Cs pretende que la Policía pueda entrar en los centros sociales ocupados sin orden judicial

Una de las enmiendas de Ciudadanos a la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, puede significar el fin de los centros sociales ocupados autogestionados porque, según varios expertos consultados por Público, allana el terreno a la Policía para desalojarlos cuando no exista un delito flagrante. Así se desprende de los objetivos que el partido naranja se ha marcado como líneas generales en sus enmiendas. Su idea es que si el propietario de "una vivienda u otras edificaciones que no revistan la condición de domicilio" denuncia una ocupación y "existen indicios de que se está empleando con fines delictivos", las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan "entrar, registrar e identificar a los ocupantes". 

El quid de la cuestión está en que Ciudadanos no habla de inmuebles en los que habita gente porque permitir a la Policía entrar en un domicilio sin una resolución judicial y basándose únicamente en indicios violaría el artículo 18 de la Constitución: "El domicilio es inviolable; ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito". De hecho, la Ley Corcuera —también conocida como ley de la patada en la puerta— pretendió permitir a los policías entrar y registrar un domicilio sin autorización del juez cuando persiguieran delitos de narcotráfico, pero el Tribunal Constitucional anuló ese precepto. 

Cs defiende que la Policía pueda registrar un inmueble sin orden judicial a partir de "indicios" y no de "un delito flagrante", como sucede hasta ahora

El partido naranja habla de "viviendas u edificaciones que no revistan condición de domicilio". ¿En qué viviendas no vive gente? Según Jaime Montero, profesor de Derecho Penal en el Centro de Estudios del Ilustre Colegio de abogados de Madrid, Ciudadanos se refiere a los narcopisos (inmuebles vacíos, propiedad de entidades financieras o fondos de inversión) y, especialmente, a los centros sociales ocupados autogestionados. "Sin decirlo explícitamente, Ciudadanos pretende que la Policía pueda entrar en un centro social ocupado sin una resolución judicial cuando no existe un flagrante delito", insiste Eric Sanz de Bremond, abogado de Red Jurídica. 

La enmienda de Ciudadanos habla únicamente de "indicios de que [la vivienda] se está empleando con fines delictivos". Sin embargo, el delito flagrante significa que se está ejecutando en ese preciso instante. De hecho, los activistas del Patio Maravillas de Madrid denunciaron en 2016 que en sus dos intentos de ocupación tras ser desalojados de la calle Pez, los agentes de Policía entraron en los inmuebles sin mostrar ninguna orden judicial.

Enmiendas sobre la acción policial en manifestaciones

Entre las 120 enmiendas de Unidos Podemos a la Ley de Seguridad Ciudadana, destacan la petición de que se regule por ley la prohibición del uso de pelotas de goma por parte de la Policía (como también pide ERC) y de obligar a los agentes a avisar en las manifestaciones de que van a cargar. El grupo parlamentario pretende también modificar la Ley de Reunión para que no sea motivo de disolución haber comunicado con menos de 24 horas de antelación la convocatoria de una manifestación y reducir de seis a dos horas el tiempo de estancia en comisaría para identificar a una persona cuando no se ha podido hacer con ningún documento en el momento.

Unidos Podemos  y ERC quieren prohibir por ley el uso de las pelotas de goma por parte de la Policía

ERC, por su parte, ha presentado una decena de enmiendas, la mayoría centradas en la actuación de las fuerzas de seguridad, que los ciudadanos podrán grabar en la calle para evitar "los abusos policiales" de los últimos tiempos con la confiscación de cámaras. La ley mordaza tipifica como infracción grave —multa de 600 a 30.000 euros— el uso no autorizado de imágenes o datos de los agentes que pueda poner en peligro su seguridad personal o profesional. En las enmiendas, ERC quiere que la nueva ley obligue a elaborar un protocolo específico sobre la "gestión policial" en manifestaciones, en el que además se regule el uso de la fuerza, del material antidisturbios así como los sistemas de rendición de cuentas sobre cada intervención.

El grupo independentista también pretende que los actos violentos no sean en sí mismo una causa para disolver una manifestación y que "bajo ningún concepto" las fuerzas de seguridad puedan requisar o limitar la exhibición de banderas u otros símbolos salvo aquellos cuya exhibición supongan la comisión de un delito de incitación al odio, con el objetivo de "evitar la criminalización de la estelada". 

Finalmente, El PNV ha presentado una sola enmienda al proyecto de reforma de la ley mordaza, por la que propone que se expulse a los extranjeros que pongan en riesgo las infraestructuras básicas e interfieran gravemente en su funcionamiento. Los nacionalistas pretenden que cuando los autores de conductas que atenten contra esas infraestructuras (puertos, aeropuertos, centrales nucleares, servicios de suministro y distribución de agua, gas, electricidad y combustible, y las infraestructuras de telecomunicaciones) sean extranjeros, no se les aplique la sanción prevista en la ley, sino que "en atención al principio de proporcionalidad", se les aplique la expulsión de España.