Feijóo, Almeida y Ayuso pagaron 4,8 millones a un empresario vinculado a la Xunta que vendió mascarillas con sello falso

Días antes de que los avispados comisionistas de la empresa malasia Leno, Luis Medina y Alberto Luceño, contactaran con el Ayuntamiento de Madrid para ofrecerse a traer material sanitario, una empresa gallega firmaba cuatro contratos con el Consistorio para la provisión de mascarillas.

Sibucu 360 SL fue la primera en hacer negocio con el Ayuntamiento, el 20 de marzo de 2020. En total, 408.375 euros (IVA incluido) por 125.000 mascarillas quirúrgicas y 100.000 mascarillas FFP2, según ha podido comprobar Público.

Pero en los albores de la pandemia, no todos los trámites resultaron correctos. Sobre cuatro de los modelos de las mascarillas FPP2 distribuidas por Sibucu se decretaron otras tantas alertas sanitarias por riesgo para la salud de las personas. Según la empresa, fueron 80.000 mascarillas alertadas de un total de 80 millones que ha importado en estos dos años.

La alerta saltó desde el Servicio Galego de Saúde (Sergas) de la Xunta en mayo de 2020. El sello CE que llevaban las mascarillas no era legal, ya que habían sido certificadas por un laboratorio italiano que no estaba capacitado para hacerlo. La identidad de la persona que facilitó el contacto de esta empresa de A Coruña con el Ayuntamiento de Madrid aún es un misterio que el Consistorio no está dispuesto a desvelar; al haberse negado a responder a la pregunta en ese sentido de Público. 

La empresa no se dedicaba a la distribución de productos sanitarios, sino a la consultoría técnica e ingeniería. De hecho, está vinculada con la mercantil Moonoff SL, dedicada al sector de la iluminación, de la que Sibucu es la administradora única. Detrás de Moonoff, desde 2013, estuvo el empresario José Ramón García González, hasta que sus problemas con la Justicia le empujaron a abandonar la presidencia de la compañía en 2018, pero siguió presentándose socio inversor. La prensa gallega, de hecho, al comienzo de la pandemia vinculaba la llegada de mascarillas a Galicia con Moonoff y con la labor comercial de las empresas del grupo en Asia. 

Uno de los administradores de Sibucu, Diego Mata, en conversación con este diario, explica que en aquellos días iniciales de la pandemia, en marzo de 2020, recibió una llamada de alguien del Ayuntamiento de Madrid, pero ahora no recuerda su nombre. "Mi teléfono en aquel entonces circulaba por todos los sitios, recuerdo que el precio máximo que nosotros vendíamos las FFP2 era 2,5 ó 2,72 euros la unidad [Luceño y Medina las vendieron a 6 euros]. Se demostró que fuimos razonables con el precio y teníamos todo un equipo de trabajo en Asia, con toda nuestra experiencia", indica para explicar el éxito de la empresa en la distribución de mascarillas. 

Según la versión del administrador de Sibucu, las llamadas les llovieron en aquellos días por parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos de media España que buscaban desesperadamente hacerse con mascarillas para sus sanitarios, y en efecto, la empresa ha contratado con varias comunidades, incluso con el Gobierno de España. Pero uno de sus comerciales en aquella época ha confirmado a este medio que también buscaron el negocio y que tanto él como otros compañeros se dedicaron a contactar con empresas y organismos públicos para proponerles el suministro de material.

En aquellos momentos cuando Moonoff SL comenzó a importar mascarillas desde China --aunque las adjudicaciones públicas estaban a nombre de Sibucu-- el peso en aquellas operaciones de José Ramón García González, fundador de la tecnológica gallega Blusens, muy bien relacionada con la Xunta, era grande. Es un emprendedor muy conocido en Galicia y por el expresidente Alberto Núñez Feijóo, a quien ha acompañado en actos institucionales como notable empresario gallego. Así ha sucedido en varias ocasiones en las galas de la Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña, por ejemplo, donde el fundador de Blusens compartió mesa con la difunta Rosalía Mera, confundadora de Zara.

Un empresario polémico

José Ramón García González es un emprendedor de Santiago que se hizo popular tanto por sus primeros éxitos empresariales como por las polémicas judiciales que éstos levantaron. De hecho, fue condenado hace cuatro años a nueve meses de cárcel y a una multa de 615.372,75 euros como autor de dos delitos continuados de fraude tributario y falsedad documental.

Hace apenas unos meses un juzgado de Santiago ordenó abrir juicio oral contra él por un presunto delito contra la propiedad intelectual. El fiscal le pide un año de cárcel y 2,4 millones en concepto de responsabilidad patrimonial a él y varias de las sociedades en las que participa o participó.

Se le acusa junto con otras ocho personas de fabricar y comercializar un decodificador pirata que permitía el acceso a varias plataformas de contenidos de pago. Este medio ha intentado contactar sin éxito con García González a través de Moonoff SL, una empresa participada por Sibucu y que tuvo como socio inversor a García González hasta hace poco. 

Desde Sibucu 360 SL se desvinculan en la actualidad de José Ramón García González, aunque el registro mercantil indica que la sociedad sigue poseyendo el 30% de las participaciones de Magna Tecnology Sl, administrada por Visualiza Business, el holding propiedad de García González. Él mismo contaba a la prensa gallega en abril de 2020 que ya había traído a través de sus empresas 35 millones de mascarillas desde China a España. "Ya no tiene nada que ver con nosotros", apuntan desde Sibucu.

