Los exconsejeros catalanes Jordi Jané, Neus Munté y Meritxell Ruiz han asegurado ante el Tribunal Supremo que renunciaron a sus cargos en el Govern en julio de 2017 por motivos personales ante las diferencias políticas que tenían por la deriva del proceso independentista que culminó con la convocatoria del referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.

Los tres han expuesto las razones que dieron públicamente en aquel entonces y todos han coincidido en que fueron motivos personales los que les llevaron a “verbalizar su dimisión” al entender que su función en el Gover había terminado, según fuentes de sus defensas.

Los exconsejeros de Interior, Presidencia y Educación Jané, Munté y Ruiz han declarado como testigos ante el juez Pablo Llarena, instructor de la causa abierta en el Tribunal Supremo por los supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, con 28 investigados entre ellos el Govern y la Mesa del Parlament con sus presidentes a la cabeza.

Los tres exconsejeros –todos del PdCAt- han coincidido en que el escenario en Catalunya se estaba complicando y han puesto distancia de la deriva independentista unilateral que colisionaba con la legalidad, aunque con diferentes expresiones. Los tres votaron en el referéndum del 1-O como ciudadanos de a pie.

En cambio, fuentes de la acusación popular presentes en la declaración aseguran que Jané ha dicho a Llarena que no compartía la “vía unilateral” del 1-O; Munté no compartía el “escenario de desobediencia” al que desembocaban y Ruiz dimitió cuando “supe que se había fijado fecha y pregunta del referéndum” porque sabía que era “un acto ilegal”, según las mismas fuentes.

A preguntas de los fiscales Jaime Moreno y Consuelo Madrigal –ex Fiscal General del Estado-, los tres testigos han asegurado que desconocían el documento Enfocats, incautado a la mano derecha del exvicepresidente Oriol Junqueras –Josep María Jové- y que contiene la hoja de ruta de la declaración unilateral de independencia que culminó el 27 de octubre de 2017.

Jané ha coincidido con su sucesor en la Consellería de Interior, Joaquim Forn, en que son los Mossos d’Esquadra los que realizan las operaciones y que él recibía los informes de la policía autonómica. Ante la insistencia del juez Llarena, ha admitido que les daba directrices generales, no políticas, y que dejó mucha autonomía de actuación al cuerpo de policía regional.

El exconsejero de Interior ha añadido que prueba de las buenas relaciones de entonces con el Gobierno central fue el acuerdo que alcanzó poco antes de su cese para integrar a los Mossos en la mesa que coordina la alerta antiterrorista.
Por su parte, Neus Munté ha asegurado que estaba "exhausta" de ejercer el cargo de consejera de Presidencia y ha aducido motivos familiares como causa de su cese, así como por la salida de otros miembros del gobierno ante la pérdida de confianza de Puigdemont.

Meritxell Ruiz, exconsejera de Educación, ha basado su cese en que su labor terminaba en aquel julio de 2017 al cerrarse el año escolar de 2016-2017.

Ruiz ha negado que diera instrucciones para que los colegios y las instalaciones educativas fueran puestos a disposición del referéndum de 1 de octubre. Aunque ha admitido que eran suyas las declaraciones que realizó en un colegio en mayo cuando dijo que el Govern pondría urnas “donde fuera”.

La acusación popular que ejerce Vox estudiará sus declaraciones para solicitar sus posibles imputaciones porque dice que han detectado varias contradicciones en sus declaraciones. Destaca que el procés independentista arrancó mucho antes de sus ceses, que se produjeron dos meses antes de los disturbios de septiembre que se investigan cuando una multitud rodeó la consejería de Economía mientras una comisión judicial practicaba un registro y tres previos del referéndum del 1-O.

Asi, Jané ha negado que su esposa, Margarida Gil, advitiera al exmagistrado y creador jurídico del procés Carles Viver de que iba a ser investigado cuando él era consejero de Interior. Sin embargo, en una conversación interceptada por la Guardia Civil del 23 de septiembre de 2017 el jurista comenta a Gil que su teléfono estaba “muy limpio”, tres días después del registro de su despacho por orden del juzgado de instrucción 13 de Barcelona. “Me avisó tu marido ya hace tiempo, que fuéramos con cuidado, y le hice caso así que no encontrarán grandes cosas”, afirmó Viver en esta grabación intervenida.

El juez Pablo Llarena ha pedido al juzgado que remita testimonio de esta conversación grabada a Gil, quien era jefa de los servicios jurídicos de la Generalitat.

Este miércoles declararán como testigos ante el Supremo Jordi Baiget, exconsejero de Empresa, y Albert Batlle, exdirector de los Mossos. El jueves está citado el coordinador del operativo policial del 1-O, Diego Pérez de los Cobos.

El magistrado tiene intención de citar para mediados de febrero al expresidente de la Generalitat Artur Mas; la número dos en la lista de Esquerra Republicana Marta Rovira y a la dirigente de la CUP y exportavoz parlamentaria de esta formación Anna Gabriel, a quienes imputó en la causa el pasado mes de diciembre, según fuentes jurídicas citadas por Europa Press.

El juez instructor amplió la investigación por rebelión y dirigió también el procedimiento contra estas personas además de la coordinadora general del PDeCAT Marta Pascal; la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya; y la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, por su participación "especial y destacada" en el proceso independentista. La causa suma un total de 28 investigados.