La Fiscalía se ha opuesto a conceder un permiso de tres días al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, para salir de la cárcel alegando su "falta de asunción de los hechos delictivos y ausencia de arrepentimiento" por el delito de sedición por el que el Tribunal Supremo le condenó a nueve años de prisión por el 1-O, según un escrito recogido por Europa Press.

La junta de tratamiento de la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), propuso la semana pasada un permiso penitenciario de 72 horas para Cuixart, salida que tiene que autorizar el juzgado de vigilancia penitenciaria.

De concederse, el permiso se sumaría a la salida de dos días que Cuixart realizó el 16 de enero, y que fue aprobada por el Servicio de Clasificación de la Conselleria de Justicia el 15 de enero.

El Ministerio Público se ha opuesto al permiso de 72 horas al considerarlo prematuro por el "escaso tiempo de cumplimiento en relación a la pena impuesta" y ha añadido que frustra los fines de la pena de prevención y rehabilitación.

Ha argumentado que, según jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los permisos son "posibilidades" y no derechos, y que no siempre se tienen que conceder, aunque se haya cumplido el primer cuarto de la pena y haya buena conducta.

En el caso de Cuixart, la Fiscalía ha destacado que cuando la junta de tratamiento hizo la propuesta de permiso de 72 horas "no solo no había cumplido la mitad de la condena (la misma está prevista para el 14/4/22), sino que hacía tan solo nueve días que había cumplido" el cuarto.

También ha remarcado que en su turno de última palabra ante el Tribunal Supremo, Cuixart manifestó que "lo volvería a hacer" y que no se arrepentía, y que, ya en la cárcel, ha publicado el libro Ho tornarem a fer (Lo volveremos a hacer).

Percepción "contraria" a la sentencia

En su escrito, la Fiscalía también ha recogido informes de los profesionales de Lledoners, y ha concluido que "la percepción del interno de que los hechos no fueron violentos es contraria a los hechos declarados probados en la sentencia condenatoria y especialmente con los actos protagonizados por el mismo aprovechando su indiscutida capacidad de liderazgo" y su condición de presidente de Òmnium el 20 de septiembre de 2017.

El informe psicológico citado por la Fiscalía indica que Cuixart es "un sujeto disciplinado con las normas y creencias que están contempladas en lo que él denomina ley superior, el derecho moral a obedecer, estando fundamentadas estas creencias, según manifiesta, en la declaración universal de derechos humanos fundamentales".

"De lo anterior se deriva que el interno puede que reconozca los hechos recogidos en sentencia y asuma las consecuencias de ellos, pero hace su propia interpretación de los mismos, no considerando que estos sean un delito, puesto que la existencia de esa llamada ley superior justifica su actuación", ha afirmado la Fiscalía.

El Ministerio Público ha alegado que resultan definitivas las manifestaciones de Cuixart que recoge el psicólogo "indicando que lo volvería a hacer en las mismas condiciones y por las mismas vías".