Cada vez son menos los “casos aislados” de procesos electorales que no han quedado manchados por revelaciones de supuesta financiación ilegal en las campañas de los candidatos. 

El Partido Popular se ha beneficiado presuntamente de contabilidad irregular en al menos nueve elecciones generales y siete municipales y autonómicas desde su refundación en 1989, sirviéndose de cantidades provenientes de tramas de corrupción política con las que la justicia relaciona a muchos de sus altos cargos.

Aunque de dimensiones sin precedentes, el PP no está sólo en la comisión de delitos electorales. El ex-presidente de la Generalitat Artur Mas admitió en marzo que CDC empleó fondos derivados del 'caso Palau' para financiación electoral. También el PSOE se vio salpicado por sospechas de financiación irregular en varias ocasiones entre 1980 y 1990, entre las que se encuentra el denominado ‘caso Filesa’.  Tanto Unió Democrática de Catalunya como  el PNV emplearon en los años 90 recursos irregulares para sustentar sus campañas, en el marco de los llamados ‘caso Pallerols’ y ‘caso Tragaperras’ respectivamente.

Ante este escenario, cabe preguntarse si saltarse las normas que regulan las campañas no proporciona una ventaja competitiva que pone en entredicho la legitimidad de los resultados electorales. Es posible que los ciudadanos se pregunten: ¿se pueden llegar a invalidar unas elecciones por financiación irregular?

“En España la Ley Electoral General ni se plantea la posibilidad”, afirma José Carlos Cano, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). “La Junta Electoral General puede declarar nulidad en una mesa electoral o en una circunscripción, pero en ningún caso se contempla que se haga por falsa financiación”, añade.

En este sentido,  la profesora María de los Ángeles Garrote, que también imparte Derecho Constitucional en la UCM, explica a Público que, según la legislación electoral, sólo “irregularidades graves y severas en el desarrollo de la votación” pueden ser objeto de revisión y posible anulación de los comicios: “la manera de revisar las elecciones se centra en tres aspectos: censo, proclamación de candidatos y proclamación de electos. La financiación no es un motivo por el cual se pueda siquiera impugnar."

"El Tribunal de Cuentas vigila la legalidad de la financiación electoral. Si encuentra irregularidades, las Juntas y órganos correspondientes pueden imponer sanciones al partido infractor. Son multas", aclara la profesora de Constitucional. "En el caso de que se haya incurrido en delito se encargaría el Ministerio Fiscal. Es responsabilidad personal, y podría llegarse a castigar con pena de prisión de uno a cuatro años y multa de 12 a 14 meses", comenta. 

Frente a estas visiones positivistas, el catedrático de Constitucional de la UCM Germán Gómez Orfanel recuerda que “no hay una respuesta A o B.” “Para mí la clave es el artículo 23.2 de la Constitución: ‘[Los ciudadanos] tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos’”. Si se diese un caso de financiación irregular “tremendo, escandaloso, delictivo” se podría presentar un “recurso contencioso-administrativo frente al Tribunal Constitucional”, explica. “No está previsto, pero el principio constitucional de igualdad de oportunidades lo ampara", recalca. 

Además, se podría elevar un "recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo", apostilla el catedrático, al entender que una financiación ilegal de la campaña electoral muy cuantiosa podría vulnerar el Protocolo Adicional al Convenio de Roma, que garantiza el derecho a unas elecciones limpias. Este tribunal "no puede anular las elecciones como tal, pero podría solicitar a España que solucione el asunto", clarifica el docente.

Luis Bárcenas, Francisco Correa y Pabl Crespo en el juicio por la trama Gürtel /EUROPA PRESS

"Puedes sancionar al Barça, pero no suspender la Liga"

En lo que sí se ponen de acuerdo todos los expertos es en que, en la práctica, sacar adelante una medida así acarrearía más de un contratiempo.

Para empezar, las irregularidades "a veces se descubren muy tarde o a posteriori", explica el catedrático Germán Gómez. Los recursos judiciales tienen unos plazos establecidos y su duración podría superar incluso la de la propia legislatura.

"Pongamos el ejemplo de las últimas elecciones", sugiere Emilio Pajares, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III especializado en financiación de elecciones y partidos, "estamos en mayo de 2017, casi un año más tarde, y el Tribunal de Cuentas no ha publicado aún las cuentas, luego habría que poner en marcha el proceso de anulación". 

"Imaginemos que se anula el resultado de la elección de un parlamento un año o dos años después de las elecciones", elabora el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid Óscar Sánchez Muñoz, "¿qué pasaría con las leyes aprobadas por ese parlamento, también habría de declararlas nulas? ¿Habría que anular también la investidura del Presidente del Gobierno realizada por ese parlamento? ¿Habría que anular también todos los actos realizados por ese gobierno?"

"La legislación española sólo castiga irregularidades invalidantes que afecten a la distribución de escaños. El problema de la financiación es calcular cuántos escaños de diferencia supone", subraya Emilio Pajares. "Yo diría que es un imponderable", sostiene José Carlos Cano, "es difícil de baremar, de saber con certeza, incluso imposible."

