Entre los 28.313 fallecidos en España a día de hoy , a causa de la covid-19, según Sanidad, se encuentran conocidos empresarios que durante años coparon las portadas por la audacia de sus negocios. Es el caso del manchego Francisco Hernando Contreras, más conocido como Paco El Pocero. Su fallecimiento resta un eventual testigo, perjudicado o imputado, en la pieza separada que posiblemente acabará abriéndose en la macrocausa Tándem (Caso Villarejo) para investigar los motivos por los que una de las asociaciones controladas por Villarejo, Transparencia y Justicia, se personó como "acusación popular" en, como mínimo, una quincena de procedimientos judiciales, tal como avanzó Público. 

Uno de esos procedimientos fue el Caso del PAU del Quiñón del Pocero, en Seseña (Diligencias Previas 1245/2008, juzgado 4 de Illescas), abierto en julio de 2008. En un movimiento bien llamativo, el abogado y empleado de Villarejo David Macías González se personó en la causa en nombre de Transparencia y Justicia en febrero de 2014, seis años después, concluida la instrucción y ya en la fase de presentación de escritos de acusación.

El caso de la megaciudad del Pocero en el PAU del Quiñón

El Caso del PAU del Quiñón se abre en el juzgado en julio de 2008 a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, dos años después de que Izquierda Unida, entonces en la alcaldía de Seseña en minoría, remitiese el 14 de julio de 2006.un escrito a la teniente fiscal Belén Suárez. 

En dicho escrito, Izquierda Unida ponía en conocimiento de la Fiscalía hechos que apuntaban a una posible trama de corrupción durante el mandato del anterior alcalde socialista, Jose Luis Martín (1998-2003), cuyo objeto sería favorecer negocios inmobiliarios de empresas controladas mayoritariamente (al menos sobre el papel) por Francisco Hernando El Pocero. 

Particularmente, Izquierda Unida solicitaba que se profundizase en el proceso de tramitación (recalificación de los terrenos y posterior emisión de licencias de obra) del llamado Residencial Francisco Hernando, en el PAU del Quiñón.

El desarrollo corría a cargo de la promotora del Pocero, Onde 2000 SL, y consistía en edificar 13.500 viviendas en altura, un negocio que, de materializarse, movería 800 millones de euros con grandes beneficios para la promotora (dueña del 80% del suelo y posicionada como agente urbanizador) así como para el resto de propietarios de suelo.

Entre estos otros propietarios estaba Luis Miguel Rodríguez, dueño de Desguaces La Torre pero más conocido por el gran público por sus romances con Carmen Martínez Bordiu y Agatha Ruiz de la Prada. Las conexiones con personajes conocidos pueden no acabar ahí: aunque en Onde 2000 SL figura el Pocero como accionista último visible, desde abril de 2007 a agosto 2011 aparece como apoderado José Casado Lacort, un abogado vinculado mercantilmente a sociedades del socio-amigo de Villarejo Adrián De La Joya, el socio de éste, Rafael Martín Sanz, y la familia política de Martín Sanz y Mario Conde, los Arroyo Botana.

Entre otras argucias, Izquierda Unida señalaba la pinza de los concejales del Partido Popular y del Partido Socialista para forzar aprobaciones en los Plenos así como la contratación "a dedo", durante el mandato de Jose Luis Martín, de arquitectos y aparejadores en calidad de técnicos municipales, pero próximos o vinculados al Pocero  (algo parecido a lo sucedido en el Ayuntamiento de Estepona con Diego de Lucas Villarrubia, quien además resultó ser o haber sido vocal de la "asociación" Transparencia y Justicia).

La querella de julio de 2008 de la Fiscalía se interpone tras dos años de supuestas diligencias de investigación y tan solo dos semanas y media después de que los 10 bancos acreedores de Onde 2000 firmaran con ésta una megaoperación de dación en pago de 430 millones de euros, por la que, a cambio de la deuda, se quedaban con 2.300 viviendas terminadas, pero sin licencia de ocupación.

La falta de licencias impedía la venta y escrituración de los inmuebles y, por tanto, la recuperación de la deuda, vía subrogación en los compradores de viviendas por parte de las entidades financieras. El equipo de Izquierda Unida las denegaba por defectos graves urbanísticos tales como la falta de desvío de la línea de alta tensión. Durante los siguientes tres años las licencias fueron sistemáticamente denegadas y solo se emitieron en agosto de 2011, al mes siguiente de que en Seseña ganase las elecciones el Partido Popular.

Villarejo se persona para adherirse al descafeinado escrito de la Fiscalía  

Transparencia y Justicia se persona en las DP 1245/2008 del juzgado 4 de Illescas, Caso Pau El Quiñón, en febrero de 2014, tras seis años de instrucción y a las puertas de la fase de formulación de los escritos de acusación por la Fiscalía y acusaciones personadas. 

El escrito de la asociación de Villarejo fue en línea con el de la fiscalía, que había dejado el caso en un asunto menor de posible blanqueo de capitales del exalcalde Martín, miembros de su familia y otras dos personas, eliminando delitos de prevaricación y cohecho. Y ahí terminó su aportación, porque evitó actuar en el juicio oral, apartándose del proceso el 2 febrero de 2016, tan solo doce días después de que el juez señalara la fecha del juicio para mes y medio después.

