Más de veinte autobuses han llegado a primera hora de la mañana a Madrid en el "día clave" para Alcoa. Trabajadores de las fábricas de Galicia y Asturias se han desplazado hasta la capital para reclamar ante el Ministerio de Industria que impida el cierre de sus centros de trabajo. En juego están 686 puestos de un sector estratégico para el país. Los ánimos no flaquean y están decididos a continuar con su lucha, pero reconocen que vuelven a sus casas tal y como han venido: el Gobierno y la empresa no han llegado a ningún acuerdo y el Ministerio sigue sin dar una respuesta y se encuentra en el 'no' ante una intervención. 

"Alcoa se defiende luchando", gritaban alrededor de las centenares de personas concentradas  este martes. Esta semana es decisiva: hoy se ha reunido el Ministerio con los comités de empresas. Un encuentro que se ha celebrado hora y media antes de la reunión con la empresa. Sin embargo, el Gobierno no ha movido ficha. El presidente del comité de empresa de la planta de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, critica que no han sacado "absolutamente nada” en claro. "Son muy distantes. Si Alcoa no cede, el Gobierno puede dejarnos caer. Ellos tienen las herramientas para hacer que Alcoa mantenga la actividad. Es su responsabilidad", explica a Público.

Durante esta semana están previstas más reuniones entre los representantes de los trabajadores, el Ministerio de Industria, sindicatos, partidos políticos administraciones autonómicas y locales. Son los últimos días del periodo de consultas para la negociación del ERE que finaliza el día 15 de enero. En este tiempo, los trabajadores continuarán con las movilizaciones en las sedes de las plantas y en las ciudades. Pero las reuniones de este martes no apuntan a un acuerdo: la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha pedido a la multinacional que "se replantee el cierre de las plantas", pero los trabajadores denuncian que Alcoa se ha cerrado en banda a cualquier negociación desde el principio. 

De la Uz explica que la principal propuesta del Gobierno con la multinacional es la venta de las dos fábricas. Pero si Alcoa no cede, no tienen alternativas al menos que el Ministerio se retracte e intervenga. Las posibilidades de un cambio no son muchas: desde el grupo confederal de Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea preguntaron al Ejecutivo si barajaban la participación pública en Alcoa. La ministra de Empleo, Magdalena Valerio, lo rechazó alegando que "no somos un país comunista". Yolanda Díaz recuerda que esta no ha sido la única diferencia ante las peticiones de política industrial. "Hay razones ideológicas detrás de esto: se han rescatado autopistas, se interviene con normalidad en otros países como Francia e Italia. Defender este sector es defender nuestra política industrial y nuestra Constitución", señala a Público. 

"La urgencia es paralizar el cierre de las fábricas"

Los colectivos implicados en esta lucha reconocen que hace falta una política industrial para el sector. Denuncian la dejadez del Gobierno durante años y que el PSOE no ha cambiado nada desde que llegó a la Moncloa. Sin embargo, mientras se continúa con este reclamo, la urgencia es paralizar el cierre de las plantas de A Coruña y Avilés.

Uno de los puntos más importantes que destacan es que los cierres provocarían el abandono del sector ya que revertir la situación implicaría un coste millonario. "Una vez que las cubas de aluminio dejan de tener energía, se solidifican y quedan inutilizadas. Si la empresa decide cortar el contrato, las cubas se convierten en un trozo sólido e inútil de aluminio. Sólo valen para el desguace. Esta es la diferencia con otras empresas que se paran y pueden volver a arrancar la producción a los seis meses. Con el aluminio no se puede hacer esto", explica a Público el ingeniero industrial José Bembibre.

"Una vez que las placas están inutilizadas ya hay una justificación para acabar con la producción. El coste para poner las cubas en funcionamiento es estratosférico y no es rentable. Si se paran, no habría vuelta atrás", insiste Bembibre. 

