El futuro de Ence levantaba grandes disputas entre los trabajadores de la empresa y las asociaciones en defensa de la Ría. Hoy, la Audencia Nacional ha estimado un recurso Ayuntamiento de Pontevedra y el grupo ecologista Greenpeace contra la prórroga de 60 años concedida a una planta de pasta de celulosa de la empresa Ence.

La prórroga, concedida en 2016 por el Gobierno de Mariano Rajoy, permitía que la empresa ocupara por un periodo de 60 años una superficie de 373.524 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre, en  En ese terreno, la empresa Ence tenía una fábrica de pasta de celulosa Kraft entre las localidades de Pontevedra y Marín, en la región de Galicia, informa Reuters.

"La Sala considera que Resolución de 20 de enero de 2016 de la Directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por delegación de la Ministra, no justifica, como exige la Ley de Costas, que la papelera, por su naturaleza, no pueda tener otra ubicación".

"(Las instalaciones de Ence) pueden situarse en las proximidades, pero fuera de dominio costero, en las proximidades de los ríos o de grandes masas de agua", indica una nota de prensa en la que se resume la sentencia.

Ence recurre la decisión ante el Tribunal Supremo

La papelera gallega, que tras difundirse la decisión judicial cayó un 9% en bolsa, ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra las sentencias de la Audiencia Nacional. 

Así se expresa Ence en una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras recibir la notificación de las dos sentencias que estiman los recursos contencioso-administrativos interpuestos por el Ayuntamiento de Pontevedra y por GreenPeace España contra la resolución de 2016 por la que se acordó la prórroga de la concesión por 60 años, informa Servimedia. 

A este respecto, la compañía señala que "desde el respeto absoluto a las decisiones de la justicia, quiere poner de manifiesto su desacuerdo con esta decisión del tribunal, tal y como demuestran estudios independientes como los de la ingeniería Idom".

Además, defiende la validez de la prórroga de esta concesión, de la que dependen más de 5.100 familias en Galicia de forma directa e indirecta.

Además, Ence se comprometió a desarrollar un programa de inversiones en Galicia por otros 47 millones de euros, y a implementar un plan social en Pontevedra de 3 millones al año durante los 60 años de concesión.

Por todo ello, advierte de que "la sentencia de la Audiencia Nacional supone un duro golpe para el empleo y la economía de toda Galicia" y recuerda que la planta dispone de una plantilla fija de 400 empleados a los que se unen 2.700 puestos de trabajo de contratistas del área industrial, logística y del transporte.

Adicionalmente, indica que otros 2.100 empleos del sector forestal de Galicia dependen directamente de la actividad de Ence-Pontevedra, por lo que en total el cierre afecta a más de 5.100 empleos, a los que se suman las cerca de 200.000 familias productoras forestales del norte de España, que también se verían afectadas por el cese de la actividad de esta planta y la consiguiente caída de la demanda.

Por último, afirma que la planta cumple "sobradamente" con toda la legislación ambiental y, con su actividad, promueve la utilización de celulosa, un material reciclable, biodegradable y sustitutivo de los derivados del plástico.