La elaboración de un documento con el listado de "secretos oficiales" decretados a lo largo de la democracia por los sucesivos gobiernos es, a día de hoy, una tarea literalmente imposible. Bajo ese argumento, La Moncloa ha descartado por completo una solicitud de información cursada a través del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que iba dirigida, precisamente, a conocer qué temas han sido clasificados como secretos en los últimos 45 años bajo el amparo de una ley franquista que continúa vigente y que, entre otras cosas, da garantía de opacidad a las exportaciones de armamento. 

Según consta en la base de datos del Consejo de Transparencia –creado por ley en 2013 para abrir canales de consulta ciudadana–, en febrero de 2020 se registró una solicitud de información sobre los "acuerdos de declaración de secreto oficial firmados por el Consejo de Ministros desde 1976 a 2019".

En concreto, la persona a cargo de la petición –cuyos datos aparecen anonimizados– reclamaba el "número de expediente del acuerdo, Presidente del Gobierno que lidera ese Consejo de Ministros, qué Ministerio o persona propone que se declare secreto oficial, fecha de firma por parte del Consejo de Ministros y qué es la información que se ha declarado como secreto oficial en ese expediente". 

Dos días antes de que expirase el plazo de un mes que la Ley de Transparencia otorga a la administración para dar respuesta a estas consultas, el Gobierno notificó al interesado que se veía obligado a "ampliar en un mes adicional el plazo previsto para resolver, dado el volumen y la complejidad de la información solicitada". En esas mismas fechas saltó la pandemia del coronavirus y España entró en estado de alarma, lo cual –según recuerda el Gobierno en el documento publicado por Transparencia– "a su vez implicó la suspensión de plazos administrativos". 

Ante la falta de respuesta, en septiembre pasado el solicitante un recurso ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, alegando que se trataba de una cuestión de indudable "interés público" y que, en cualquier caso, "mencionar qué acuerdos ha habido para clasificar información y qué se ha clasificado en ningún caso supone revelar el contenido de las informaciones clasificadas".

Ese mismo mes, el Consejo de Transparencia remitió el expediente al Ministerio de Presidencia "al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas". En su respuesta, el Gobierno alegó que "la pandemia provocada por la COVID-19 ha tenido consecuencias excepcionales en el
funcionamiento de la Oficina del Secretariado del Gobierno".

"Como encargada de las funciones de apoyo de las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Ministros y de las reuniones de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, ha visto incrementada considerablemente su, ya de por si extrema, carga de trabajo y, todo ello,
adaptando todos sus procedimientos a los formatos digitales que exigía la situación", señala el Ejecutivo. "Esta situación, sumada a la patente escasez de medios personales, ha impedido dar respuesta expresa al interesado inadmitiendo su petición", añade.

Sostiene además que la solicitud de información sobre los secretos oficiales del Estado "obliga a elaborar expresamente un documento mediante la consulta a distintas bases de datos, archivos, fuentes y precisa el desempeño de una minuciosa tarea de estudio y análisis de todos y cada uno de los Acuerdos del Consejo de Ministros que pudieran categorizarse en la petición del interesado, para expurgar de ellos la información exacta que se solicita". "Parece tratarse más de una labor de investigación documental que de la petición de acceso a información amparada por la ley", subraya.

El Ministerio de Presidencia recalca en ese documento que "no dispone del personal necesario para abordar el esfuerzo que supone la tramitación de este tipo de solicitudes de acceso a la información pública", al tiempo que señala que "la escasez de personal y las extraordinarias circunstancias provocadas por la COVID-19 hacen que abordar este tipo de solicitudes genere un claro deterioro y retraso en el cumplimiento de las funciones y competencias atribuidas a esta unidad". 

Estos argumentos fueron respaldados por el Consejo de Transparencia, que en otra resolución determinó que "la información requerida, teniendo en cuenta que la solicitud abarca desde el año 1976, se encuentra en diferentes soportes, tanto físicos como informáticos, algunos de los cuales se encuentran en dependencias ajenas al propio Ministerio".

"Por tanto, esa información está dispersa y hay que proceder a recabarla, ordenarla y entregársela al reclamante, partiendo de la premisa básica de que no existe actualmente ese listado de declaraciones de secretos oficiales en poder del Ministerio. Asimismo, el Ministerio manifiesta que carece de personal suficiente para acometer estas tareas, lo que podría suponer una merma en el desempeño de sus obligaciones diarias que tiene legalmente encomendadas, dado el volumen de lo solicitado", añade el Consejo.

Una treintena de asuntos

En 1988, el Boletín Oficial del Congreso publicó parte de esa información. Se trata en concreto de una respuesta escrita enviada por el entonces Ejecutivo de Felipe González al diputado de Alianza Popular José Antonio Trillo y López Mancisidor, quien había pedido al Ejecutivo una "relación de temas clasificados como secretos y reservados" desde 1978.

En la respuesta aparecen 29 asuntos declarados como "secretos" por los Gobiernos de turno entre 1980 y 1986. Entre ellos figuran los "programas de guerra electrónica", los expedientes del Cuartel General de la Junta de Jefes de Estado Mayor y del Ejército del Aire o un "proyecto de investigación de sistema de bombas guiadas por laser".