Anticorrupción pide siete años para Granados y que testifique Aguirre en el juicio por la caja B del PP de Madrid

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre y su sucesor, Ignacio González, sean llamados como testigos en el futuro juicio al exconsejero madrileño Francisco Granados por delito electoral en los comicios autonómicos de 2011.

La semana pasada, el juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, acordó en un auto la apertura de juicio oral por estos hechos para Granados, el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez y otros seis acusados más.

A ambos se les atribuye un presunto delito electoral en su modalidad de falseamiento de cuentas, y a Granados, además, prevaricación y tráfico de influencias en concurso con malversación. La Fiscalía Anticorrupción considera que son máximos responsables de la presunta caja B del partido a nivel regional.

Delitos por los que Granados se enfrentará a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de siete años y diez meses de prisión y al pago de una multa de 284.000 euros, mientras que la pena de cárcel que solicita para Beltrán Gutiérrez es de tres años y medio, según el escrito de acusación de la Fiscalía.

Al decretar la apertura de juicio oral, el magistrado rechazó la petición de Anticorrupción de declarar a Aguirre y a González partícipes a título lucrativo por los beneficios que pudieran haber obtenido del delito electoral del que se acusa únicamente a Granados y a Gutiérrez.

Sobre la propuesta de testigos para el juicio que le hizo Anticorrupción, García Castellón no se pronunció y previsiblemente será la Sala a la que corresponda juzgar estos hechos la que determine la prueba a practicar en la vista oral cuando decida señalarla.

El pasado noviembre, la Audiencia Nacional avaló la decisión de García Castellón de archivar esta pieza, la número 9 de Púnica, para Aguirre y González, al confirmar el auto por el que en octubre de 2022 propuso juzgar a Granados y a los otros siete investigados por la presunta financiación irregular del partido en las elecciones autonómicas de 2011 y contratos de posicionamiento online de altos cargos.

El magistrado les dejó fuera de la causa, en sintonía con el criterio de Anticorrupción, fundamentalmente debido a la prescripción y a la falta de indicios sólidos. Un año antes, el juez ya había decretado el archivo para la también expresidenta Cristina Cifuentes.

De este modo, tras una década de investigación desde que estallara la operación Púnica en 2014, de los 79 imputados por presunta financiación irregular del PP de Madrid entre 2007 y 2011, el magistrado solo vio indicios para sentar en el banquillo a ocho.

Los delitos de falsedad electoral vinculados a las elecciones autonómicas de 2007 y 2008 estarían prescritos, por lo que solo se juzgará el relativo a 2011.