El catastro es un registro oficial inmobiliario que depende del Estado y es tan antiguo como los babilonios o la Grecia clásica, no en vano nació para dar seguridad jurídica a los propietarios de las tierras.

De ahí que la noticia de que una red operaba dentro del Catastro para robar fincas y ponerlas a la venta haya hecho saltar las alarmas en Canarias desde que en 2015 se conocieron las primeras detenciones.

La Guardia Civil ha detenido en los últimos días a 17 personas, la mayoría en Las Palmas, entre las que figuran dos notarios, así como abogados, gestores inmobiliarios y funcionarios del catastro. Se calcula que la supuesta organización criminal ha podido robar propiedades por valor de 13 millones de euros.

La banda seguía el siguiente patrón: realizaba inscripciones catastrales, protocolos notariales y contratos privados falsos de compraventa para quedarse con las propiedades y los solares. Después, la organización elevaba a público los traspasos de las fincas y ocultaba la operación a los verdaderos propietarios.

La mayoría de los detenidos son de la provincia de Las Palmas, en un caso que ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que ha coordinador la operación.

Los últimos detenidos, de 11 hombres y 6 mujeres, fueron arrestados en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Palma de Mallorca y Ávila entre los pasados meses de febrero y marzo.

Funcionarios del Catastro

La desarticulación de esta trama, en la operación denominada Atino, se ha llevado a cabo por la policía judicial de la Guardia Civil, tras denunciar en 2015 una persona un intento de usurpación de una propiedad ubicada en Fuerteventura mediante la alteración de los datos catastrales, al conocer la operación Lindes que se saldó con la detención de tres funcionarios del Catastro en Las Palmas de Gran Canaria.

Los integrantes de esta trama son investigados por los supuestos delitos de falsedad documental, integración en grupo criminal, blanqueo de capitales, coacciones, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, infidelidad en la custodia de documentos y cohecho, según la nota difundida, que precisa que las propiedades afectadas están valoradas en más de 13 millones de euros.

Tras la citada denuncia de 2015, se detectaron irregularidades en cambios de titularidad de propiedades que efectuaba un funcionario del Catastro de la provincia de Las Palmas que colaboraba supuestamente con una gestoría dirigida por un funcionario en excedencia de este departamento, y dos ramificaciones de la trama en Lanzarote y Fuerteventura que actuaban de forma autónoma.

Manejaban información privilegiada

Según la Guardia Civil, la red redactaba documentos de compraventas privadas y notariales fraudulentos, al objeto de arrebatar las propiedades inmuebles (fincas rústicas en su mayor parte y también urbanas) a sus propietarios para incorporarlos al patrimonio de los integrantes o venderlos a terceros.

Para la selección de las propiedades, se estima que el grupo manejaba información privilegiada obtenida ilícitamente de bases de datos catastrales, señala la nota, que precisa que entre los perjudicados localizados figuran 23 colectivos tanto instituciones como asociaciones (familiares o del ámbito privado) y 21 particulares.

Cuarta fase: detención de los notarios

No obstante, la Guardia Civil no descarta que haya más perjudicados debido al tiempo que ha estado operando esta trama, que se ha desarticulado en cuatro fases, desde la primera operación iniciada el pasado 14 de febrero en Fuerteventura, en la que se detuvo a cuatro personas supuestamente implicadas y la cuarta y última llevada a cabo en marzo en Las Palmas de Gran Canaria.

En esta cuarta y última fase se detuvo en Palma de Mallorca el día 15 a una persona relacionada con la rama de Fuerteventura y que había cambiado previamente su residencia; el 21, se arrestó en Ávila al primer notario supuestamente implicado, que había ejercido en Fuerteventura, y el 23, al segundo, que fue detenido en Lanzarote.

La última detención se llevó a cabo el pasado día 28 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria, señala la nota, que precisa que la Guardia Civil ha contado con la colaboración de la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda para desarticular esta red criminal.

En la Operación Atino que ha desarticulado esta organización que robaba propiedades en el Catastro han trabajado los equipos de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Las Palmas, Puerto del Rosario y Costa Teguise; el núcleo de Reserva de la Comandancia; el Servicio Cinológico; la Unidad de la Comandancia de Baleares y el Grupo IV de Inteligencia Financiera de Madrid, también de la Guardia Civil.