Carpetazo al caso pequeño Nicolás: sin investigar la presunta organización criminal

La titular del juzgado de instrucción número 2 de Madrid, que instruye la causa del pequeño Nicolás y sus piezas separadas, intenta de nuevo dar carpetazo a unas de las claves de la investigación: los hechos que dieron origen a la detención del veinteañero Francisco Nicolás Gómez Iglesias por hacerse pasar por agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Vicepresidencia del Gobierno y de la Oficina Económica del presidente del Gobierno para estafar a diversos empresarios. Entre ellos se incluye, supuestamente, el ex director de operaciones inmobiliarias del Banco Santander, Javier Martínez de la Hidalga. 

En el auto de transformación en procedimiento abreviado que acaba de firmar, la magistrada ve claro que el pequeño Nicolás cometiera los delitos de falsedad en documento público e intento de estafa contra Martínez de la Hidalga. Sin embargo las investigaciones de su antecesor, el juez Arturo Zamarriego, los informes de la comisión judicial y las peticiones de prueba de las acusaciones populares apuntan desde 2015 a una organización criminal formada por más personas, donde habría más empresarios presuntamente estafados y de la que formaría parte el propio Javier Martínez de la Hidalga debido a sus altos conocimientos en operaciones inmobiliarias. Además es propietario de la finca la Alamedilla, a través de la que se pretendía solicitar un crédito al Banco Nacional de Guinea Ecuatorial para presuntamente blanquear 20 millones de euros. 

En  este grupo de presuntos blanqueadores, que moverían los hilos del pequeño Nicolás y que forman parte del grupo de amigos de De la Hidalga, están su abogado, Juan Untoria, que será juzgado por blanqueo de capitales en la Operación Troika contra la mafia rusa al ser el abogado del general ruso Gerannios Petrov y el único autorizado en sus cuentas. También el economista y supuesto cerebro del tamayazo, el socialista José Luis Balbas. 

El auto confunde datos y omite testimonios, documentos e informes de la comisión judicial en otras piezas

En el escueto auto, con el que María del Pilar Martínez Gamo quiere dar carpetazo a cuatro años de investigación, "No se han tenido en cuenta datos cruciales para la investigación de la organización criminal que blanqueaba capitales, e incluso el auto entra en contradicción con documentos e informes policiales aportados en otras piezas separadas de la investigación, como la que investiga la grabación ilegal entre el CNI y Asuntos Internos y en la que está imputado el comisario José Manuel Villarejo, ahora en prisión por blanqueo de capitales relacionado con Guinea Ecuatorial", señala la acusación popular de Podemos que también está personada en la operación Tándem, por la que el millonario policía está en prisión.

Por ejemplo, escribe Martínez Gamo que: "El Sr. Martínez de la Hidalga le dijo al Sr. Alejandre [director de la oficina del Banco Santander de la que eran clientes De la Hidalga y su mujer] que precisaba sacar todo el dinero que existía en sus cuentas, unos 500.000 euros, manifestándole éste sus reservas por las exigencias de la legislación en prevención del blanqueo de capitales". Pero esto es falso, según el interrogatorio al director de la sucursal que realizó el juez Arturo Zamarriego y también según la declaración de De la Hidalga y de su esposa.  

El día anterior De la Hidalga había estado con su mujer en el banco y su marido había expuesto el supuesto problema de embargo de Hacienda que les acuciaba y del que Nicolás, enviado de presidencia del Gobierno, les iba a salvar. La mujer sin embargo sólo autorizó a sacar 15.000 euros para su marido. 

Es decir, lo que la jueza llama "sus cuentas" en realidad son "las cuentas" de la mujer, que guardaba en el banco Santander un patrimonio al margen de su marido de 660.000 euros, según muestra la imagen anterior, y que fue confeccionada según la declaración de Nicolás con la información que le aportó el propio Javier Martínez de la Hidalga. ¿Cómo Hacienda va a embargar un dinero sin saber cuánto es y pidiéndoselo al deudor? ¿Cómo va a embargar Hacienda las cuentas de la mujer del deudor? ¿Cómo no va a haber notificado Hacienda al banco un embargo de las cuentas? Todas estas preguntas son las que la jueza actual deja sin aclarar, a pesar de haber sido planteadas por el juez Arturo Zamarriego. 

Otro error de bulto es que confunde lo que ocurrió en la sucursal. Según la juez, "Francisco Nicolás simuló una llamada de Vicepresidencia del Gobierno". Según el director de la sucursal y el propio Nicolás, le presentó como "ayudante de la Subsecretaría de Estado de Presidencia", refiriéndose al subsecretario de Estado de presidencia en 2014, experto en materia económica: Jaime Pérez Renovales. El fin de la falsa llamada era convencer al director de la sucursal de que les diera 500.000 euros en metálico, saltándose la Ley de Blanqueo de Capitales. 

Pero lo más grave es la contradicción que entra entre lo que ha dejado investigar en esta pieza principal y los informes que ha recibido en la pieza que indaga sobre la grabación ilegal al CNI y a Asuntos Internos, las últimas diligencias solicitadas por su antecesor Arturo Zamarriego. Se ha negado a la toma de declaración al resto de presuntos dueños de la Hacienda la Alamedilla, entre los que se encontrarían Adrián de la Joya -accionista y conseguidor de Indra-, y a realizar ninguna diligencia sobre el presunto blanqueo que se hace a través de esa sociedad que podría pertenecer al tesoro de Banesto, oculto por Mario Conde y Arturo Romaní. 

Sin embargo, en los informes de la comisión judicial que hay en la pieza dos y en la que está imputado el comisario Villarejo, sí hay indicioa claros de un presunto blanqueo de capitales, así como la procedencia ilícita de la finca: "Y es el intento de ocultación de de estos delitos lo que lleva a los propietarios a pedirle a Villarejo que grabe al CNI y a Asuntos Internos y se lo haga llegar a Francisco Nicolás para que se archive la causa por nulidad de las pruebas. Por eso, si en la pieza principal toda esta información no es valorada ni incorporada al expediente, da la sensación de que la está omitiendo conscientemente y eso no sería una buena práctica porque queda mucho por investigar", asegura esta misma acusación popular.