Cargamento de mascarillas de Moonoff, SL. — Cluster da Madeira de Galicia.

2,5 millones de la Comunidad de Madrid

No sólo el Ayuntamiento de Madrid, también el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contrató a esta empresa los primeros meses de la pandemia. Según el Portal de la Transparencia de la Comunidad de Madrid, fueron ocho los contratos tramitados por el procedimiento de emergencia los adjudicados a Sibucu, en su mayoría por la Consejería de Familia, Juventud y política Social. También la de Sanidad contrató la compra de mascarillas quirúrgicas y FFP2 para los hospitales de La Paz y Ramón y Cajal. En total, 2.432.630 euros ha desembolsado el Gobierno madrileño a esta sociedad.

Tanto desde el Ayuntamiento como desde la Comunidad de Madrid se han negado a contestar a las preguntas de este diario sobre las irregularidades detectadas en algunos de los lotes de mascarillas. Según Diego Mata, de Sibucu, esos lotes no alcanzaron a ninguna administración pública, sino sólo a farmacias en Galicia y en Madrid. 

1,5 millones de la Xunta de Galicia

En los primeros meses de la emergencia sanitaria, entre el 25 de marzo y el 26 de junio, el Sergas compró a Sibucu 2,3 millones de mascarillas -2 millones de tipo quirúrgico y 300.000 de tipo FFP2- por un total de 1.945.000 euros. Las compras se realizaron mediante cuatro expedientes tramitados por el procedimiento de emergencia, tal y como figura en un documento interno de la Dirección Xeral de Recursos Económicos al que ha tenido acceso Público. 

Al poco de la llegada de los primeros envíos de Sibucu, el Sergas detectó que cuatro lotes de mascarillas FFP2 estaban validadas por una empresa italiana, ENS Certificazione Macchine SRL, que no estaba autorizada para certificarlas. Aún así, Sibucu las distribuyó con el sello de marcado 'CE' que garantiza la adecuación de las condiciones de determinados productos a la legislación comunitaria.

El Instituto Galego de Consumo e da Competencia (IGCC) activó su primera  alerta el 18 de mayo y envió cartas a los clientes de Sibucu advirtiéndoles de que debían devolver el material o certificar su destrucción. Aún así, la Xunta siguió distribuyéndolo, e incluso hizo público que una de las empresas vinculadas a Sibucu y a través de las que operaba García González, Moonoff, había donado al Sergas otras 100.000 unidades -tantas como las que había entregado gratuitamente Inditex-, y que el Gobierno de Feijóo planeaba repartir entre personal sanitario y ayuntamientos.

Público ha pedido a la Xunta que valore por qué no inmovilizó las mascarillas que había comprado a Sibucu cuando detectó que llevaban un sello ilegal, pero fuentes del Sergas se limitaron a decir que "tras revisar los pedidos (...) ninguno de los modelos adquiridos (...) está afectado por las alertas del Insitituto Galego de Consumo". Parece improbable que sea así, teniendo en cuenta que el Sergas tramitó cuatro expedientes y que el Instituto Galego de Consumo alertó de que eran precisamente cuatro los que correspondían a lotes con sellos ilegales.

El Sergas tampoco ha dado explicaciones sobre por qué ninguno de los expedientes de compra a Sibucu aparece en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia. Por su parte, el IGCC ha asegurado que se le abrió un expediente sancionador el 21 de julio de 2020, por importe de 10.500 euros, "por vender sin cumplir con la documentación", pero que redujó la sanción porque Sibucu las retiró del mercado. Según fuentes de la empresa, la sanción quedó reducida a 600 euros. 

Sin embargo, Sibucu 360 niega que el lote afectado llegara a la Xunta: "Sibucu comunicó al organismo de Consumo dependiente de la Xunta el error detectado y esta procedió como corresponde a lanzar la alerta en los mecanismos habituales. Procedimos a su retirada para nuevo etiquetado puesto que las mascarillas cumplían con todas las exigencias de calidad, y en ningún caso presentaban peligro para los usuarios".

La empresa insiste en su inocencia. "Fue un fraude del laboratorio y no sé hasta qué punto no deberíamos haber exigido responsabilidades a Europa, no aquí, por permitir que ese laboratorio italiano estuviese publicando que tenía el alcance para hacer ese certificado cuando no lo tenía", explica Diego Mata.

Subvenciones prohibidas 

A pesar de que la sentencia que lo condenó a un año de cárcel en el 2017 vetaba expresamente a José Ramón García González el acceso a ayudas públicas entre febrero del 2017 y mayo del 2019, la Xunta de Feijóo concedió en 2018 a Moonoff a través de su Consellería de Emprego dos subvenciones por valor de 84.000 euros para mejorar la calificación profesional de sus trabajadores.

Poco después de concluir el período de veto judicial, la misma consellería le otorgó en noviembre del 2019 otra ayuda de 3.000 euros para la contratación de un empleado; y el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), otra en diciembre de 31.360 euros para incentivar la realización de acciones de promoción exterior.