La investidura del Gobierno a principios de enero había puesto en marcha el motor legislativo del Congreso, afectado desde 2016 por una sequía legislativa sin precedentes. Sin embargo, tras superar la inestabilidad política que paralizaba las reformas, al trabajo parlamentario le ha salido otro enemigo: la crisis del Covid-19.
El coronavirus ha logrado paralizar la mayor parte de la actividad del país, y la Cámara Baja no es una excepción.

El ritmo que el Congreso había cogido a principios de año es hoy un espejismo que contrasta con la parálisis de un hemiciclo en servicios mínimos y con todos sus esfuerzos centrados en la emergencia sanitaria y sus consecuencias económicas.

El Gobierno logró aprobar, antes de la irrupción del coronavirus, importantes medidas en forma de decretos, como la actualización de las pensiones de acuerdo al IPC para este año o la subida del salario de los funcionarios. Además, se habían empezado a tramitar en la Cámara reformas como la despenalización de la eutanasia y se habían aprobado cuestiones como el primer plan de igualdad de la historia de las Cortes.

Asuntos como la despenalización de la eutanasia o la reforma del sistema de pensiones estaban marcadas como 'urgentes' en la agenda parlamentaria y se esperaba una tramitación más o menos rápida, entre otras cosas, debido a los amplios consensos que suscitaban entre los grupos parlamentarios.

A mediados de febrero el Pleno del Congreso admitió a trámite la ley de eutanasia, con más de 200 votos a favor, 140 en contra y dos abstenciones. La sesión plenaria sirvió para ver el rechazo frontal del PP y de Vox, que llegaron a calificar la ley de una "solución final" para "ahorrar en pensiones"; pero también sirvió para ver que, más allá de los matices, el resto de la Cámara (incluido Ciudadanos), apostaba decididamente porque España despenalizara esta práctica.

El Gobierno y el PSOE le dieron prioridad a esta norma, de hecho fue la primera proposición del Grupo Socialista que se llevó al Pleno, y la previsión era tenerla lista lo antes posible. Uno de los principales motivos es que en la XII Legislatura (2016-2019) PP y Cs habían utilizado su mayoría en la Mesa del Congreso para bloquearla, y ya se había intentado sacar adelante hasta en dos ocasiones.

Además de la despenalización de la eutanasia, la proposición incluye otras reformas, como su inclusión en el Sistema Nacional de Salud (por lo que esta práctica se financiará con fondos públicos) o la creación de un registro de sanitarios objetores de conciencia, que se pueden negar a llevarla a cabo.

Otra de las reformas que parecía empezar con buen pie en el Congreso era la de las pensiones. Tras el fracaso del anterior Pacto de Toledo a raíz del adelanto electoral del 28 de abril de 2019, los grupos coincidían en la necesidad de empezar a trabajar sobre los consensos alcanzados (en este ciclo político se llegó a cerrar una buena parte de las denominadas recomendaciones).

Un acuerdo sobre pensiones antes de final de año

La comisión del Pacto celebró entre febrero y marzo varias reuniones, y se llegó a dar el pistoletazo de salida de los trabajos con la comparecencia del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. El propio ministro dejó claro durante su intervención que la intención del Gobierno era tener un nuevo sistema de pensiones cuando llegara la próxima actualización de las pagas, es decir, en enero de 2021.

Esto obligaba al Pacto de Toledo a cerrar sus recomendaciones en los próximos meses, ya que después de su aprobación definitiva en el Congreso se dará paso a una negociación entre el Gobierno y los agentes sociales (sindicatos y patronal), que serán los encargados de articular la reforma definitiva, en base a las recomendaciones parlamentarias.

Escrivá apuntó en su comparecencia a varias cuestiones que el Ejecutivo quiere introducir en la futura reforma, como fórmulas para penalizar la jubilación anticipada (para que la edad efectiva de jubilación se aproxime en mayor medida a la edad legal) o incentivos para los planes de pensiones de empresa (con el objetivo de que vayan sustituyendo a los planes privados individuales).

El Congreso ha cesado la actividad de todas sus sesiones parlamentarias (Plenos y comisiones) durante al menos 15 días, pero es muy probable que la parálisis se prorrogue hasta que no desciendan los contagios y los fallecimientos a causa del Covid-19. La Cámara Baja solo ha abierto sus puertas para la comparecencia de Pedro Sánchez el pasado miércoles, precisamente para rendir cuentas sobre el estado de alarma decretado por la emergencia sanitaria.

Está previsto que se celebre otra sesión plenaria, el miércoles de la próxima semana, pero también estará centrada en gran medida en el coronavirus. Todas las demás reformas pendientes, incluidas las que se consideraban más urgentes hace apenas unas semanas, han pasado a un segundo plano, y es poco probable que su tramitación pueda finalizar antes de final de año.

Además, en su comparecencia en el Congreso para explicar el estado de alarma, Sánchez anunció que, tras superar la emergencia sanitaria, el Gobierno llevaría a la Cámara unos Presupuestos de "reconstrucción social". El trámite presupuestario tiene prioridad sobre cualquier otro trámite o proceso parlamentario, por lo que, seguramente, cuando se supere la crisis del Covid-19, el Congreso se centrará hasta final de año en la aprobación de unas cuentas.