Después de varios intentos, la Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado por fin este miércoles por amplia mayoría una reforma de la ley electoral que pone fin al llamado voto rogado, la obligación de pedir el voto con antelación que desde 2011 tienen los españoles que viven en el extranjero. En su lugar se introducen modificaciones para facilitar que puedan votar en urna en las embajadas y consulados, además de por correo, y para asegurar que sus papeletas lleguen a tiempo para su escrutinio en España.

La reforma viene de una proposición de ley presentada en febrero de 2021 por los dos grupos que sustentan el Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, y que estuvo congelada por sucesivas prórrogas hasta el pasado mes de abril. En las últimas semanas, su cuyo articulado ha sido modificado mediante enmiendas pactadas con el PP y otros grupos la oposición.

Y el resto de asuntos ajenos al voto rogado y que se habían planteado a esta reforma, como la rebaja de la edad de voto a 16 años o la revisión de la proporcionalidad del sistema electoral, se han excluido del debate y ya se verán en la subcomisión creada en el Congreso para explorar la posibilidad de una reforma más amplia de la ley electoral (LOREG).

Al final, el dictamen se ha aprobado sin votos en contra y con el apoyo de PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, Ciudadanos y PNV, mientras que los independentistas de ERC, Bildu y Junts se han abstenido. La proposición de ley se elevará ahora al Pleno del Congreso para su aprobación en junio y su posterior remisión al Senado, con lo que se calcula que estará en el BOE en otoño y que ya se aplicará en las próximas elecciones generales.

Nuevo procedimiento

El nuevo procedimiento para los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) elimina el requisito de rogar el voto, que había hecho bajar la participación a mínimos históricos, y permitirá que esos electores puedan descargarse las papeletas de Internet, además de adelantar el envío tradicional de la documentación electoral, con lo que tendrán abiertas las dos opciones.

Para facilitar la participación electoral, se ampliarán los centros para votación en urna, no sólo las embajadas sino todos los consulados y los centros oficiales que se habiliten. Y del mismo modo, se ampliarán los horarios y días de votación. Lo que se ha rechazado es la opción de voto telemático y del voto por delegación que defendían los independentistas catalanes, pues los partidos mayoritarios no ven suficientes garantías.

Además, se protegerá el envío de los votos emitidos en el extranjero estableciendo que se hagan llegar a España por valija diplomática. En consecuencia, se amplía dos días el plazo del escrutinio para que las papeletas lleguen a tiempo.

Otros cambios establecen que la Junta Electora Central deberá hacer un informe de las medias que se vayan tomando y que el CERA se actualizará cada cinco años para tener más localizados a los electores.