Elecciones generales El Gobierno pretende tumbar la última reforma laboral del PP antes de las elecciones

El Gobierno planea revertir aspectos de la reforma laboral del PP de 2012 vía Real Decreto Ley antes de las elecciones generales, así como sacar adelante otros cambios en materia laboral como la ampliación del permiso de paternidad o el establecimiento de un control de la jornada en las empresas.

Lo confirman fuentes gubernamentales después del rechazo a los Presupuestos Generales del Estado para 2019 -en los que se incluían algunas de estas medidas- y de la convocatoria anticipada de elecciones generales que hará decaer otras medidas que estaban en tramitación parlamentaria.

Tras el no a las cuentas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, consideraba esta semana "complicado" gobernar vía Decreto Ley, si bien no descartaba utilizarlos para aprobar algunas medidas en las que trabajaba el Gobierno.
"Daremos soporte a los Departamentos Ministeriales para que puedan desarrollar los flecos de las políticas que en este momento estaban culminando su tramitación o aquellas cuestiones que sean de urgente necesidad", dejaba claro la ministra, al tiempo que aludía a "un margen pequeño" de cambios en las cuentas prorrogadas.

En este sentido, el ministerio de trabajo rescatará algunos asuntos que iban en los Presupuestos para 2019 rechazados, como la ampliación del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas, la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años o la cotización para cuidadoras no profesionales de personas dependientes.

Junto con estas medidas, el Gobierno planea revertir algunos puntos de la reforma laboral de 2012 -cuya tramitación a través de una proposición de Ley estaba muy adelantada en el Congreso-, que incluyen la subcontratación, y la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos (prórroga automática indefinida).

Aprovechar "los viernes" para cambios electorales

Además, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa "en algunos aspectos" y la implantación de un control horario de la jornada.

El establecimiento de un registro horario en las empresas ha sido solicitado en numerosas ocasiones por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ante la imposibilidad a la que se enfrenta para detectar contratos a tiempo parcial fraudulentos o horas extra que no se pagan o no se cotizan.
Que salga adelante esta iniciativa es y ha sido el "plan A" del Gobierno, que nunca ha escondido tener un "plan B" con el beneplácito de los sindicatos para sacar adelante estos cambios laborales.

En esta línea, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, instaba esta semana al Gobierno a aprovechar "los viernes" que quedan de Consejos de Ministros antes de las elecciones para sacar adelante cambios laborales.

Para el líder de CCOO es fundamental revertir los efectos de las reformas y, en concreto, ha recordado el pacto alcanzado con el Ministerio de Trabajo para atajar la subcontratación, evitar la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, establecer un control de la jornada y permitir el subsidio a partir de 52 años.
Pero también derogar el factor de sostenibilidad de la reforma de las pensiones de 2013, que ligaba la pensión inicial a la esperanza de vida, e introducir un nuevo índice de revalorización vinculado al IPC, llevando este "acuerdo político" a la Ley General de la Seguridad Social.

En este sentido, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, aseguraba que está muy avanzada y "en puerta de salida" la derogación de la reforma de las pensiones, ya que la indexación por ley de las pensiones al IPC "está ultimada".
El Decreto Ley del pasado 28 de diciembre, con el que se revalorizaron las pensiones para 2019, incluía inicialmente la derogación del índice de revalorización de las pensiones (IRP) del PP, que ligaba su subida a la situación financiera del sistema y solo garantizaba un incremento mínimo del 0,25 % anual mientras la Seguridad Social estuviera en déficit.

Finalmente se sacó de la norma la fórmula que obligaba a subir las pensiones a comienzos de cada año de acuerdo a la variación media prevista del IPC, teniendo en cuenta las inflaciones anuales de cada uno de los meses comprendidos entre diciembre del año anterior y noviembre del ejercicio en que se aplica la revalorización.

Esta fórmula podría recuperarse también a través de un Decreto Ley antes de que lleguen las elecciones, según fuentes sindicales.