La fundación de Convergència recibió 2,9 millones en "donaciones y otros ingresos" en los últimos tres años

MADRID.- CatDem ha recibido 2,9 millones de euros en donaciones privadas y otros ingresos sólo en los últimos tres años. Convergència Democràtica de Catalunya está siendo investigada por un supuesto caso de financiación ilegal a través de esta fundación, que ya fue puesta en el punto de mira de la Justicia dentro de la investigación del caso Palau y las donaciones de Ferrovial, en un posible triángulo de comisiones entre la empresa privada, la fundación y finalmente el partido.

CatDem está siendo investigada de nuevo, precisamente, por actuar como tapadera para cobrar comisiones ilegales del 3% por obras públicas adjudicadas a Teyco, empresa de la familia Sumarroca, uno de los fundadores de Convergència y vinculada al expresident Jordi Pujol.

Las cuentas de la entidad, a las que ha tenido acceso en exclusiva el digital catalán Crític, a través del Registro de Asociaciones y Fundaciones de la Generalitat de Catalunya, demuestran que CatDem es la fundación vinculada a un partido político que más donaciones y subvenciones recibe cada año.

Durante el año pasado, por ejemplo, el organismo recibió un total de 1,12 millones, 804.000 euros en concepto de “donaciones y otros ingresos” y 309.043 euros en “subvenciones oficiales”. Según los datos disponibles en este registro, el Institut Coll i Alentorn de Unió obtuvo “ingresos de promociones y patrocinadores” por valor de 109.000 euros. Por su parte, la Fundació Rafael Campalans de PSC obtuvo “donaciones y otros ingresos” por valor de 106.000 euros.

En 2013, el último informe publicado por el Tribunal de Cuentas, auditó 847.000 euros de “donaciones y otros ingresos”, de los cuales 538.000 fueron donados por 21 personas jurídicas, la mayoría de ellas empresas, a una media de 25.600 euros por donante. En cambio, la Fundació Irla de ERC o Nous Horitzons de ICV no cuentan con aportaciones jurídicas. Rafael Campalans (PSOE) sólo recibió 84 euros por parte de una empresa. Sin embargo, el Institut Coll i Alentorn (Unió) recibió 343.000 euros de sólo cinco personas jurídicas, a una media de 70.000 euros por donante.

Tal y como explica El Crític en su artículo, estos ingresos se caracterizan por su oscurantismo ya que en ningún momento se identifica a los donantes ni se especifica el motivo por el que el que se realiza la aportación económica. El Tribunal de Cuentas ha denunciado de forma periódica la poca transparencia de la que hacen gala partidos políticos como PP, PSOE, IU o CiU: de media sólo puede auditar tres de cada 10 euros de la fundación de los partidos.

Esto ocurre por el agujero legal abierto tras la reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, impulsada por el PSOE en 2007. Un cambio legal que prohibió las aportaciones anónimas pero que elevó a 100.000 euros el límite para aportaciones individuales. En 2012 ya con el PP en el Gobierno, se prohibió que las empresas beneficiarias de contratos públicos pudieran realizar donaciones a los partidos. Sin embargo, dicha prohibición no se hizo extensible a sus fundaciones, por lo que las empresas pueden seguir realizando sus donaciones de una forma indirecta.

Tras los registros policiales a la fundación y a la sede de CDC, el secretario general del partido, Josep Rull, defendió la legalidad de las aportaciones privadas y alardeó de transparencia en la gestión económica de su partido. Sin embargo, permanecen en la sombra la identidad de las empresas que han realizado donaciones a CatDem. Rull se limitó a detallar que Teyco había donado 150.000 euros entre 2007 y 2009. Bluegreen por su parte, aportó 200.000 entre 2012 y 2014, según el número dos de CDC.

Tampoco se sabe a ciencia cierta dónde iba a parar el dinero de CatDem. Los juzgados investigan las facturas que realizó la fundación en concepto de “servicios profesionales independientes”. En total 307.000 euros en 2013 y 252.000 en 2014, siendo la segunda partida más importante en cuanto a gastos se refiere. La más relevante, la que tiene que ver con “gastos de personal”, supone un 60% del total, 523.000 euros en 2013 y 664.000 euros en 2014.

La hipótesis que persiguen los investigadores es que la constructora camufló las comisiones ilegales del 3% mediante donaciones, que se transfirieron al partido como contratos de servicio por un total de 2,2 millones de euros entre 2008 y 2011. La prueba que ha desencadenado la investigación, según cita Crític, ha sido un documento hecho a mano encontrado en una caja fuerte del consejero delegado de Teyco, Jordi Sumarroca, que detalla las adjudicaciones públicas y un cálculo del 3%, además de correos electrónicos entre Sumarroca y el extesorero de CDC Daniel Osàcar sobre supuestos pagos por las adjudicaciones. El último de los pagos anotados a mano por Sumarroca data de marzo de 2014, por valor de 50.000 euros.