Lo que el Gobierno y su vicepresidenta segunda consideran una hito "histórico", la reforma de la legislación laboral que según CCOO y UGT situará a España en la vanguardia progresista de la UE y que según el presidente de la patronal, dará al Estado español "estabilidad, seguridad jurídica y una imagen impecable" ante Bruselas, no ha tenido una acogida demasiado calurosa entre la izquierda nacionalista de Galicia, la tierra de Yolanda Díaz. Todo lo contrario.

Para el principal partido de la oposición gallega y para el primer sindicato del país, la reforma auspiciada por la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, la que tiene la mejor valoración ciudadana en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, es sencillamente, y lejos de los calificativos anteriores, un bluf.

Según Ana Pontón, portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG), la reforma de Díaz es "decepcionante", "un parche que deja intacta la reforma laboral del PP", "una claudicación ante la patronal y ante los intereses de Bruselas", "propaganda", "un lavado de cara" que no soluciona los problemas estructurales del mercado laboral, ni la pérdida de derechos, ni la "dramática tasa de paro juvenil", ni los bajos salarios "que están haciendo que muchos y muchas trabajadoras, sobre todo la gente joven, tengan como máxima aspiración ser mileuristas".

Pontón dio este repaso a la nueva legislación el pasado lunes, cuatro días después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara el real-decreto ley de medidas urgentes para la reforma laboral. El BNG y la Confederación Intersindical Galega (CIG) se reunieron ese día para analizarlo y se despacharon contra él en una rueda de prensa conjunta.

Pontón y Díaz coincidieron durante poco más de tres años en el Parlamento de Galicia. Fue poco antes de que la primera se hiciera con el mando del BNG y de que la segunda obtuviera su escaño en el Congreso. Alimentaron una relación cordial, que no estrecha, que aún hoy mantienen. Sus figuras han ido creciendo en paralelo, a la vez que aumentaba también la distancia política que las separa.

La coalición que renovó a Díaz en el Congreso en el 2109 se quedó sin representación en el Parlamento de Galicia en el 2020, dejando a Pontón un enorme espacio político en el que puede aparecer de un lado como la cabeza visible de la oposición a Feijóo y al PP, y de otro, como la alternativa al desencanto del Gobierno progresista de PSOE y Unidas Podemos.

"Hoy, con el consejo de ministros y de ministras más progresista de la historia, despedir sigue siendo igual de fácil e igual de barato que cuando gobernaba Mariano Rajoy", escribía Pontón en Público el mismo día en que el BOE publicaba la contrarreforma laboral.

Es cierto que la nueva normativa desmonta parte de la legislación promovida por el PP: recupera la ultraactividad de los convenios colectivos –siguen vigentes si no hay otros nuevos cuando expiran– y la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa; limita la temporalidad y la subcontratación; y extiende las fórmulas de protección de las trabajadoras a través de los expedientes de regulación temporal de empleo (Ertes) que funcionaron durante la emergencia sanitaria. Sin embargo, muchas de las medidas más lesivas de la reforma del PP siguen en vigor.

Para Paulo Carril, secretario general de la CIG, la norma de Díaz no ha puesto coto al abaratamiento del despido y configura un mercado laboral con despido casi libre "por la facilidad que el empresariado tiene para llevarlo adelante". Además, consolida un marco de contratación "de permanente temporalidad, eventualidad e inseguridad laboral", mantiene "el poder absoluto de la patronal a la hora de tomar decisiones sobre despidos y modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo", y limita la prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales, "que se han demostrado como una herramienta fundamental de la clase trabajadora".

"Si la reforma del 2012 era mala, esta es aún peor", sostiene Carril, quien advierte de que ni siquiera es verdaderamente fruto del diálogo social dado que el Gobierno ha dejado al margen del acuerdo a las centrales nacionalistas mayoritarias en sus respectivos territorios. Su sindicato, con más de 4.500 delegados y delegadas en Galicia –UGT y CCOO no alcanzan los 4.000–, no fue llamado a participar en las negociaciones.

La mayor amenaza ahora para que la reforma de Díaz pueda salir adelante en su trámite parlamentario viene de los socios nacionalistas del Gobierno. En un reciente artículo en Público, el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, alertaba de que el Ejecutivo había "primado la foto de un falso 'consenso social' sobre los contenidos de la propia reforma". "Yolanda Díaz ha priorizado la firma de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) frente a la posibilidad de apostar por la derogación de la reforma laboral en su integridad con la mayoría política de la investidura", decía.

Vista la postura de Bildu, la CIG y el Bloque creen posible formar un "frente común", en palabras de su diputado en el Congreso Néstor Rego, que incluiría también a ERC, para forzar al Ejecutivo a aceptar una legislación más ambiciosa que derogue por completo la reforma del PP. "El decreto del Gobierno va a suponer la decepción y frustración de muchas trabajadoras que confiaron en las fuerzas progresistas", señala. "El BNG no está dispuesto a asumir la no derogación de la reforma", añade Rego.

Ese escenario de conflicto puede convenir a Pontón, porque en cierta medida le atribuye una imagen combativa similar a la que Díaz se ha ganado en el Gobierno: si es Unidas Podemos quien empuja al Ejecutivo de coalición a tomar medidas progresistas, sería el nacionalismo progresista la garantía última de que Unidas Podemos y PSOE cumplen sus promesas electorales.

La versión de Unidas Podemos es que el BNG juega a diseñar la imagen pública de Pontón, y creen que la reforma saldrá adelante en el Congreso aún sin el voto del nacionalismo gallego. "Estoy seguro de que en el marco del diálogo con las fuerzas progresistas, se acercarán posturas con ERC y Bildu, que han apoyado al Gobierno trabajando desde sus legitimas diferencias para mejorar las normas", afirma Antón Gómez Reino presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso y secretario general de Podemos Galicia.

Gómez Reino defiende que por primera vez en cuarenta años de democracia en España "se ha invertido la correlación de fuerzas y son los y las trabajadoras las que ganan derechos". "Pasamos de reformas que legitimaban la precariedad a una que la combate con todos los instrumentos al servicio del Estado; pasamos de reformas regresivas a la orden de la patronal y las grandes empresas a una ideada para combatir la precariedad", subraya.

El diputado y compañero de candidatura de Yolanda Díaz responde a las críticas del nacionalismo gallego con dureza, poniendo en evidencia que el enfrentamiento entre la vicepresidenta y la líder del Bloque está servido: "Lamentablemente el BNG lleva toda la legislatura votando ya no sólo al margen de los grupos del Gobierno, sino de sus teóricos socios como Bildu y ERC".

"El BNG ha decidido posicionarse contra el Gobierno al margen del conjunto de fuerzas progresistas en todas las normas sociales, para ubicarse, extrañamente, junto a las derechas, PP y Vox. En todo caso, quien vote contra esta reforma y apoye continuar con las normas laborales del PP tendrá que explicar a los trabajadores por qué lo hace", concluye.