El Gobierno de Ayuso cartea a los alcaldes en busca de terreno público para levantar macrorresidencias

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, dirigida por Ana Dávila, ha iniciado un envío de cartas con su firma para que los ayuntamientos de la región ofrezcan parcelas públicas sin explotar donde levantar las 40 próximas macrorresidencias que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha comprometido a edificar.

En las misivas, la consejera de Ayuso reclama parcelas con "buenas comunicaciones y acceso a recursos comunitarios" y aquellos interesados tendrán hasta el 1 de marzo para ofrecer sus terrenos. Las cartas, a las que ha podido tener acceso Público, confirman que "cada centro contará con 150 plazas residenciales", cifra que sobrepasa el límite recomendable por expertos y reconocido en el Acuerdo Marco firmado entre las Comunidades Autónomas y Ministerio de Derechos Sociales. La Comunidad de Madrid votó en contra y se desligó del pacto, de forma que ha impuesto su propio diseño.

El Gobierno de España limitó la expansión de macrorresidencias después de los trágicos sucesos de la pandemia, donde los centros más grandes tuvieron los índices de mortalidad más altos. Igualmente, hubo una relación donde los centros privados acumulaban más fallecidos que las residencias de gestión pública. El Gobierno limitó en 2022 el máximo de plazas a 120 para acabar con centros residenciales tan grandes, pero la Comunidad de Madrid permite construirlas y llegar hasta las 150. Además impone ratios de trabajadores más bajos que los demandados por el Ministerio de Derechos Sociales. La primera de estas construcciones será en el barrio de San Blas.

Desde la Consejería de Ana Dávila explican que se "ha enviado una carta a todos los alcaldes de la región para contemplar todas las posibles ubicaciones" y que "los técnicos de esta Consejería han supervisado otras parcelas del Ayuntamiento de Madrid para la construcción de más residencias en la capital, que se decidirán próximamente". El equipo de Familia, Juventud y Asuntos Sociales explica a Público que "el Ejecutivo regional ha recibido también ofertas de terrenos de otros diez consistorios".

"Terrenos gratis" para residencias privadas

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El Gobierno de Ayuso ya ha anunciado que estas residencias se construirán bajo un régimen "público-privado", aunque no ha respondido a las preguntas de este periódico para conocer si pretende que las parcelas sean cedidas gratis o bien ofrecerá algún tipo de retribución a los ayuntamientos que presten sus terrenos.

Lorena Morales, diputada del PSOE de Madrid en la Asamblea, muestra su sorpresa: "Ayuso anunció a bombo y platillo que construirá 40 residencias. Pero se le olvidó explicar que está pidiendo a los ayuntamientos terreno municipal gratis. Para luego regalárselo al peor postor empresarial y que se lucren a costa del sufrimiento de las personas mayores. Sin ninguna planificación ni transparencia, como si esto fuera un mercado persa. Frente al modelo de Ayuso, el de llenar el bolsillo de unos pocos, el nuestro, el de las residencias públicas que sean un hogar, integradas en los barrios y dotadas del personal necesario. Con una sola prioridad, la dignidad de las personas mayores", dice en declaraciones a este medio.

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En una respuesta en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid sobre las 30 parcelas que se demandan en la ciudad para estas macrorresidencias, de forma escueta, el Ejecutivo de Almeida ha asegurado que no hay aún información puesto que "las ubicaciones no son definitivas".

Residencias en manos privadas

Aunque aún no haya una fórmula oficial para levantar estas residencias, el modus operandi que ha seguido la Comunidad de Madrid en otras ocasiones da pistas de qué ocurrirá esta vez. 

En 2014, bajo el Gobierno de Esperanza Aguirre, la región aprobó el Plan de Velocidad para construir varias residencias en la comunidad. Una de las últimas fue en Parla, y entonces el ayuntamiento cedió el terreno y la compañía Personalia, del Grupo Fundosa, que construyó y gestionó la residencia. A cambio, el 35% de las plazas quedaron en régimen concertado.