"Habrá que ir paso a paso", advirtió el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, para referirse al comportamiento de su formación en el Congreso en lo relativo a los apoyos al Gobierno de coalición. Estas palabras fueron pronunciadas en una entrevista en TV3 dos días después del estallido del caso Pegasus, del que se cumplen dos meses este sábado.

La publicación del estudio de Citizenlab en la revista The New Yorker acerca del espionaje a más de 65 líderes y activistas independentistas a través del programa Pegasus abrió una brecha entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès que, lejos de cerrarse, se hace cada vez más latente, poniendo en riesgo la estabilidad de los apoyos brindados durante los dos primeros años de legislatura.

Transcurridas nueve semanas desde el estallido del escándalo político, y aunque este asunto a priori ha quedado diluido en las últimas semanas en el Congreso por otros asuntos de actualidad, como la inflación o las elecciones andaluzas, sus consecuencias se siguen palpando en las negociaciones y votaciones de las distintas iniciativas al mismo tiempo que la solución no parece acercarse. "Las relaciones están muy tocadas", comentan fuentes parlamentarias de ERC. "Se ha seguido trabajando y dialogando", trasladan desde el ala socialista. 

Varios han sido los gestos que desde el Gobierno se han hecho en aras de calmar las aguas, unos pasos que los independentistas han catalogado de "insuficientes", además de considerar que todavía "no se han depurado todas las responsabilidades" y se ha impedido la creación de una comisión de investigación en el Congreso hasta en dos ocasiones. Entre tanto, la anunciada reunión entre Sánchez y Aragonès sigue sin producirse y sin fecha.

Comparecencias y explicaciones "insuficientes"

Ningunos de estos gestos han superado las expectativas que ya de entrada eran mínimas. En primer lugar, los anuncios del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tras su reunión el pasado 23 de abril con su homóloga de la Generalitat catalana, Laura Vilagrà, no tuvieron buena acogida. Después de aquella cita relámpago, Bolaños comunicó un control interno del CNI, planteó la constitución urgente de la Comisión de Secretos Oficiales en la Cámara Baja con todos los grupos parlamentarios y una investigación sobre el espionaje en el seno del Defensor del Pueblo.

Apenas cuatro días después, la Comisión de Secretos Oficiales quedó constituida, una cuenta pendiente arrastrada desde el inicio de la legislatura. Esto fue posible por la propuesta de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de rebajar las mayorías necesarias para impedir los vetos de la derecha a la entrada de diputados independentistas a dicho órgano parlamentario.

Otra novedad relacionada con el caso echó más leña al fuego: los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles también fueron espiados por el programa Pegasus. A esta lista se sumó más tarde el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Con todo, el 5 de mayo, la entonces directora del CNI, Paz Esteban, reclamada por la comisión, compareció a puerta cerrada. Como resultado, las tensiones se multiplicaron después de que la máxima autoridad del servicio de inteligencia desvelara que el organismo investigó a 18 personas con autorización judicial, incluido el president de la Generalitat, pero se desmarcó del resto de espiados fiscalizados por el laboratorio canadiense.

Asimismo, un día antes de dicha cita parlamentaria y otros tantos después, ni las comparecencias de Robles ni Bolaños sirvieron para destensar, ya que ambos ministros pasaron de soslayo por las grandes incógnitas que todavía quedan en el aire, como conocer quién está detrás y por qué motivos.

No fue hasta el 26 de mayo cuando Sánchez acudió al Congreso para rendir cuentas sobre el espionaje que afecta a la propia cúpula de su Ejecutivo. Llegó a la Cámara Baja más de una semana después de que Paz Esteban fuera cesada, un gesto que se debe a "un fallo de seguridad" en las comunicaciones del Ejecutivo, como justificó el propio Sánchez.

Durante su intervención, el líder del Gobierno volvió a anunciar la aprobación de una nueva ley de secretos oficiales, contemplada en los planes normativos anuales anteriores, y la reforma de la ley orgánica reguladora del control judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En su respuesta, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, mostró su descontento con la comparecencia del presidente: "¿Qué ha venido a hacer hoy aquí?", reprochó el diputado republicano.

El Gobierno salva votaciones sin ERC

Las heridas abiertas entre ambos grupos, condenados a entenderse en esta legislatura dada la aritmética parlamentaria, se han ido ampliando conforme al paso de los hitos que se han ido sucediendo. Las relaciones atraviesan su peor momento y "la actitud del PSOE no ayuda, ya que siguen sin dar cuentas", afean desde ERC.

También, desde el Gobierno reconocen que los republicanos están "más reticentes que nunca", lo que complica cada negociación. De hecho, este estado anímico ya se ha reflejado en varias e importantes votaciones a lo largo de estos dos meses, obligando a los socialistas a reconfigurar y hacer malabares para armar mayorías y sacar adelante los proyectos legislativos.

Fue el caso del decreto-ley por el que se establecen las medidas para hacer frente al impacto de la guerra en Ucrania, que contó con el rechazo de ERC. Posteriormente, los independentistas han votado también en contra de otras normas y, a pesar de desvincular sus votos de la crisis por Pegasus, reconocen que "todo influye", como ocurrió con la ley audiovisual o los planes públicos de pensiones.

La ejecución presupuestaria, una nueva piedra

Recientemente, se ha atravesado otra piedra en el camino que ha añadido más tensión, si cabe, a las relaciones entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Pere Aragonès. La publicación de un informe del Ministerio de Hacienda sobre la distribución territorial de la inversión del sector público estatal muestra cómo en Catalunya apenas se liquidaron el 35,8% de las inversiones previstas en los Presupuestos, lo que equivale a casi 740 millones de un total de 2.068 fijados.

Todo este contexto ha pasado factura en el Congreso. La tirantez entre PSOE y ERC, aunque se ha verbalizado menos en las últimas semanas, dificulta las negociaciones sobre la ley mordaza, según reconocen varias formaciones del grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Interior, pero también amenaza con hacer caer otros proyectos legislativos previstos que difícilmente puedan ser avalados por las derechas, como la prórroga del nuevo decreto anticrisis con más medidas, la ley de vivienda o los Presupuestos de 2023.