Los agujeros de la Constitución para cumplir los derechos de los ciudadanos: de la vivienda digna a la educación

"Que nadie piense que la política es inocua". Edmundo Rodríguez Achútegui, magistrado de la Audiencia Provincial de Bizcaia e integrante del Secretariado de Juezas y Jueces por la Democracia, es contundente en su afirmación. Se refiere a que, para que el conjunto de derechos que aparecen reflejados en la Constitución avancen, hace falta un "desarrollo legal". Y eso depende, directamente, de qué tipo de políticas se lleven a cabo desde los distintos Gobiernos.

En la misma línea se ha expresado Gerardo Pisarello, diputado de Sumar y secretario primero de la Mesa del Congreso, en una mesa redonda que ha organizado la coalición en motivo del 45 aniversario de la Carta Magna. "Las mayorías parlamentarias no son suficientes para reformar la Constitución", ha reflexionado, "pero sí lo son para ir más allá en lo que dice la Constitución".

El diputado ha citado, entre otros, el artículo 47 para hablar del acceso de los jóvenes a la vivienda. También ha asegurado que "se puede llevar más democracia a las empresas, como dice el artículo 129", que "se puede reducir la jornada laboral e impulsar el reparto del trabajo como demanda el artículo 30" o "embridar fiscalmente a la banca o las grandes energéticas, como dice el artículo 31".

Así, Pisarello ha puesto ejemplos de algunos de esos agujeros que tiene la Constitución ―porque algunos artículos que anuncian derechos para los ciudadanos no se han llevado a un límite satisfactorio para las fuerzas de izquierdas― y en los que, según sus palabras, deberá abundar la mayoría progresista que, en la actualidad, existe en el Congreso. Más que de una reforma, Pisarello habla de "disputar una interpretación garantista de una Constitución ya existente".

En línea con lo que explica el magistrado Edmundo Rodríguez Achútegui a Público, el secretario primero de la Mesa de la Cámara Baja insiste en que el "reto" de los progresistas es "desarrollar legislativamente las promesas incumplidas de la Constitución".

En conversación con este medio, Naiara Arriola, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Comillas ICADE, hace una especificación importante. "Hay que distinguir entre los derechos que podríamos llamar fundamentales (del artículo 14 al 29 de la Constitución) y el resto". Aquellos que no se encuentran en esa horquilla, "tienen una aplicación mediata y no inmediata".

Se refiere a que funcionan como "una especie de orientación para los poderes públicos". Es el caso del artículo 47 (el derecho a una vivienda digna), por ejemplo. La profesora también coincide con Rodríguez Achútegui en que el alcance de la aplicación del artículo dependerá de lo que entiendan los poderes públicos.

Un principio similar se puede aplicar al punto cinco del artículo 27: "Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación". La profesora explica que el lenguaje amplio propio de los textos constitucionales puede llevar a preguntas. Las esenciales, en este campo, podrían ser las siguientes: ¿hasta qué edad consideramos que hay que garantizar la educación? ¿Entra, también, la universidad? ¿Qué mecanismos tienen que garantizar esa educación?

De nuevo, la respuesta está en el desarrollo legislativo y en el perfil político del Gobierno que ocupe La Moncloa en cada momento.

"Hay momentos de más desarrollo que otros"

"Hay momentos", amplía Rodríguez Achútegui, "en los que ese desarrollo legislativo da muchos pasos adelante y otros en los que da menos". Pone, como ejemplo, la ley de vivienda. "Los avances en el tope a los alquileres o la facilitación de la promoción pública están enfadando a varios sectores del conservadurismo y el empresariado", remata el magistrado, que entiende dicha ley, fuera de toda duda, como un desarrollo ―o una ampliación― del artículo 47 de la Constitución.

Este miércoles, día 6 de diciembre, las Cortes Generales celebrarán el 45 aniversario de la Constitución. Lo harán entre las críticas, sobre todo, de la izquierda que representan Sumar, ERC, EH Bildu o el BNG, que consideran que el desarrollo en los artículos que defienden los derechos de los ciudadanos debería ser más profundo. Algunos de ellos ni siquiera acudirán al acto.