MADRID.- El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha las labores de auditoría de la deuda municipal sobre el gasto financiero que asume la corporación y cuyos resultados serán sometidos a mecanismos de participación ciudadana para determinar qué conceptos son "legítimos" o "ilegítimos", lo que influirá en la futura acción de Gobierno municipal.

Así lo ha explicado el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Municipal para avanzar el inicio de uno de los principales compromisos del programa de Ahora Madrid.

Sánchez Mato ha explicado que esta labor corresponderá a la recién creada subdirección general de Auditoría de la Audiencia de Deuda y Políticas Públicas y habrá también colaboraciones "puntuales" de expertos e instituciones académicas (como puede ser el caso de la profesora de Economía de la Complutense Bibiana Medialdea), de cara a completar de forma externa el grueso del trabajo que realizarán el personal municipal.

A su vez, ha aclarado que ha arrancado una fase inicial pero que el proceso será "largo" porque hay documentación "ingente", recalcando que no se analiza sólo el pasado sino también a la etapa actual. "Requerirá tiempo", ha insistido el delegado, que no ha podido concretar el plazo de culminación de la auditoría, aunque se estima que sea "muy superior" a un año.

El responsable de Economía y Hacienda del Ayuntamiento ha dicho que esta auditoría será una herramienta para analizar la gestión de los servicios y su impacto en las políticas públicas, para luego ofrecer la información técnica y conclusiones al ciudadano para que se pronuncie sobre dicho gasto público.

Uno de sus objetivos es el análisis del gasto y los costes financieros del Ayuntamiento de Madrid, incluyendo la contratación que realiza el Consistorio, para determinar aspectos "más allá" de la labor de la Intervención Municipal. En este punto, el delegado de Hacienda ha explicado que se mostrará no sólo lo que puede ser "ilegal" sino también lo "ilegítimo".

En este punto, Sánchez Mato ha indicado que los mecanismos de participación para realizar la consulta de las conclusiones de la auditoría aún no están concretados, aunque se ha referido a las Juntas de Distrito como uno de los cauces donde se fomente la participación de los madrileños.

A su vez, ha asegurado que el proceso de participación será "vinculante" y que será la gente la que tenga que decir, por ejemplo si quiere que el Ayuntamiento tenga "edificios alquilados con enormes precios". "Eso lo someteremos a política pública a través de la auditoría", ha insistido.

Impacto sobre la ciudadanía

Otro caso que ha mencionado son las cláusulas suelo que aparecen en determinados contratos, conocidas como swaps, como objeto de esta auditoría y que a su juicio incluyen en "altas dosis de ilegitimidad". En consecuencia, se ha aprobado poner en marcha este mecanismo de "transparencia" en cumplimiento también de lo acordado en el Pleno municipal del 22 de julio.

Así, la filosofía de esta auditoría será evaluar la actividad municipal en función de su "impacto" sobre la ciudadanía, emprender un trabajo técnico y de difusión de los campos de la deuda para que los madrileños puedan formar parte de su elaboración, unido a los procesos democráticos sobre sus conclusiones.

El delegado de Economía y Hacienda ha indicado que el actual equipo de Gobierno municipal entiende la auditoría como una forma de "hacer política" y exponer al conjunto de la ciudadanía madrileña las características de la deuda, pues cree que con mecanismos "democráticos" y ver si la gente decide "actuar" contra determinadas partidas que no considera ilegítima.

En este aspecto, ha indicado que el nuevo Ayuntamiento tiene como prioridad dedicar el gasto a políticas para los ciudadanos, que es "lo primero", y ha recordado que la deuda municipal llegó a alcanzar en su momento "más álgido" los 8.000 millones de euros. La auditoría será de carácter integral e incluirá análisis del impacto financiero, económico, social, de género y medioambiental de las actividades municipales fiscalizadas.