Sumar cambia de fase para abrir su proyecto de país para la próxima década a la ciudadanía. La plataforma impulsada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha hecho públicos este jueves los documentos elaborados por los 35 grupos de trabajo en distintas materias y sectores; el objetivo es que ahora los ciudadanos que quieran hacerlo puedan acceder a los mismos, hacer propuestas y contribuir o modificar las aportaciones de los grupos.

Entre las materias que tratan estos documentos (que no son un programa electoral o político al uso, sino un compendio de propuestas para asentar las bases sociales de la próxima década) destacan la sanidad, la educación, la calidad democrática y participación política, la fiscalidad o la energía.

En materia de calidad democrática en el grupo de trabajo dirigido por el politólogo Ignacio Sánchez Cuenca, destaca la propuesta de aprobación de una ley  orgánica de participación que buscaría cerrar las brechas democráticas y de representación entre la ciudadanía, la clase política, y su impacto en las instituciones.

"Si bien el 15M surgió como una demanda de mejora del sistema
político y económico, los problemas estructurales han continuado: los partidos políticos han invadido grandes espacios de la vida pública y la corrupción es una lacra que la sociedad española no tolera", recoge, a modo de diagnóstico, el documento.

En este sentido, se apunta a "reducir el poder partidista en asuntos que no deberían serlo, por ejemplo, a través de comisiones plurales de nombramiento de los diferentes poderes del Estado que incluyan a servidores públicos y miembros de la sociedad civil". Es decir, el documento propone "establecer la lista de instituciones del Estado en las que la dirección no puede corresponder a un nombramiento discrecional del Gobierno. Una comisión de personas expertas que cuente con un amplio apoyo parlamentario ha de encargarse de especificar las instituciones cuya dirección ha de quedar al margen del juego de la alternancia política". 

Correos, Paradores o el CIS, sin nombramientos del Gobierno

Entre estas instituciones estarían Correos, Paradores Nacionales, la Biblioteca Nacional o el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). "El primer paso debe consistir en establecer la lista de instituciones del Estado en las que la dirección no puede corresponder a un nombramiento discrecional del Gobierno. Una comisión de personas expertas que cuente con un amplio apoyo parlamentario ha de encargarse de especificar las instituciones cuya dirección ha de quedar al margen del juego de la alternancia política", reza el texto.

En este texto también se recoge la posibilidad de aumentar la participación política directa más allá de los referéndums consultivos recogidos en la ley, que requieren de procedimientos complejos y agravados. "Esto se puede flexibilizar introduciendo consultas populares no vinculantes que permitan hacer oír la voz ciudadana en asuntos relevantes y divisivos y, además, que se puedan convocar como resultado de la iniciativa popular".

El grupo de trabajo de "Modelo Territorial" analiza la situación del denominado Estado de las autonomías y las tensiones nacionales y soberanistas que arrastra históricamente España. "Se trata de alcanzar", reza el documento, "un nuevo contrato territorial que articule la complejidad del país, que comprenda su pluralidad política, tanto la voluntad de autogobierno de cada comunidad, como la voluntad de gobierno compartido del conjunto. Una respuesta democráticamente compleja a la pluralidad nacional y territorial del país".

"El pacto que proponemos", prosigue, "desborda el autonomismo, postula una síntesis muy exigente de autogobierno y de gobierno compartido; cumplimiento exhaustivo de los estatutos de autonomía, refuerzo competencial cuando se demande y se acuerde, así como innovación de políticas e instrumentos de cooperación".

Aportaciones ciudadanas hasta el 2 de junio

Entre las medias más concretas, destacan las relativas a las políticas migratorias y derechos de los migrantes: cerrar los centros
de internamiento de extranjeros (CIE), revisar y reformar la Ley de Extranjería, proteger a la infancia migrante y refugiada y  "desmilitarizar una cuestión que es social y que debe tratarse con absoluto respeto a los Derechos Humanos".

Los grupos de trabajo de Sumar también han elaborado propuestas en materia fiscal, de sanidad, educación, servicios públicos o transición ecológica. Ahora, la ciudadanía podrá hacer aportaciones hasta el 2 de junio (un plazo que se puede ampliar), que serán revisadas por expertos y miembros de estos grupos. Se espera que el documento definitivo del proyecto de país pueda ver la luz durante el verano.