a la empresa Asesoría Jurídica y Prevención (AJP) para ejecutar un "Proyecto de Juicio Simulado de ADIF-ADIF AV [Alta Velocidad]".

A la licitación se presentaron dos empresas, y el contrato, con un plazo de ejecución de diez meses se adjudicó unas semanas antes de que la Audiencia Provincial de A Coruña rechazara los últimos recursos contra la instrucción y abriera paso a la celebración de la vista oral.

La adjudicataria, AJP, ofrece a sus clientes "soluciones para la mejora de la actuación preventiva en cumplimiento de las obligaciones legales que deben desarrollar los agentes intervinientes en toda actividad empresarial", que les permitan "mejorar las condiciones de trabajo y salvaguardar, además, las posibles responsabilidades legales exigibles".

El accidente del Alvia ocurrió el 24 de julio de 2013, cuando el convoy procedente de Madrid se estrelló en la curva de Angrois, cerca de Santiago, al entrar en ella a una velocidad excesiva, sin que existiera en la vía sistema de seguridad alguno que impidiera que un error humano del conductor provocara una tragedia.

Los únicos acusados son el maquinista del tren, Francisco Garzón, y el exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif, Andres Cortabitarte, para quienes la Fiscalía y la principal asociación de víctimas reclaman 4 años de cárcel por 80 delitos de homicidio por imprudencia profesional grave y otros 145 de lesiones y uno de daños por el mismo motivo.

Otras víctimas, sin embargo, rebajan la petición de penas para Garzón a dos años de prisión al considerar que la responsabilidad de Adif, cuyo abogado responsabiliza en exclusiva a Garzón, era mayor.

La mayoría de familiares y afectados sí están de acuerdo en que tanto el gestor ferroviario como las instituciones del Estado implicadas, incluido el Ministerio de Fomento bajo los mandatos de José Blanco (PSOE) y Ana Pastor (PP), tuvieron parte de culpa del siniestro por la falta de seguridad en la vía y porque contribuyeron a obstaculizar una investigación independiente sobre el accidente.

Adif no figura como acusado -Cortabitarte y Garzón cuentan con su propia defensa letrada- en el juicio, en el que la empresa pública comparece como posible responsable civil subsidiario y como acusación por los daños que el accidente causó en las infraestructuras que gestiona.

Según han explicado a Público dos expertos en derecho penal, la simulación de un juicio es una práctica muy poco usual en España, más aún si quien la desarrolla no es la defensa de un acusado, sino la acusación, que no tendrá que enfrentarse a las preguntas de ninguna de las partes y si además la encarga a una consultora privada pagada con fondos públicos.

Público ha tratado de obtener la versión de la secretaria de Estado de Infraestructuras, Isabel Pardo de Vera, quien ocupaba la presidencia de Adif cuando se contrató a AJP la simulación del juicio, así como de la actual dirección de Adif. Al cierre de este artículo no había recibido respuesta de ninguno de ellos.

También intentó recabar la versión de la empresa contratista, pero el teléfono que figura en la web de Asesoría Jurídica y Prevención no estaba operativo cuando se redactó esta información, y nadie contestó tampoco a la solicitud de contacto a través de correo electrónico.

Las víctimas sí han respondido. Teresa Gómez-Limón, ex diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid que resultó herida de gravedad en el accidente y que abandonó la formación en 2014 por el ostracismo al que fue sometida tras exigir responsabilidades políticas, se muestra "indignada".

"Si esa información es cierta me parece lamentable,  porque no cabe duda de que la simulación del juicio está pensada para aleccionar a los testigos y para preparar las respuestas de Cortabitarte y de quienes van a declarar a su favor". "Están aleccionando testigos con dinero público", añade Gómez-Limón.

La misma opinión sostiene Nicolás David Piñeiro Pérez, abogado de dos de las víctimas, quien asegura que no tendría otro sentido que Adif contratara la simulación de un juicio "si no es para otra cosa que no sea preparar la declaración de Cortabitarte", quien, recuerda, cuenta con su propia defensa y quien no debería ser aleccionado por otros abogados que no sean los suyos propios. Menos aún de los que se puedan pagar con  el presupuesto de Adif.

"Adif no comparece como acusado ni va a ser interrogado, porque es un ente. Esto es un paso más en el proceso de poner todo el aparato del Estado en contra de las víctimas", sostiene Piñeiro Pérez.

El juicio del Alvia fue suspendido el pasado jueves, después de que la jueza Elena Fernández Currás permitiese no declarar a Cortabitarte, quien el día anterior había sido agredido por el padre de una joven fallecida en el siniestro. La jueza lo anunció después de la declaración del maquinista, una decisión que criticaron los abogados de las víctimas, pues consideran que eso permitirá al exresponsable de Adif preparar su defensa conociendo tanto los datos aportados por Garzón como la estrategia de las acusaciones.

Respuesta de Adif

Tras la publicación de este artículo, Adif se puso en contacto con Público para negar "tajantemente haber realizado cursos a través de una consultora privada para preparar con un juicio simulado el caso Alvia",  y para explicar que el contrato "Proyecto de Juicio Simulado de ADIF-ADIF AV [Alta Velocidad]" se refiere a un "curso de especialización técnico jurídica en prevención de riesgos laborales".

Según la empresa pública ese curso se "imparte hace más de una década" y se organiza en colaboración con "fundaciones, instituciones o universidades externas" o, como en el caso citado, con "consultoras especializadas en riegos laborales" e incluye la simulación de casos prácticos. "Por ejemplo, en 2017, 2018 y 2019 el caso práctico estuvo relacionado con una simulación de accidente de trabajo. En ningún caso esta referido ni a accidentes ferroviarios ni al caso Alvia", añade Adif.

Este diario ha cotejado los contratos menores del administrador ferroviario en la plataforma de contratación del Estado y ha podido comprobar que todas las licitaciones y adjudicaciones referidas a cursos de formación para su personal se encabezan con la palabra "curso" o "formación", nunca como "proyecto de simulación de juicio", que sólo aparece en el contrato de marzo de 2021. Este fue, además el primero que suscribió la empresa pública con Asesoría Jurídica y Prevención en la última década. La licitación fue por 14.999 euros, un euro menos del límite legal para que sea considerado un contrato menor y se pueda adjudicar sin los requisitos normativos más restrictivos de los contratos de prestación de servicios de importe igual o superior a 15.000 euros.

Público también preguntó a la empresa por la necesidad de formar a su personal simulando juicios penales, teniendo en cuenta que quienes comparecen como peritos y testigos en las vistas penales reales están sometidos a la obligación legal de declarar la verdad bajo riesgo de ser acusados de un delito de falso testimonio penado con hasta tres años de cárcel según el artículo 458 del Código Penal español.

"En el mercado hay decenas de ofertas formativas en prevención de riesgos laborales (PRL) sobre juicios simulados; es una práctica absolutamente habitual", responde Adif, que señala que sus proyectos de juicios simulados "pretenden es concienciar de la importancia de la PRL en la actividad diaria a los responsables de la actividad y técnicos de PRL y las implicaciones de su incumplimiento. Estos cursos se completan con estos juicios simulados con el fin de normalizar la testifical y participación en juicios".

Público ha solicitado a Adif el listado de participantes en el juicio simulado del curso de 2021, pero la empresa ha indicado que no puede hacerlo en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. En cualquier caso, Adif ha confirmado que entre ellos no estaba Andrés Cortabitarte.