El Congreso de los Diputados ha acogido este jueves un debate sobre el blindaje constitucional de las pensiones. En el acto han participado los portavoces de los diferentes grupos del Pacto de Toledo y miembros de la Mesa por el Blindaje de las Pensiones (MERP), que han defendido la necesidad de establecer un "mandato constitucional" para que la Carta Magna garantice el sistema y, de esta manera, evitar que se ponga en peligro ante eventuales circunstancias económicas.

Desde la plataforma han comparado la reforma del artículo 135 de la Constitución, pactada por el PSOE y el PP en 2011 para introducir el principio de estabilidad financiera y limitar el déficit. " En aquel momento se llegó a un acuerdo para dar prioridad al pago de la deuda. Ha llegado el momento de hacer lo mismo con las pensiones. Queremos un artículo 135 para las pensiones", ha defendido el portavoz de MERP Joanen Cunyat.

Según ha explicado, con la reforma del 2011, "se estableció un mandato constitucional y los poderes públicos actuaron en consecuencia. Ahora, no pagar la deuda es inconstitucional y tiene consecuencias legales. Ningún demócrata piensa que los acreedores del Estado están por encima de los pensionistas".

Durante el debate se ha insistido en la necesidad de lograr un acuerdo para garantizar el sistema de pensiones y de cuestiones como el apoyo de la parte más joven de la sociedad a la lucha de los jubilados, cuya presión social ha motivado un acuerdo del Pacto de Toledo para volver a ligar la actualización de las pagas al índice de Precios al Consumo (IPC).

"Los jóvenes tienen que saber que su país les respalda. Cuando les preguntas a los más jóvenes sobre la situación, dicen que no van a tener pensiones", ha afirmado Cunyat, que ha reiterado la necesidad de recuperar la confianza de este sector de la población en el sistema público. 

El debate, al que han asistido unas 170 personas, representantes de diferentes colectivos en defensa del sistema público de pensiones, se ha celebrado justo cuando el Pacto de Toledo está a punto de lograr un acuerdo en las recomendaciones que servirán de marco para que el Gobierno alcance un acuerdo con los agentes sociales sobre las jubilaciones.

Además de recuperar el IPC como el índice de revalorización, en el seno de la comisión parlamentaria también se ha cerrado un acuerdo para eliminar los préstamos del tesoro público a la Seguridad Social, y de esta forma evitar que el sistema se siga endeudando para hacer frente al pago de los subsidios. 

Financiación de la Seguridad Social

En esta línea, también existe un consenso para que el Estado pueda hacer más aportaciones a la Seguridad Social a través de transferencias directas, con un impuesto finalista o con el pago de determinadas prestaciones relacionadas a la protección de la familia y a la conciliación, como son las relativas al cuidado de familiares, cuyo cargo corresponde en la actualidad a la Seguridad Social, informa Efe.

En el acto, que ha sido moderado por la secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO, Sara García, han participado los portavoces del PP, Pilar Marcos, del PSOE, Artemi Rallo, de Unidos Podemos, Aina Vidal, de Ciudadanos, Sergio del Campo, del PDeCAT, Carles Campuzano y de Compromís, Ignasi Candela.