Etxerat denuncia que un 'lobby' político-judicial busca frenar los cambios en política penitenciaria

La política de excepción aplicada durante más de 30 años contra los presos vascos vive un vertiginoso final, marcado por las acciones de quienes buscan mantener activas aquellas medidas penitenciarias. Casi once años después del cese definitivo de la violencia, la asociación Etxerat, integrada por familiares de presos, advierte sobre la existencia de un entramado que intenta frenar cualquier avance.

Los últimos acercamientos de presos a cárceles vascas, decretados por Instituciones Penitenciarias en el marco de la aplicación de la legalidad ordinaria, han vuelto a despertar furibundos ataques de la derecha y ultraderecha –PP y Vox han coincidido en sus ataques al ministro Fernando Grande-Marlaska–, así como de algunas asociaciones de víctimas de ETA e, incluso, de asociaciones policiales afines a la ultraderecha.

"Hay un lobby que presiona para dificultar un cambio de política penitenciaria que tendría que haberse producido hace mucho tiempo. Quieren obstaculizar o presionar para retrasar ese cambio o incluso evitar que se produzca", afirma Gorka García, coordinador general de Etxerat.

Xochitl Karasatorre, portavoz de esta asociación, advierte por su parte que esos acercamientos "no son beneficios, sino derechos". "Todos los presos tienen derecho a estar en el lugar más cercano a su familia, pero esto se ha negado durante más de 30 años a los presos por motivación política", subrayó. 

"Posición obstruccionista"

La existencia de ese lobby ha sido denunciada también por el Foro Social, una organización que trabaja para consolidar el nuevo escenario de paz en Euskadi.  "La posición obstruccionista de determinados jueces de la Audiencia Nacional y del lobby que les apoya está llevando a un choque de trenes, cada vez más evidente, entre dos maneras de concebir la política penitenciaria", afirman Agus Hernán y Nazario Oleaga en un artículo publicado en Viento Sur.

Ambos representantes del Foro Social sitúan, por un lado, "la visión punitivista de jueces de la Audiencia Nacional" y, por otro, la apuesta por "políticas de reinserción, impulsada por el Gobierno Vasco y apoyada por el 91% del Parlamento Vasco".  

Según datos de Etxerat, a día de hoy existe 180 presos –26 mujeres y 154 hombres– encuadrados en el EPPK (Colectivo de Presos Políticos Vascos), de los cuales 134 están en prisiones de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, 31 en cárceles del Estado español y otros 15 en prisiones francesas.

Actualmente hay 47 presos que han cumplido ya las tres cuartas partes de la condena y, por tanto, "podrían estar ya en libertad condicional". Asimismo, la mayoría de los presos está en segundo grado: hasta ahora solo 28 han accedido al tercer grado y hay cinco sin clasificar.

"Reclamamos que dejen de aplicar la política de excepcionalidad contra nuestros familiares, de tal forma que puedan tener acceso a derechos penitenciarios como progresiones de grado, permisos de salida o libertades condicionales. Eso es lo que desde algunos sectores se está intentando obstaculizar", añadió García.