Pajares indica que esta opción se contempla en Francia, donde los distritos son uninominales: "Cada candidato se hace responsable de su distrito. En el caso de que existiese financiación irregular, a ese candidato se le aparta de la Asamblea y se repiten las elecciones en esa circunscripción."

En España, donde los distritos son plurinominales, no es tan sencillo: "En España es el partido el que se encarga [de las campañas] a nivel nacional. Las cuentas son a nivel nacional y hay gastos a nivel nacional. ¿Qué elecciones se repiten? Para castigar al partido y que se quede sin escaños pierden los escaños todos los partidos. Incluso se podría dar que el partido infractor tuviera mejores resultados en la repetición de las elecciones", apunta el catedrático.

El profesor José Carlos Cano lo explica con fútbol: "Puedes sancionar al Barça, pero no suspender la Liga". Invalidando las elecciones todos los equipos sufrirían pérdidas. 

Además, la anulación afectaría a "los parlamentarios elegidos, que a lo mejor no han tenido nada que ver con la financiación", remata Pajares. "Es igual que los ciclistas que se dopan, no sé si me explico. Aquí no eliminamos a un sólo ciclista, es un partido político, si lo eliminamos invalidamos a todos sus candidatos y a todos sus votantes", reflexiona.

¿Si hay voto, ya hay democracia?

“El derecho de participación política y el sufragio universal son derechos de primer nivel”, justifica José Carlos Cano. “Tenemos que distinguir entre la pureza del proceso electoral (las garantías formales) y las cuestiones anejas como la financiación. La pureza de los resultados electorales es la manifestación de la participación política y tiene que prevalecer. Es tan relevante en asuntos públicos el derecho a voto que no se puede entrar en si los partícipes del proceso electoral han contravenido la Ley de financiación electoral”, asegura el profesor.

Fernando Oliván, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, que aboga por una interpretación radical de la Carta Magna, ofrece una postura diferente, planteando una solución a nivel político.

Oliván sostiene que “si el procedimiento quedó viciado por ilegitimidad” al valerse uno de los partidos candidatos de la ventaja competitiva de la financiación irregular, nos hallaríamos en una “situación de excepción”, por lo que “sería absolutamente posible que una mayoría parlamentaria con capacidad de decisión declarase la nulidad y exigiese la convocatoria de elecciones”, creando un nuevo mecanismo legal para ello, que iría “más allá de la moción de censura”.

En la práctica, requeriría que lo reclamase la mayoría absoluta del Congreso, cosa que “ahora mismo es posible, aunque hay algunos que tendrían que votar a favor que están tan contaminados como ellos por corrupción y terminan votando conjuntamente para salvar el pellejo”, critica.

Varios periodistas siguen las evoluciones del juicio por el expolio del Palau de la Música viendo la intervención del abogado Cristóbal Martín que ha arrancado en la Ciudad de la Justicia, ocho años después de que estallara el escándalo. EFE/Marta Pérez

“La ley no es la varita mágica que borrará la corrupción”

El profesor Emilio Pajares insiste en que esta conducta "no responde a que las leyes estén bien o mal hechas, los partidos políticos actúan así por mera desidia, por imprudencia o por corrupción." "Podemos plantearnos si se deben otorgar subvenciones públicas o no, si se deben permitir las donaciones de particulares o no", pero "la ley no va a ser la varita mágica que acabe con la corrupción", subraya. 

"Sí que estoy por la idea de proporcionar más medios al Tribunal de Cuentas y agilizar el proceso de sanción, y de que haya sanciones más graves", apunta María Ángeles Garrote.

En la misma línea, José Carlos Cano recalca: "lo que está claro es que hay que volver a retocar la ley de financiación de partidos". Para el profesor, "hay que hacer un esfuerzo de transparencia, más allá de lo que prevé la propia ley". José Carlos señala que no es suficiente con limitar la cantidad de las donaciones: "Se pueden hacer trampas mil, una compañía no puede donar más de 50.000 euros, pero a título individual todos sus directivos pueden donar 50.000 euros cada uno y eso sí está permitido", explica. "Lo más importante es que no sea anónima ni finalista. Y si se puede demostrar en algún momento que el donante ha recibido algo a cambio por parte del partido, que se devuelva el dinero y se anule el procedimiento de adjudicación".

Aunque se llegasen a invalidar las elecciones, el procedimiento llevaría tanto tiempo que tendría un "efecto relativo, más moral o simbólico que real", indica el catedrático de la Complutense Germán Gómez, aunque podría servir de "aviso a la opinión pública, eso también es importante". 

 Al final, son los ciudadanos los garantes últimos de la democracia. "Otra cosa son las responsabilidades políticas y que la opinión pública no sea tan permisiva con estas cuestiones como lo está siendo. Lo que resulta inconcebible es que los escándalos que se conocen prácticamente no tengan repercusión electoral.", valora el profesor Óscar Sánchez. "Esto es algo que la sociedad española debe hacerse mirar como sociedad. ¿Por qué la ciudadanía es tan permisiva con un partido que se ha demostrado que sistemáticamente ha hecho trampas? Es algo que no alcanzo a comprender", confiesa.