Las informaciones más comprometedoras del Estado se esconden dentro de cámaras acorazadas, detrás de puertas blindadas con cerraduras indestructibles. Los agentes que custodian "físicamente" esas instalaciones tienen orden muy clara: "neutralizar" cualquier tipo de riesgo sobre unos documentos que legalmente son protegidos por una ley de secretos oficiales que impulsó el franquismo y que, técnicamente, tienen una inmensa estructura de seguridad a su alrededor. 

Entre los secretos oficiales que los servicios de inteligencia españoles se han negado a revelar se encuentran distintos archivos sobre el GAL y sus vinculaciones con la Guardia Civil. El exjuez Baltasar Garzón intentó conseguir esos documentos hace más de 25 años, cuando intentó poner el foco sobre la "respuesta ilegal contra ETA" por parte del Estado. "La estructura de los archivos tienen la calificación de secreto y no se le puede informar de ello", le hicieron saber a Garzón en el verano de 1995.

En las últimas semanas, Público divulgó por primera vez los audios de una conversación entre altos mandos de la Guardia Civil que confirman que Mikel Zabalza murió a causa de las torturas sufridas tras su detención en Donostia en noviembre de 1985. La conversación forma parte del trabajo de investigación realizado por los directores del documental "Non Dago Mikel?" (¿Dónde está Mikel?), que se estrenó el pasado día 26.

La custodia de los documentos que el Estado mantiene como secretos se rige por las directrices establecidas en las "normas de la autoridad nacional para la protección de la información clasificada", un documento publicado en 2018 por el Ministerio de Defensa y disponible hoy en el archivo virtual del Centro Nacional de Inteligencia (CNI, sucesor del antiguo CESID). 

"La protección se dirige no sólo a la información asociada a operaciones militares, policiales o de inteligencia, que permite al Gobierno tomar las decisiones adecuadas, sino también aquella información asociada a actividades diplomáticas, científicas, económicas o industriales, que contribuye de manera fundamental y decisiva al desarrollo y progreso de España", explicaba el entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán, en el prólogo del documento.

El exjefe del servicio de inteligencia aludía además a hipotéticas amenazas de "servicios de inteligencia hostiles", "grupos terroristas que tienen por objetivo la amenaza a nuestra seguridad y la desestabilización de nuestro sistema democrático" o también "países con intereses económicos o comerciales en competencia con los de nuestra industria".

A lo largo de sus 297 páginas, el informe explica que en España existen las materias clasificadas, que cuentan con el carácter de "secreto y reservado" y las denominadas "materias de reserva interna", que llevan la clasificación de "confidencial y difusión limitada", al tiempo que describe los modos de organización en ámbitos públicos –incluyendo las Fuerzas Armadas– para custodiar esos documentos.

Allí se detallan los "cometidos" de los jefes de seguridad de los "servicios de protección de información clasificada (SPIC)" en ministerios, organismos o entidades del Estado. Entre otras responsabilidades, deben "autorizar y certificar la destrucción" de documentos clasificados, además de "inspeccionar periódicamente las operaciones y métodos de destrucción". 

Además, tienen a su cargo la comprobación de las "condiciones de seguridad de los despachos y cajas fuertes de aquellos usuarios que, por su función y con carácter excepcional y temporal, necesiten disponer de documentación clasificada y se les ha autorizado expresamente a ello". 

El documento cuenta con un apartado sobre el personal que por diferentes razones tiene acceso a información clasificada en España. Allí se explica que debe superar un "proceso de investigación de seguridad" que abarca también a su "entorno" y en el que se tienen en cuenta, entre otros aspectos, la "afinidad ideológica" o "amistad" con organizaciones que "utilicen medios violentos o ilícitos para subvertir el orden constitucional de España o de sus aliados".

Se indica también que dicho personal debe "haber sido concienciado en el compromiso de reserva que adquiere y en las responsabilidades que se derivan de su incumplimiento". "Dicho 'deber de reserva' se conserva para siempre, con independencia de que el interesado haya finalizado su necesidad de acceso a información clasificada", advierte el CNI.

"Todas las personas autorizadas a acceder a información clasificada, o que tengan que manejarla, serán alertadas, al menos una vez al año, sobre los peligros que entrañan para la seguridad las conversaciones indiscretas con personas que no tengan necesidad de conocer, su relación con los medios de comunicación y la amenaza que representan las actividades de los servicios de inteligencia extranjeros", señala en otro punto.

"Disuasión de intrusos"

El informe también explica cómo debe realizarse la "protección física" de las instalaciones donde se guarden documentos secretos. En tal sentido, explica que esas medidas deberán servir para "disuadir e impedir la entrada por parte de intrusos, tanto si emplean métodos subrepticios como si utilizan otros que impliquen el uso de la fuerza". También tendrán como objetivo "disuadir, impedir y detectar acciones llevadas a cabo por personal desleal".

"Una vez detectado el intento de intrusión, las medidas de retardo deberán dificultad la acción del intruso el máximo tiempo posible, de forma que permitan la actuación, en tiempo oportuno, de los elementos de reacción que neutralicen dicho intento de intrusión", explica. De hecho, más adelante pone de relieve que "el empleo de guardias adecuadamente habilitados, entrenados y supervisados proporciona un elemento valioso de disuasión frente a aquellas personas que puedan planear una intrusión encubierta".

El CNI subraya que los "sistemas de protección perimetral" de las instalaciones deberán estar dotados de "sistemas anti-sabotaje", además de "guardias de seguridad, patrullas y fuerzas de reacción". Del mismo modo, "el local a proteger" deberá disponer, entre otras medidas, de "puertas de seguridad, armarios de seguridad, cajas fuertes, cámaras acorazadas", que actuarán como "última barrera en ese concepto de defensa en profundidad".

De hecho, las cajas fuertes, armarios blindados y contenedores de seguridad se utilizan para almacenar en su interior la información clasificada de grado "confidencial o equivalente o superior" cuando no está en uso, categoría en la que entraría la documentación relativa a los episodios más oscuros de la democracia que hoy está archivada bajo la categoría de "secreto". "Las llaves de las cajas fuertes y de las cámaras acorazadas deberán guardarse de forma segura, en distinto lugar de donde se custodien las claves de combinación para la apertura de las mismas", apunta. 

Cristales opacos

Asimismo, "las puertas que dan acceso a zonas de acceso restringido estarán compuestas de madera maciza, metal u otro material sólido", mientras que los cristales de las ventanas "deberán ser opacos o translúcidos, de forma que se impida cualquier visión nítida desde el exterior". 

Los locales también deben estar protegidos frente a escuchas que puedan realizarse mediante micrófonos u otros sistemas. "En cualquier caso, en la mente de todo responsable de seguridad debe existir siempre una concepción del riesgo y tratar de identificar en todo momento las amenazas presentes o posibles y las vulnerabilidades de las que se pueda adolecer", indica después.