La fiscalía pide cuatro años y medio para un exconsejero del Gobierno aragonés por fraude

ZARAGOZA .- El empresario de la construcción Ramón Alfonso Galianas, exconsejero del Gobierno de Aragón con el Par y expresidente del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, se enfrenta a una petición de cuatro años y medio de prisión y multas que superan el millón y medio de euros por fraude fiscal, uso de facturas falsas y falsificación de asientos contables. La Fiscalía y la Abogacía del Estado le imputan la participación en una operación urbanística en la que, según han confesado dos de sus socios, ocultaron a Hacienda un pelotazo millonario.

Los hechos se remontan al año 2006, cuando la empresa Desarrollo Urbano Lagos Verdes puso en marcha una operación urbanística en el barrio zaragozano de Miralbueno. Esa sociedad estaba participada por otras de Alfonso, de Manuel Chicote Gala y de Javier Lasheras. También intervino en el pelotazo Recurfin, una filial financiera de la caja rural Multicaja cuyo administrador era José María Jiménez, entonces director general de la entidad que aprobó un crédito de 35 millones de euros para financiar la operación.

Lasheras y Jiménez han confesado los hechos que les imputan la Fiscalía y la Abogacía del Estado y han aceptado, en el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 4 de Zaragoza, sendas condenas de seis meses de cárcel y 600.000 euros de multa, cantidades de cuyo pago son responsables, respectivamente, Camino del Solano y la filial de Bantierra. Alfonso y Chicote piden la absolución, mantienen que todas las facturas son reales y sostienen que si no pagaron más a Hacienda fue porque hicieron una compensación de tributos por las pérdidas de Lagos Verdes en años anteriores.

Los cuatro implicados en este asunto son conocidos en los ambientes empresariales, y algunos de ellos también en los políticos, de Aragón.

Especialmente, Ramón Alfonso, que fue consejero de Economía del Gobierno autonómico entre el verano de 1987 y el otoño de 1988, cuando dimitió tras ser rechazados sus presupuestos y por diferencias con el presidente, Hipólito Gómez de las Roces. También presidió el Consejo Social de la universidad de Zaragoza a finales de los 90 para centrarse después en actividades empresariales del sector del automóvil –es ejecutivo de varios concesionarios- y del ladrillo y el suelo.

Chicote, por su parte, opera en el sector inmobiliario, en el sanitario, en geriátricos, en gasolineras y en ganadería y agricultura, además de dirigir una firma que distribuye aloe vera.

Jiménez cerró a finales de 2012, poco después de que Hacienda pusiera en marcha las pesquisas que han acabado con su condena, una etapa de once años en Multicaja, cuya dirección general asumió a finales de 2004 y mantuvo tras la fusión con Cajalón en Bantierra. Durante su gestión Multicaja absorbió a Caja Abogados, en cuyas tres antiguas sucursales de Madrid investiga Anticorrupción presuntas operaciones de blanqueo registradas a partir de 2012.

Por último, Javier Lasheras, socio de Alfonso en algunas iniciativas empresariales como Duar Plaza, fue uno de los empresarios que hace dos años intentó hacerse con el control del Real Zaragoza en la última etapa de Agapito Iglesias al frente de la sociedad anónima deportiva. Fue uno de los que intentaron, sin éxito, negociar con Hacienda una reducción de la abultada deuda que la compañía deportiva mantiene con el fisco.

La operación confesada por Jiménez y Lasheras comenzó en marzo de 2006 con la compra de cinco parcelas que sumaban unas siete hectáreas por 29,4 millones de euros, en una transacción que incluyó la anotación en las cuentas de Lagos Verdes de sendas facturas, emitidas por empresas de los acusados, de siete y de 2,4 millones por unas supuestas opciones de compra previas y de otra de 1,9 por gastos de intermediación.

Los vendedores de los terrenos declararon que no había habido opciones ni intermediarios y la Inspección de Hacienda no halló movimientos reales de dinero por esas cuantías, con las que el coste de la transacción se elevaba a 40,8 millones.

La emisión de la factura de siete millones por la venta de la opción tras su compra a una sociedad del mismo Chicote tres días antes por un millón, fue la única operación que declaró ese año la intermediaria, fundada unos meses antes en Canarias. Las otras dos facturas, de cuyos pagos tampoco halló rastro Hacienda, fueron emitidas por otra firma del mismo acusado, en este caso con sede en Castellón.

“Las tres facturas referidas carecen de realidad que las soporte”, mantiene la Fiscalía, para quien las emisoras “no han efectuado ni justificado” labores “que justifiquen las cantidades pretendidas”. Hacienda detectó en ellas, y en los documentos aportados por los encausados, “numerosos errores” y varias contradicciones, entre ellos cambios entre euros y pesetas y, también, aplazamientos del pago hasta 2009.

“Además –anota-, las cantidades recogidas en las facturas no fueron abonadas, salvo el IVA, que se repercute, y una parte en el 2011, ya iniciada la inspección” que puso en marcha Hacienda tras detectar los primeros indicios sospechosos en la operación. Su única función, añade el ministerio público, “ha sido la de justificar un mayor valor de adquisición que permita minorar el beneficio obtenido en la venta posterior de las fincas” y, de esa manera, reducir la cuota a pagar en el Impuesto de Sociedades.

A lo largo de 2008, Lagos Verdes vendió parte de esos terrenos a varias cooperativas de vivienda por 18,1 millones, un precio con el que el total de las parcelas, a las que Hacienda había asignado un coste real de 29,47 millones en lugar de los 40,86 declarados, había visto elevarse su valor de mercado por encima de los 54 millones de euros. Esas nuevas valoraciones revelaron, según mantienen las acusaciones, que la empresa debería haber declarado unos beneficios de 4,7 millones por los que, tras un ajuste, debería haber pagado 707.784 euros en tributos. Con los planteamientos de la inmobiliaria, la cuota a ingresar era cero.

La tasación definitiva efectuada por Hacienda, las declaraciones de los vendedores de las parcelas y la confesión de dos de los cuatro acusados ponen sobre la mesa un interrogante que los inspectores de la Agencia Tributaria no han sabido despejar: ¿dónde están los casi seis millones de diferencia entre los 29,4 que costaron las parcelas y los 35 del crédito que concedió Bantierra para financiar la operación?