Las relaciones entre PSOE y ERC atraviesan el momento más delicado desde el inicio de la legislatura y, con el paso del tiempo, lejos de mejorar, la brecha se abre. El Pleno de este jueves podría haber supuesto un gran paso de acercamiento entre ambos socios condenados a entenderse dada la aritmética parlamentaria, pero las explicaciones "insuficientes" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el caso Pegasus, y la votación de la ley audiovisual, pactada previamente con los republicanos y que al final ha salido adelante gracias a la abstención del PP, han evidenciado un nuevo alejamiento.

Más de un mes después de que estallara el caso de espionaje masivo a dirigentes y activistas independentistas, que también ha afectado a la cúpula del Ejecutivo, Sánchez ha comparecido este jueves en el Congreso en un pleno monográfico para rendir cuentas. Durante su intervención, el líder del Gobierno ha vuelto a anunciar la aprobación de una nueva ley de secretos oficiales, que sustituirá a la aprobada durante la dictadura en 1968, y la reforma de la ley orgánica reguladora del control judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Asimismo, ha reiterado su apuesta por el diálogo en Catalunya y ha ofrecido al Govern de la Generalitat retomar la mesa bilateral. "El camino no estará exento de dificultades pero no será excusa para renunciar al diálogo, y los problemas que surjan se resolverán mediante más diálogo", ha señalado en aras de dejar claro su compromiso de "consolidar el reencuentro, y construir la concordia y la convivencia".

Sin embargo, ha puesto en duda la metodología del informe de Citizen Lab que recoge el espionaje de 65 independentistas, limitándolo a solo 18 y señalando que la gran mayoría de las intervenciones "lo han sido por actores desconocidos completamente ajenos a la administración española, como fueron igualmente infectados los teléfonos de los miembros del Gobierno".

También, pese a reconocer que hubo una "policía patriótica" bajo el mandato de los dos últimos Gobiernos del PP de Mariano Rajoy, ha negado la existencia en la actualidad de las cloacas del Estado y ha asegurado desconocer las decisiones operativas del CNI, sobre las que "tampoco decide". Todo ello ha provocado el enfado de sus socios, incluso de Unidas Podemos, que han mostrado su descontento por la intervención del presidente.

En este contexto, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha reprochado a Sánchez: "¿Qué ha venido a hacer hoy aquí?". Asimismo, ha planteado al presidente del Gobierno cuestiones que, en su opinión y en la de otros grupos, aún no han sido resueltas. "¿Qué amenaza representaban los espiados?", "¿qué amenaza representaba Pere Aragonès?", "¿por qué le espiaban mientras negociaba la investidura?", "¿quién espió al resto de personas?", "¿por qué viene prometiendo un mayor control judicial para el CNI cuando el mayor control es el presidente del Gobierno?".

Por último, además de volver a apuntar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, Rufián ha dejado claro que el Ejecutivo no está dando los pasos adecuados para reconducir esta crisis y que no basta con las reformas legales anunciadas por Sánchez ni con el cese de Paz Estaban al frente del CNI. Tampoco ayuda el rechazo del PSOE el pasado martes a investigar en el Congreso cloacas del Estado a raíz del caso Pegasus, un veto que se suma al de hace varias semanas sobre otra comisión de investigación en este sentido.

La ley audiovisual ahonda la brecha

Esta tensión reflejada durante la comparecencia del presidente se ha repetido horas más tarde a colación del debate de la Ley General de Comunicación Audiovisual. El Ejecutivo pactó la norma saliente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital con los republicanos en el marco de la negociación de los Presupuestos de 2022, pero un cambio introducido a última hora por los socialistas (abre la producción independiente a grandes corporaciones) ha provocado el rechazo de ERC al dictamen en la votación de este jueves.

Finalmente, el PSOE ha contado con el comodín del PP, cuya abstención ha salvado la ley. Este cambio de aliados ha ahondado el enfado de los republicanos, que siempre han advertido de las tentaciones de los de Pedro Sánchez de mirar a su derecha. "Han dinamitado el acuerdo con nosotros para esta ley, un acuerdo que nos costó mucho y a muchos, que defendimos hasta el final y se han cargado", ha señalado el diputado de ERC Joan Margall.

La votación de la reforma laboral a principios de febrero quebró los cimientos del bloque de la investidura, ya que ERC, PNV y EH Bildu votaron en contra de una de las normas estrella del Ejecutivo. Sin embargo, ante los retos pendientes de la legislatura, estas fuerzas y el propio partido catalán achacaron las tensiones en la negociación a una cuestión puntual.

Pero el estallido del caso Pegasus ha disparado esas tensiones habituales entre el PSOE y ERC hasta el punto de llevarlas al extremo y, pese a que estos últimos mantienen que seguirán negociando "ley a ley", fuentes gubernamentales trasladan que la "complejidad" de negociar las iniciativas parlamentarias con el partido independentista ha aumentado desde entonces.

De hecho, esta situación ya afectó a las conversaciones para la convalidación del decreto-ley anticrisis, una medida que se salvó por la mínima y que también contó con el no de ERC. La tensión vivida este jueves evidencia nuevamente el distanciamiento entre ambas fuerzas, aunque por delante quedan otras negociaciones pendientes de resolverse, como la reforma de la ley mordaza o la ley de vivienda, para las que los republicanos seguirán siendo esenciales.