La Fiscalía y la Abogacía del Estado presentan este viernes sus escritos de calificación en las causas que siguen el Supremo y la Audiencia Nacional por el procés, en los que desvelarán si acusan a los principales responsables, entre ellos Oriol Junqueras y Josep Lluis Trapero, de rebelión o de sedición.

En el Tribunal Supremo, pese a que las acusaciones disponen hasta el lunes a las 15.00 horas para presentar sus calificaciones provisionales, ni la Fiscalía ni la Abogacía tienen intención de agotar el plazo, por lo que será mañana, viernes, cuando informen de los delitos y penas que solicitan para los 18 procesados. Vox, que ejerce la acción popular, esperará por el contrario al lunes.

Y en la Audiencia Nacional, que abrió juicio contra la cúpula policial del procés unos días antes que el Supremo lo hiciera con los líderes políticos, la Fiscalía solicitó una prórroga para hacer coincidir la presentación de sus escritos ante sendos tribunales.

La incógnita en el Supremo está en saber si ratificarán el delito de rebelión contra los principales implicados, como han mantenido en la instrucción, o, en cambio, rebajarán el tono para acusar por sedición; mientras que en la Audiencia podría suceder lo contrario: que la Fiscalía unificara criterio con su acusación en el Supremo y optara por acusar de rebelión a Trapero en vez de sedición.

En la causa del alto tribunal, todo apunta a que la Fiscalía mantendrá la rebelión, si bien dividirá la acusación en tres grandes bloques dependiendo, sobre todo, de la responsabilidad que atribuya el Ministerio Público a cada uno de los nueve procesados por este delito, que son todos los que permanecen en prisión provisional.

El primero englobaría a los seis exconsellers por su papel decisorio en la preparación del referéndum del 1-O y a los que acusará de rebelión en su modalidad agravada, quedando absorbido en ese delito el de malversación, por el que también están procesados. Así, el exvicepresidente Oriol Junqueras soportaría la mayor pena por ser uno de los principales cargos del Govern -junto al huido Carles Puigdemont-, por lo que la Fiscalía podría pedir hasta 25 años sin llegar al máximo de 30 años por rebelión agravada. Mientras que para los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa la Fiscalía baraja pedir penas que no superarían los 20 años.

Un escalón por debajo, los exlíderes de ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, serían acusados solo por rebelión, por lo que las penas reclamadas serían más bajas, entre 10 y 15 años, aunque en caso de que se les considerase jefes podrían llegar a los 25 años. A los otros tres exconsellers -Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila- prevé acusarles solo de malversación pese a que el juez instructor Pablo Llarena también les procesó por desobediencia. La pena oscilaría entre los seis y los ocho años de cárcel.

Sí serán acusados de desobediencia los seis miembros de la Mesa que tramitaron las denominadas leyes de desconexión (aunque hay dudas respecto a Josep Joan Nuet, de Sí que es Pot) y la expresidenta de la CUP en la cámara catalana, Mireia Boya. Pero este delito no conlleva prisión, solo inhabilitación para ejercer cargo público.

Y si la acusación de la Fiscalía no despierta dudas, no sucede lo mismo con la Abogacía del Estado habida cuenta de las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su vicepresidenta, Carmen Calvo, de las que se interpreta que el Ejecutivo no cree que los hechos encajen en el tipo de rebelión, sino en el de sedición. Ahora bien, la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda, se personó más tarde en la causa por el asunto de la malversación sobre el que ha pivotado toda su actuación y las diligencias solicitadas, y no tiene por qué pronunciarse sobre la rebelión o la sedición.

También se conocerá mañana el escrito de acusación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, el ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig, el exdirector de los Mossos Pere Soler y la intendente Teresa Laplana. La jueza Carmen Lamela les procesó por delitos de pertenencia a organización criminal y de sedición por haber consentido la celebración del 1-O y por no haber frenado el asedio a la Conselleria de Economía los días 20 y 21 de septiembre de 2017. Sin embargo, según fuentes jurídicas, no se descarta que en su escrito de acusación de mañana la Fiscalía acabe calificando los hechos de rebelión.