@e_bayona

ZARAGOZA.- Aragón inicia los trámites para penalizar en sus concursos a las empresas con intereses en paraísos fiscales y territorios offshore. Las Cortes han aprobado por unanimidad este jueves una resolución por la que acuerdan pedir a la Junta Consultiva de Contratación un informe sobre las cláusulas a incluir en los futuros pliegos de condiciones de los concursos con esa finalidad.

Esas cláusulas de garantía de la transparencia pública serán “inmediatamente” introducidas en un reglamento para aplicarlas como “requisito previo” y “como elementos de valoración” previos a la adjudicación, de manera que se vean favorecidas “aquellas empresas que cumplan correctamente con sus obligaciones fiscales”, o como “una obligación en las condiciones de ejecución”. Es decir, que el hecho de no operar en paraísos fiscales supondrá en la práctica una prima a la hora de optar a un contrato y de ejecutarlo.

Si el informe de la junta lo avala, los pliegos para optar a los contratos de la comunidad autónoma especificarán que las “empresas que tributan en paraísos fiscales no concurren en igualdad de condiciones” a los concursos –todos los grupos coincidieron en señalar que es una opción ventajista por el bajo nivel impositivo de esos territorios- y les obligarán a informar sobre su actividad en zonas offshore. Concretamente, deberán identificar a cada una de sus filiales en ellas y especificar su actividad, el número de empleados, la cifra de negocios, sus resultados, los impuestos pagados y las subvenciones recibidas.

Propuesta al Gobierno central para que lo regule en una ley básica

La resolución insta también al Gobierno de Aragón a dirigirse al ejecutivo central para instarle a que regule en la legislación básica “la exclusión de la contratación pública a empresas con amplia presencia en paraísos fiscales sin actividad económica que lo justifique” y, paralelamente, a favorecer a las sociedades “que presentan un mayor nivel de responsabilidad fiscal”.

Aragón se convierte con esta propuesta, presentada por Podemos y matizada con aportaciones de PSOE y PP, en la comunidad autónoma pionera en esta iniciativa, que sí han aprobado ayuntamientos como el de Castellón y que otros como el de Alicante estudian aplicar.

Su puesta en marcha supondría un importante cambio en el régimen de contratación, ya que las principales empresas españolas poseen filiales en paraísos fiscales y territorios offshore. Las 35 del Íbex triplicaron su presencia en ellos durante la crisis hasta sumar 891 delegaciones a finales del año pasado, mientras crece a un ritmo vertiginoso la evasión de fondos hacia esos territorios.

“Tal vez estamos redefiniendo el concepto de patriota”

Todos los grupos parlamentarios mostraron su apoyo al fondo de la propuesta, aunque algunos, como Cha, C’s y el Par, mostraron dudas acerca de que las competencias formales de la comunidad para aplicarla. “Cualquier político que no estuviera de acuerdo con esto rozaría la falta de ética”, dijo el nacionalista Gregorio Briz. “¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con una iniciativa que es ética y estética?”, se preguntó retóricamente Javier Martínez, de C’s.

Marta Santos, de Podemos, sostuvo al defender la propuesta que su objetivo es “favorecer a los empresarios que sí tributan aquí”. “Tal vez estemos tratando de redefinir el concepto de patriotismo”, añadió, tras indicar que la inclusión de estas exigencias en los pliegos de los concursos debe ser considerada una cláusula social. “Las empresas que no tributan pueden hacer ofertas más ventajosas”, señaló.

Por el PSOE, Miguel Sancho mostró el “acuerdo” de su grupo a “la prohibición de contratar con determinadas empresas”, tal y como reclaman oenegés como Oxfam, mientras que por el PP Yolanda Vallés dijo que “compartimos los objetivos, aunque dudamos sobre la efectividad y la legalidad de las medidas” propuestas inicialmente.