Este lunes es el día que Ana Mato nunca quiso que llegara. Lo ha estado esquivando desde el mismo momento que fue imputada en el caso Gürtel,  pero la exministra de Sanidad y exmujer del que fuera alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda, Ana Mato, ha llegado al final de la escapada: este lunes se sienta ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los 37 acusados por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005).

Será la primera vez que la exministra de Sanidad y exdiputada del PP se acerque hasta la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) donde se está celebrando el juicio. Mato no ha asistido a ninguna de las 42 jornadas que han tenido lugar desde que comenzó el juicio el 4 de octubre de 2016, ejerciendo su derecho a ausentarse debido a la condición en la que está acusada.

Mato tendrá que responder por haberse lucrado con la trama corrupta. Está acusada de ser partícipe a título lucrativo por los delitos presuntamente cometidos por su exmarido. Junto a Mato también comparecen este lunes el representante legal del PP y la mujer del exalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega, Gema Matamoros.

Así lo decidió el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidido por el magistrado Ángel Hurtado, el pasado jueves, "por mayoría, que no por unanimidad", según dijo, porque considera que su comparecencia es oportuna en el momento de declaración "de sujetos pasivos". No obstante, Mato y los otros dos  encausados podrán negarse a declarar porque no están citados en condición de testigos.

Antes de empezar el juicio, Anticorrupción fijó en su escrito de acusación una fianza de 28.467,53 euros para Mato, 245.492 euros para el PP y 45.066 euros para Matamoros. Estas cantidades coinciden con el dinero que presuntamente se habrían beneficiado a través de la trama Gürtel, según el Ministerio Público.

Viajes, regalos y fiestas familiares

¿Cómo ha llegado hasta aquí la exministra de Sanidad? Mato se encuentra en esta causa por haberse beneficiado presuntamente de viajes, regalos —como una estola y un encharpe adquiridos en Louis Vuitton por el valor de 610 euros por parte de Francisco Correa— y celebraciones de tres cumpleaños y una comunión de uno de sus hijos por valor de 28.467,53 euros entre los años 2001 y 2005.

En su escrito de defensa, Mato tilda a Anticorrupción y al resto de acusaciones personadas en esta causa de "sexistas" por imputarla "el mero hecho de haber estado casada con uno de los acusados". "Como si ella no fuera independiente, no trabajase y no contribuyese a los gastos de su unidad familiar", señala el escrito de defensa de Mato, al tiempo que sostiene que la diputada nacional "no conocía los hechos delictivos" presuntamente cometidos por su exmarido.

En relación a los regalos de la firma de lujo Louis Vuitton la exministra mantiene que "resulta incongruente la idea misma de que a una sola persona le regalen el mismo día dos objetos distintos" procedentes de la misma tienda. Ana Mato dimitió como ministra de Sanidad el 26 de noviembre de 2014, mismo día en el que el entonces juez instructor Pablo Ruz propusiera en un auto juzgarla como partícipe a título lucrativo; aunque en abril de 2016 volvió a trabajar para el PP como asesora local del los eurodiputados 'populares', desde Madrid.

La mujer de Guillermo Ortega, Gema Matamoros, está acusada por los delitos supuestamente cometidos por su marido y por lucrarse, del mismo modo que Mato, de la trama Gürtel. En cuanto al PP, su representante legal se sentará ante el tribunal para responder por los delitos que presuntamente cometieron Ortega y Sepúlveda durante sus mandatos en Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, respectivamente.

Ya en cuestiones previas el abogado del PP Jesús Santos se adhirió a la petición de nulidad de la causa por parte de otros acusados al entender que el inicio de la causa, las grabaciones aportadas por el denunciante José Luis Peñas, son "ilegales" y que las escuchas telefónicas ordenadas por el exjuez Baltasar Garzón durante la instrucción son "ilícitas y delictivas"

Es más, Santos afirmó que la formación política que defiende tiene una condición "equívoca e inadecuada" de partícipe a título lucrativo, ya que el partido no ha tenido "participación alguna" en los hechos que se le imputan ni se conoce "el qué, ni el quién, ni el cuándo, ni el cómo, ni el dónde" del presunto beneficio que generó a su favor la actividad de los ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón con empresas de Francisco Correa. De este modo, se escudó en que "no debería ser el PP el que ocupara esta posición, sino los grupos municipales".