El agente 78.777 de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía siempre es el receptor de las denuncias de los testigos captados por el comisario, ya jubilado, José Manuel Villarejo Pérez. Aunque comete graves errores en sus informes --como denunció el letrado del ex alcalde de Estepona (Málaga), Antonio Barrientos, y se le reconoció mediante un auto-- nunca fue sancionado por quien era su jefe, el comisario José Luis Olivera, otro de los miembros de la brigada política durante las investigaciones que aquí se entrecruzan: Astapa, Pujol y el ático de Ignacio González.

En 2006, David Veládez, concejal y portavoz del grupo socialista municipal y posterior alcalde tras estallar la Operación Astapa, acude a la UDEF para denunciar las presuntas chantajes y extorsiones que desde el ayuntamiento se estaban haciendo a promotores. Entre los testigos que llegan a la Policía junto con Veládez está Juan Carlos Escribano Cárcel, socio y administrador de algunos de los intereses urbanísticos y sanitarios de Villarejo en la localidad: 18 pisos, 20 garajes/trasteros y un local donde se encuentra la Clínica Cenyt situados en el Residencial Mirador de la Cala, en primera línea de playa.

Como desveló Público, había recibido a finales de octubre una llamada de "la Policía del Ministerio del Interior" advirtiéndole de posibles irregularidades cometidas por su compañeros de partido, según consta en las actas de las reuniones internas de los socialistas. Pero en noviembre acude voluntariamente a la UDEF donde es recibido por el agente 78.777, quien además realiza los diez primeros informes que dan lugar a la detención de Barrientos y de otras 100 personas en 2008. 

El trabajo no fue muy depurado. El abogado Horacio Oliva denunció que se le habían atribuido a su cliente cuentas, hipotecas o fondos de inversión o pensiones en el Banco Popular, Sabadell, Caixa d'Estalvis, Interdit Bolsa de Sociedad de Valores, Europopular, Banco de Andalucía, Banco Español de Crédito y Caja Madrid de forma falsa, pues nunca había operado con dichas entidades. 

También se le atribuyó el cobro de más de 65.000 euros del Servicio de Salud Andaluz, la participación en empresas municipales como si pertenecieran a su patrimonio personal o la sospechosa circunstancia de que la madre del entonces alcalde no tenía "actividad laboral"... cuando ésta contaba ya 80 años. 

Oliva fue tajante en su escrito, "lo contenido en el referido Informe resulta en su mayor parte total y absolutamente falso, resultando inexplicable a esta parte cómo es posible que una Unidad Policial, supuestamente especializada además en la investigación de blanqueo de capitales, pueda faltar a la verdad de forma tan flagrante". Y añadía, "es especialmente grave, por cuanto la misma ha servido de base para la práctica de las detenciones ordenadas en su día por la primera instructora judicial", Isabel Conejo. ​

La misma instructora del caso del ático de González

Fue otro juez, Jesús Torres, quien tuvo que reconocer mediante un auto que "existe un dato incontestable, que es la emisión del Informe Policial de la UDEF-BLA número 52.272 con errores". Sin embargo no relevó a los agentes de la investigación por "la complejidad de la causa", que casi una década después aún no ha terminado su instrucción. Es más, el pasado diciembre fue la primera vez que Antonio Barrientos declaró ante el juez y el fiscal ya ha pedido que se sobresea el procedimiento contra 18 procesados. 

Fragmento del auto del juez Jesús Torres reconociendo los errores de la UDEF.

La primera juez instructora, la que dictó las detenciones es una vieja conocida del comisario José Villarejo así como de sus socios y empleados. Isabel Conejo cambió de juzgado de instrucción dentro de la misma localidad, del 1 donde estaba la Operación Astapa al 5, donde recayó la denuncia sobre el ático del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que aún investiga esta misma jueza.

Esa denuncia supuestamente emana del pelotazo dado por la trama Gürtel en Arganda del Rey (Madrid) al menos cuatro años antes de que Villarejo (en 2011) lo investigara, también supuestamente, a petición del ya fallecido ex número dos de la Policía, Miguel Ángel Fernández-Chico. Sin embargo, numerosas pruebas indican que la información provenía directamente del comisario Eugenio Pino y que la futura 'brigada política' del ex ministro Jorge Fernández Díaz la conocía desde 2008.

La denuncia fue presentada por el exportavoz de un sindicato de Policía en dicha localidad malagueña, algo que extraña a diferentes fuentes consultadas por Público debido a que "el delito original sería Madrid, el pelotazo de Arganda, así que la denuncia debía haber sido puesta en esa comunidad. Supuestamente proviene de información de la Gürtel, pero no hay ningún informe relacionado al tema en la causa que instruye la Audiencia Nacional... no tiene mucho sentido ir hasta Málaga a denunciar al presidente de la Comunidad de Madrid". 

Los Pujol y el despacho Stuart & Mckenzie

El agente 78.777 trabajó codo con codo desde 2006 con la juez Conejo sin que ésta viera ninguna tacha en su trabaj:, tomó las primeras declaraciones y elaboró los 10 primeros informes. Para detener a ese centenar de personas se basó en las escuchas autorizadas a la UDEF y en la declaración de los concejales David Veládez y Cristina Rodríguez, y del promotor, amigo y socio de Villarejo, Juan Carlos Escribano Cárcel. 

En una de esas escuchas que constan en el sumario, un concejal comenta con extrañeza la donación del constructor local y también presidente del Club de Fútbol de Estepona, Eugenio Muñoz Lanzas. La donación, junto con la interpretación que del destino de la misma realiza la UDEF, fue considerada otro indicio de actuaciones presuntamente irregulares del equipo del alcalde Barrientos.

Como puede demostrar Público, Múñoz Lanzas es cliente de los “servicios de gestión de crisis” que ofertan empresas del grupo familiar del comisario Villarejo durante todo este tiempo de instrucción del caso Astapa. En concreto, el empresario celebró una reunión en Stuart & Mckenzie --despacho de abogados del "agente encubierto" en Torre Picasso, que aparecía en las agendas del pequeño Nicolás-- con el socio de Villarejo, Rafael Redondo, y el abogado, administrador y empleado del comisario, David Macías.

Para más casualidades, Macías representa a la Asociación Transparencia y Justicia como acusación popular contra González en el caso del ático. Esta asociación estaba también personada en el procedimiento del pequeño Nicolás, aunque ahora Fiscalía, Abogacía del Estado y el resto de acusaciones han solicitado que se les expulse de la causa por estar protegiendo encubiertamente los intereses del comisario y no actuando como acusación. Algo que el juez ha considerado probado, expulsando a Transparencia y Justicia. 

El 78.777 es el agente al que "voluntariamente" acuden también Victoria Álvarez, examante de Jordi Pujol Ferrusola, y Javier de la Rosa, acompañados por el socio de Villarejo, Rafael Redondo. El financiero catalán, de hecho, ha declarado que el comisario le ofreció los servicios de su despacho de abogados, Stuart & Mckenzie, para solucionarle sus problemas legales y económicos, a cambio de que consiguiera clientes para el bufete legal del entonces comisario Villarejo.

...CONTINUARÁ