La búsqueda de apoyos a favor de una nueva política penitenciaria tras el final de ETA llega a Madrid

Tejer complicidades, atar apoyos y resolver incertidumbres. Casi dos años y medio después de la disolución de ETA, el Foro Social Permanente –una organización que trabajó a favor de ese final y que ahora busca abrir vías para cerrar asuntos aún abiertos– se desplazará este jueves a Madrid para tratar de impulsar nuevos pasos que hagan fuerte el reclamo de otra política penitenciaria para el nuevo tiempo que vive Euskadi. Lo harán mediante una conferencia en la que se analizará, precisamente, lo que ha cambiado y lo que aún hoy sigue igual.

"Queremos generar una corriente de opinión democrática favorable a ese cambio en la política penitenciaria", resume antes de partir a Madrid el portavoz del Foro Social, Agus Hernán. Este jueves a las 16.00 estará en el Espacio Ecoo de la capital, lugar elegido para el encuentro impulsado por esta organización civil vasca con la colaboración del Foro de Abogados de Izquierda, el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) y el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé De Las Casas de la Universidad Carlos III.

En el encuentro habrá voces reconocidas, como la de José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, quien estará a cargo del discurso de apertura. En la primera mesa redonda, que analizará "cómo transitar de una política de excepcionalidad a una política penitenciaria normalizada" y será moderada por Hernán, participarán Silvia Ribotta, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Carlos III; Javier Mira Benavent, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valencia; Xabier Etxebarria, abogado y profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid, y la abogada Amaia Izko.

La siguiente mesa, convocada bajo el título "Valores democráticos y sistema penitenciario español, una nueva era", tendrá como ponentes a Marta Vicente, integrante de Jueces para la Democracia; Daniel Amelang, de la Asociación Libre de Abogados, y Marta Urbano, de SISEJ. La moderación estará a cargo de Juanma Moreno, del Foro de Abogados de Izquierdas.

"Tras las declaraciones aprobadas en el ayuntamiento de Barcelona en 2018 y en el Parlament de Catalunya en febrero de este año, anunciamos que el objetivo era Madrid, porque éramos conscientes de las incomprensiones en el Estado español en torno al nuevo escenario", relata a Público el portavoz del Foro Social. De ahí precisamente el encuentro de este jueves, que en realidad estaba previsto para marzo pasado. La pandemia y el consiguiente estado de alarma obligaron a posponerlo.

En ese contexto, el Foro Social llevará a Madrid los datos actualizados del "Observatorio de la política penitenciaria aplicada a presos y presas condenados por delitos de motivación política", cuya presentación correrá a cargo de Aitzol Asla, miembro del Decanato del Colegio de la Abogacía de Bizkaia. Hernán resume la situación en una frase: "No estamos en los tiempos del inmovilismo de Rajoy, pero todavía falta. Hay presos en cárceles del Levante, Andalucía o Galicia, y más de 40 están en aislamiento".

Según datos aportados por Etxerat (asociación de familiares de presos de ETA), a día de hoy existen 195 presos en cárceles españolas. De ellos, el 74% está en prisiones situadas a más de 400 kilómetros de sus domicilios. Además, 144 presos continúan en primer grado, 42 se encuentran clasificados en segundo grado y siete en tercer grado. A 12 de ellos se les han concedido permisos de salida.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha acercado a 63 reclusos desde que accedió a La Moncloa en 2018, aunque de acuerdo a los datos de Etxerat solo hay ocho en cárceles vascas. "Se dan avances, pero estamos lejos de la reintegración definitiva", sostiene Hernán.

"Lobby de presión"

En ese contexto, el Foro Social Permanente alertó hace unos días sobre la existencia de "un lobby de presión muy importante, anclado en lógicas del pasado y que pretende condicionar los pasos a dar en estas cuestiones, especialmente las políticas institucionales, pero también las resoluciones judiciales o administrativas que, ajustadas a la legislación penitenciaria ordinaria, facilitan procesos como la progresión de grado con el objetivo de la reintegración plena de las personas presas".

La organización vasca advirtió que ese lobby "reúne a agentes políticos, asociativos, mediáticos, sectores de víctimas de ETA organizadas y sectores de la fiscalía y la judicatura", movidos por "intereses diferentes". "Cada uno desde su lugar, están intentando obstaculizar el proceso de reintegración de los presos que están en segundo grado y tercer grado", añade Hernán. De todo eso se hablará este jueves en Madrid.