Casi 60 jueces decanos de toda España han denunciado en un comunicado la "generalizada inquietud" que existe en la carrera judicial a causa de la investigación secreta mantenida durante más de un año contra el magistrado Manuel Ruiz de Lara, juez Mercantil 10 de Barcelona y portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, y donde podrían no haberse respetado sus garantías constitucionales, como son los derechos de audiencia y defensa.

La investigación secreta fue revelada por Público el pasado 22 de febrero y duró un año y tres meses: fue abierta el 22 de mayo de 2015, fecha del primer documento sobre el juez, quien no fue informado hasta el 2 de agosto de 2016 de la existencia de estas diligencias informativas.

Los decanos expresan su preocupación ante esta noticia sobre la tramitación por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "de unas diligencias informativas que se han mantenido en secreto durante más de un año, en las que podrían no haberse respetado garantías constitucionales fundamentales del juez investigado como los derechos de audiencia y defensa, lo que ha hecho surgir la duda acerca de la posible existencia de otros expedientes tramitados en similares condiciones. Lógicamente -añaden- ello ha provocado una generalizada inquietud en la carrera judicial".

"Ante la gravedad de tales hechos" los jueces decanos firmantes del comunicado se adhieren a los comunicados críticos con esta actuación disciplinaria del CGPJ y que han sido difundido todas las asociaciones judiciales: Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente.

Los únicos elegidos por voto directo

Los decanos son los únicos cargos gubernativos elegidos por sufragio directo entre sus compañeros de territorio, de ahí la importancia de este comunicado porque se suma a los difundidos por las asociaciones judiciales y expresa la inquietud real que existe entre más de 5.000 jueces y magistrados ejercientes ante esta investigación secreta.

El comunicado ha sido firmado por los jueces decanos de la Audiencia Nacional, así como por decanos de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Málaga, Palma de Mallorca, Granada, Las Palmas de Gran Canarias, Alicante, Santander, Oviedo, Vitoria, Córdoba, Murcia, A Coruña, Valladolid, Burgos, Cádiz, Pamplona, León, Logroño, Castellón, Albacete, Cáceres, Jaén, Badajoz, Lugo, Soria, Melilla, Guadalajara, Toledo, Almería, Ourense, Palencia, Jerez, Elche, Algeciras, Vigo, Móstoles, Getafe, Torrente, Arganda del Rey, Gandía, Torrejón de Ardoz, Hospitalet de Llobregat, Fuenlabrada, Pozuelo de Alarcón, Alcorcón, Colmenar Viejo, Reus, Alcobendas, Alcalá de Henares, Coslada, Torrelaguna, Collado Villalba y Valdemoro.

"Esos informes, ¿quién los hace?"

El informe mantenido en secreto durante más de un año fue realizado a petición de la jefa del servicio de Inspección del CGPJ, Esperanza Córdoba Castroverde, hermana del magistrado del Tribunal Supremo Diego Córdoba Castroverde. Y a instancia de Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del TS.  Los Córdoba Castroverde son amigos personales de Lesmes,

El juez Ruiz de Lara fue interrogado el pasado viernes,  24 de febrero, por el encargado de sancionar a los jueces: Antonio Fonseca-Herrero, Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ.

Fonseca-Herrero preguntó en varias ocasiones al juez sobre quiénes son los autores que realizan los informes críticos de la Plataforma, donde se cuestionan diversos nombramientos del CGPJ para la cúpula judicial.

"Esos informes ¿quién los hace?", preguntó Fonseca-Herrero, quien dedicó ocho minutos de los 57 minutos que duró el interrogatorio a tratar de conocer cómo se elaboraban y aprobaban estos estudios.

Ruiz de Lara le aclaró que él era el portavoz de esta Plataforma -integrada por jueces, fiscales, notarios, abogados y otros juristas- y que los autores querían permanecer en el anonimato. También fue preguntado por los estudiantes que él patrocinó con dinero de su bolsillo para que participaran en una liga de debates entre universitarios.

Tres días después de difundir un vídeo

La citación a Ruiz de Lara llegó tres días después de que la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial difundiera un vídeo en el que denunciaba la politización de la justicia y el "pasteleo" entre los partidos para repartirse los vocales del CGPJ.

El Consejo es el órgano constitucional encargado seleccionar, formar y sancionar a los jueces, además de inspeccionar los juzgados. Tras la reforma del Gobierno del PP, todo este poder ha sido concentrado en Carlos Lesmes, su presidente, quien lo ejerce a través de la Comisión Permanente.

Un juez incómodo

Manuel Ruiz de Lara es uno de los jueces españoles que ha llevado a la justicia europea cuestiones prejudiciales en defensa del consumidor.

Este juez logró que el Tribunal Supremo obligara al CGPJ a sacar la plaza que ahora ocupa en el juzgado mercantil de Barcelona. La sentencia concluyó que el órgano constitucional había actuado arbitrariamente y sin estar guiado por el interés público al no haber convocado este concurso, cuando la plaza llevaba tiempo libre.