Expertos y trabajadores rechazan la pérdida de beneficio

La empresa justifica el cierre de las plantas por pérdidas en las actividades de extracción de bauxita, producción de alúmina y aluminio. Según el comunicado difundido por la multinacional "las plantas de Avilés y La Coruña se encuentran afectadas por problemas estructurales productivos y tecnológicos como su menor capacidad de producción, una tecnología menos eficiente y elevados costes fijos". El texto también indica que en los dos últimos años se han generado "pérdidas significativas" que "previsiblemente continuarán". 

No hay informes públicos de la multinacional sobre los beneficios concretos de estas dos plantas ya que no tiene obligación de publicarlos. Público ha intentado contactar con la empresa para obtener más información sobre estos datos pero no ha habido ninguna respuesta a lo largo del día. Los trabajadores aseguran que Alcoa "miente" y aseguran que las fábricas dan beneficios aunque la empresa está dispuesta a "echar a la calle a tantos trabajadores por ganar más". En este sentido, la diputada de En Marea, Yolanda Díaz, denuncia que la multinacional no va a perder "el monopolio del aluminio", sólo va a producirlo en otro país. Bembibre coincide en esto y, además, apunta que tampoco se resolverá el problema con el CO2: "no desaparece, sino que se lleva a otros sitios como Arabia Saudí donde se produce más CO2 para la misma cantidad de aluminio ya que no tienen problemas en quemar gasoil. Es lo que llaman la migración del CO2 ya que no sólo se deslocaliza la producción, sino que también se producirá más". 

Los informes generales de Alcoa sí señalan un punto relevante en sus cuentas. Desde En Marea aseguran que según los datos ni en este trimestre ni en 2017 hubo pérdidas, sino una reducción de beneficios netos en línea con la evolución de 2017, que sí terminó en beneficios de 119 millones de dólares. Mientras que en este trimestre se han destinado 160 millones a "transferir sus obligaciones futuras en planes de pensiones en EEUU y Canadá a compañías de seguros y reducir así 'sus riesgos' mediante este pago anticipado". 

Además, los trabajadores denuncian que "los problemas estructurales productivos y tecnológicos" que alega a la empresa son exclusiva responsabilidad de Alcoa que no ha invertido en la renovación de las plantas durante estos años, a pesar de las subvenciones recibidas del Gobierno que se estiman en 1.000 millones de euros en los últimos diez años. 

Otra política industrial frente a la privatización

EL grupo confederal de Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea ha estado implicado en esta lucha desde que la multinacional anunció el cierre de las fábricas. Dirigentes de las organizaciones han acompañado a los trabajadores en las jornadas de lucha: "Se va a continuar consumiendo aluminio. Ha habido 1.000 millones de subvención pública a Alcoa en esta década. Lo lógico es que este dinero público revierta en la gente y el aluminio se siga produciendo aquí", explica a Público el coordinador general de IU en Asturias, Ramón Argüelles. 

El diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, también denuncia que este caso es "consecuencia" de "las privatizaciones y de la nula política industrial". Como señala Rodríguez, el sector del aluminio se privatizó hace veinte años por el Gobierno de José María Aznar quedándose en manos de la multinacional estadounidense. "Se comprometieron unas inversiones que no se han cumplido. Y ahora, después de veinte años de subvenciones públicas, no se quieren sentar con nadie a negociar y quieren dejar a 700 familias en las calles", denuncia. Frente a esto el diputado incide en que la fórmula para revertir estas consecuencias es avanzar en una política que mantenga la actividad industrial, garantice el empleo y "un precio de la energía justo". "Necesitamos una tarifa estable y justa para los hogares y las empresas. No puede ser que otros países de la UE pacten precios con una previsión de diez años consiguiendo estabilidad para la inversión mientras que aquí cada seis meses sale una subasta. Así no hay quien invierta ni mantenga una actividad industrial decente", apunta el diputado. 

Para que se cumplan estos tres vectores, desde Podemos explican que es necesario una intervención estatal. "Esto lo hace Italia y Francia. No debemos tener miedo a hacerlo porque es cumplir con la Constitución Española", insiste Rodríguez.