La inconsistencia y las contradicciones de las críticas de Alberto Núñez Feijóo al plan de ahorro energético del Gobierno están debilitando su posición con respecto a la de los barones y líderes de las comunidades donde gobierna el Partido Popular.

Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y Castilla y León han salido en tromba con propuestas alternativas diferentes entre sí y con respecto al discurso del presidente del PP, que dan la impresión de que el partido no tiene una posición única con respecto a cómo cumplir la decisión de los Gobiernos de toda la UE de reducir un 15% el consumo de gas ante la amenaza de Rusia de cortar el suministro a Europa. 

El pasado 20 de julio, de visita en Valencia, Feijóo instó al Ejecutivo a poner en marcha un programa de ahorro de energía. "Debemos de bajar el consumo energético innecesario y pactar con ayuntamientos un ahorro en alumbrado eléctrico nocturno para prepararnos para cortes o disminuciones de energía", dijo literalmente.

Seis días después, el Consejo de Ministros de Energía de la UE alcanzó un acuerdo político de reducción voluntaria de la demanda de gas natural del 15 % entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023, y acordó también la posibilidad de establecer un objetivo de reducción de demanda vinculante para cada país.

El 1 de agosto, sólo cinco días después del pacto europeo, el Ejecutivo español aprobó el real decreto con el plan de ahorro, que incluía medidas como las que Feijóo había propuesto. Pero, lejos de celebrar que el Gobierno le hubiera hecho caso, el presidente del PP optó por el silencio cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo que no pensaba cumplirlas.

"Madrid no se apaga", advirtió Díaz Ayuso, sin que Feijóo se atreviera a contradecirla ni a decir si le parecía bien o mal que la jefa del Gobierno regional anunciara en tono épico su intención de vulnerar una ley estatal.

El pasado domingo, un día antes de la reunión extraordinaria de consejeros de Medio Ambiente convocada por el Ejecutivo para detallar el contenido del real decreto, y mientras participaba en la Feira do Albariño de Cambados (Pontevedra), Feijóo volvió a referirse a él. "Proponer las mismas temperaturas a un comercio de congelados que a una librería, una tienda de frutas o una tienda de ropa es simplemente una improvisación".

Lo cierto es que esa afirmación no es cierta, puesto que el decreto contempla límites de temperaturas distintas para locales y negocios con actividades diferentes: "No tendrán que cumplir dichas limitaciones de temperatura aquellos recintos que justifiquen la necesidad de mantener condiciones ambientales especiales o dispongan de una normativa específica que así lo establezca". Así figura en el artículo 29.1.c) del decreto, también literalmente.

Las declaraciones de Feijóo el domingo no aportaban ninguna propuesta alternativa a las medidas del Gobierno ni aventuraban indicio alguno de una posición común en el PP más allá de ofrecer "diálogo" y reclamar una Conferencia de Presidentes autonómicos para tratar el asunto. Así que cada consejero del PP llegó a la reunión del lunes con su propio guión.

Según informa Europa Press, Andalucía pidió retirar no todo el decreto, sino sólo las medidas del Capítulo I del Título V -"Fomento del ahorro y la eficiencia energética"-, propuso no incidir tanto en las imposiciones y sanciones a las empresas sino en más "incentivos y recomendaciones", y advirtió de que cualquier estrategia de reducción del consumo debe tener en cuenta la "idiosincrasia" de la comunidad.

En eso coincidió con Murcia, que abogó por que sean los técnicos "los que fijen criterios como la temperatura, dependiendo de la actividad empresarial y la situación territorial", pero no con Madrid, cuyo Gobierno anunció que recurrirá el decreto ante el Tribunal Constitucional, aunque no por su contenido sino por, presuntamente, invadir competencias autonómicas. La consejera de Medio Ambiente de Ayuso tampoco aclaró si recurrirá sólo el Capítulo I del Título V, del que se quejan Murcia y Andalucía, o toda la ley al completo.

En cuanto a Castilla y León, su representante instó también a promover incentivos en vez de sanciones en materia de ahorro energético, pero añadió como nueva propuesta "apoyar a las industrias electrointensivas", es decir las que más energía consumen.

La parte popular del Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco no se pronunció sin embargo sobre la intención de su socio, Vox, de proponer un plan de soberanía energética para las dos regiones "exento de toda imposición climática por parte de organismos supranacionales". Es decir, de la Unión Europea. Vox también propone derogar todas las leyes contra el cambio climático y sus consecuencias que, a su juicio, han "hipotecado" la producción energética, y, como Ayuso, recurrir el real decreto ante el Tribunal Constitucional.

Ni el PP castellano-leonés ni Feijóo se han pronunciado sobre si apoyan o no esa iniciativa. Tampoco el sucesor del líder popular en Galicia, Alfonso Rueda, quien lo que defiende es celebrar una Conferencia de Presidentes sobre el plan de ahorro, como su predecesor. A medio camino entre la postura de Ayuso y de Feijóo , Rueda animó a consensuar "un texto lo más operativo y eficaz posible para que todos podamos cumplirlo"