El Partido Popular, a todos los niveles, ha asumido que las consecuencias que puede tener la maniobra política y judicial para frenar  la reforma del Código Penal serán "enormes". Si, como pretende Alberto Núñez Feijóo, la mayoría conservadora se impone en el Constitucional y frena en el Senado la autonomía y potestad legislativa del Congreso -sede de la soberanía nacional- se abre un escenario tan incierto como excepcional en democracia. Un diputado popular resumía así el pasado jueves la esencia de lo que piensa el PP: "No sabemos qué pasará, pero esto hay que pararlo". 

Y lo hacía a la salida de un pleno muy duro -diríamos que especialmente duro sino fuera porque el clima de crispación que se vive en el Parlamento parece haber normalizado lo extraordinario- en el que se comparó el movimiento de la derecha política y judicial con el golpe de Estado del 23F. Un pleno que el PP trató de impedir hasta en dos ocasiones: primero a través del Constitucional, que pidió más tiempo, y después con una petición a la Mesa del Congreso. Vox y Ciudadanos se sumaron a este segundo intento de boicot al legislativo.

Una jornada de griterío y "política de brocha gorda", lamentaba un diputado con una década en el Parlamento a sus espaldas. Feijóo, que no es diputado, ejerció de espectador desde Génova.

La mecha que estallaría el jueves empezó a prender a última hora del miércoles, cuando se conoció que el Constitucional convocaría un pleno extraordinario para decidir sobre el recurso de amparo que había presentado el PP en el que pedía que se adoptase como medida "cautelarísima" la paralización de las dos enmiendas para reformar el Poder Judicial y la ley del propio TC. Es decir, que intervinieran el proceso legislativo e impidiesen el debate y la votación en el Congreso. 

Presentaron el recurso el miércoles por la mañana y el pleno se celebraba el jueves por la tarde. El Constitucional, con una mayoría conservadora caducada, movió ficha rápido, asombrando incluso a quienes les habían colocado en esa tesitura. Distintas fuentes del PP consultadas por este periódico coinciden al reconocer que les "sorprendió" la "urgencia" con la actuó el TC convocado una reunión de excepción el mismo jueves por la mañana.

Nadie calibró en Génova las consecuencias que tendría pedir al Constitucional que frenase la tramitación de la reforma de la ley que regula al propio tribunal. Según un diputado conservador, que no está en las filas del PP pero que comparte "la inconstitucionalidad de esto", intentar parar el proceso legislativo ha sido un "movimiento político audaz" pero "muy peligroso" e "inaudito" a todos los niveles. 

"Lo lógico", defiende, hubiera sido que presentasen un recurso de inconstitucionalidad una vez se hubiera aprobado la ley. O, al menos, que no hubieran solicitado medidas cautelarísimas. Como hizo el PSOE en 2003, cuando recurrió la reforma del Código Penal del PP con la que quería frenar el llamado plan Ibarretxe con la creación de un nuevo delito a través de la enmienda a una ley sin conexión. El TC amparó al PSOE, pero lo hizo ocho años después, porque los socialistas no trataron de impedir, vía TC, la tramitación legislativa. 

El PP de Feijóo sí lo ha hecho ahora y este lunes con su decisión el Constitucional puede llevar las reglas democráticas a un abismo del que el PP rechaza las responsabilidades políticas. Es más, sigue adelante en su ofensiva para parar la voluntad del Congreso y ha pedido a la Mesa del Senado que  suspenda la tramitación de la proposición de ley esgrimiendo que la ha aprobado el Parlamento.