Illes Balears se ha convertido este martes en la primera comunidad que decide prescindir de un organismo público contra la corrupción. El pleno del Parlament ha aprobado con los votos a favor de PP y Vox la nueva Ley de creación del registro de transparencia y control del patrimonio y de las actividades de los cargos públicos. En la práctica, este texto supone la liquidación en un plazo de seis meses de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción.

La aprobación de la norma conlleva la suspensión automática del cargo de director, hasta ahora ejercido por Tòfol Milan, que ha acudido a la sesión plenaria. El PP y Vox alcanzaron el pasado mes de junio un acuerdo para investir a Marga Prohens a cambio de cerrar el organismo. La derecha y la extrema derecha consideran que la entidad supone un gasto "superfluo" e "innecesario" para las cuentas autonómicas. 

La Oficina Anticorrupción fue impulsada por Unidas Podemos durante el primer gobierno de la coalición de izquierdas que lideró la socialista Francina Armengol. El organismo surgió con el objetivo de prevenir e investigar los posibles casos de uso o destino fraudulento de los fondos públicos. El PP y Vox dejaron el ente público sin financiación durante los dos últimos meses, mientras tramitaban su cierre definitivo. 

El PSOE balear ha criticado que el Govern se convierta en juez y parte al mismo tiempo y estudia la posibilidad de recurrir la norma al Tribunal Constitucional (TC). Los socialistas han acusado al PP de actuar "por venganza" y han alertado de que la nueva norma va más allá de la eliminación de la Oficina Anticorrupción. El texto también suprime el régimen sancionador, incrementando la sensación de "impunidad total", según ha defendido la formación. Con estos cambios, las declaraciones de bienes de los cargos públicos del Govern pasarán a ser "secretas".

El portavoz adjunto del PSIB-PSOE, Marc Pons, ha lamentado que, con el cierre de la oficina, no habrá "ninguna institución que haga investigación e inspección". El socialista ha recriminado que PP y Vox "pasarán a la historia por la involución democrática, la pérdida de transparencia y la falta de compromiso en la lucha contra la corrupción". El PP ha tirado de ironía y se ha referido al organismo como la "oficina socialista de persecución de la oposición". 

Durante el debate de las enmiendas a los Presupuestos de Balears del año pasado, los populares argumentaron que, a su juicio, la Oficina Anticorrupción no había generado "ningún resultado destacable". El pleno ha rechazado este lunes solicitar, como pedía Més per Menorca, un informe al Consell Consultiu en relación a la custodia de los expedientes actualmente en manos del organismo, que superan los 200.