Aunque la denuncia de Izquierda Unida se refería a una posible trama en beneficio de intereses privados, el Pocero nunca tuvo la condición de investigado, ni fue llamado siquiera como testigo; ni durante las supuestas diligencias de investigación de Fiscalía (2006-2008), ni durante la fase de instrucción, tras abrirse el caso en el juzgado (2008-2014).

Sí declaró en el juicio, pero a solicitud de la acusación que ejercía Izquierda Unida. En realidad, la instrucción se centró más en determinar el origen del dinero que manejaba el alcalde, que en las circunstancias que rodearon la recalificación y adjudicación del PAU del Quiñón. Tras el juicio oral, que tuvo lugar entre el 14 y 17 de marzo de 2016, Martín y su familia fueron también absueltos de blanqueo al no poderse establecer un origen ilícito en el aumento patrimonial que se le detecta durante los años en que se tramita el PAU .

Las licencias están en el centro del conflicto 

De las 13.500 viviendas en proyecto, 8.596 correspondían a Onde 2000 SL, de acuerdo con su participación en el proyecto. Y para estas 8.596 viviendas, se habían concedido  5.096 licencias de edificación hasta enero de 2006 , poco más de la mitad. A su vez, de éstas 5096 solo 2.776 obtuvieron licencia de ocupación, procediéndose a su escrituración en 2007, tal como recoge la memoria de Onde 2000 SL. Las restantes 2.320 se terminan en 2008, pero se les deniega la licencia de ocupación, lo que impide escriturarlas y transferir los préstamos bancarios a los compradores ,que sumaban entonces más de 400 millones de euros. 

Para evitar una quiebra de Onde 2000 SL que implicase el incobro de la deuda en plena crisis económica y bancaria, los bancos cambian la deuda por las 2.320 viviendas en junio de 2008 en una operación que se publicita como "compra" pero que las memorias de algunas entidades acreedoras como Caja Duero explican como una dación en pago.

Desde precisamente 2006 hasta 2011, el equipo de Gobierno municipal de Seseña, que comandaba el alcalde de Izquierda Unida Manuel Fuentes Requena, fue objeto de todo tipo de presiones, materializadas en más de 13 querellas por calumnias, denuncia falsa y prevaricación (finalmente todas archivadas), campañas mediáticas e incluso instigación de protestas vecinales y de trabajadores de empresas del Pocero.

Tras una campaña feroz, en las elecciones de mayo de 2011 Izquierda Unida es desalojada de la alcaldía por el Partido Popular. Tras tomar posesión, en agosto de 2011 el nuevo equipo municipal concedió a los bancos las ansiadas licencias de ocupación. E hizo más: acordó archivar expedientes que el equipo del anterior alcalde había abierto contra el Pocero para destituirle como agente urbanizador por las irregularidades que, según dicho equipo, se habían producido.

El caso del Pocero en el sumario 'Tándem'

Aunque la presencia de Villarejo en el caso no se hace visible hasta que no se persona en febrero de 2014, en varios audios del sumario de Tándem, etiquetados con fecha de mayo de 2005, Enrique García-Castaño El Gordo y el comisario, siempre al quite de cualquier posibilidad de hacer dinero, ya barruntan sobre el juego que les puede dar el Pocero con sus "problemas" [judiciales] en Villaviciosa de Odón y con lo que definen como el "show" de Seseña (el proyecto Residencial Hernando, que el Pocero ya trataba de sacar adelante en las fechas en las que tienen lugar estas conversaciones grabadas por Villarejo).

Otro punto posible de conexión es el gusto compartido de Hernando con Villarejo y sus socios por los negocios en Guinea Ecuatorial y Angola, dos países que ocupan un espacio no pequeño en la vida y aventuras del excomisario como así se deduce de la información bruta contenida en el sumario Tándem. Tras liberarse de la deuda bancaria con la dación en pago, Francisco Hernando difunde triunfal en los medios que abandona el proyecto de Seseña y se lanza supuestamente a desarrollar más megaciudades en países como Guinea Ecuatorial, proyectos que los propios ministros de este país desmienten. En septiembre y diciembre de 2008 funda dos sociedades en España con el nombre de Proyectos y Construcciones Luanda SL (Luanda es la capital de Angola) y Proyectos y Construcciones Guinea Ecuatorial SL. No se comprueba actividad económica alguna en estas empresas. Nunca presentaron cuentas.

Rafael Redondo, empleado-socio de Villarejo, tenía en un disco duro incautado en su domicilio de Galapagar y que forma hoy parte del sumario, carpetas informáticas con toda la información relativa a inmuebles de los que las sociedades de Villarejo eran propietarias. Para cada inmueble creó una subcarpeta donde incluía toda la información que le afectaba de forma directa (la escritura de compra, las facturas de agua, luz, seguro, comunidad, contratos con inquilinos, fianzas etc). En la subcarpeta correspondiente a un inmueble propiedad de Villarejo en la Costa del Sol, aparece un archivo pdf titulado "AF.pdf", sobre la personación de David Macías como letrado de Transparencia y Justicia en el juzgado 4 de Illescas y cuya imagen está incluida al principio de este artículo. 

La inclusión de este documento en esta subcarpeta específica, puede explicarse como un error y no implicar necesariamente una relación entre los servicios prestados por Villarejo en el Caso del Pocero y la posesión del inmueble (o un posible disfrute gratuito de algún personaje vinculado al caso). Pero conviene señalar que en las múltiples carpetas informáticas requisadas e incluidas en el sumario no se observan este tipo de errores y se aprecia, por el contrario, lo metódico y detallista que era Rafael Redondo para organizar  sus archivos.