Con apenas 15 años, Juan Manuel Iglesias demostró que se puede morir de miedo. El 9 de enero de 1977, tuvo la desgracia de quedar en el medio de una carga policial contra manifestantes que pedían la amnistía de los presos políticos en Sestao (Bizkaia). Él sólo quería jugar al futbolín con unos amigos, pero a los descontrolados “grises” les dio exactamente igual. Cuando quiso huir de las porras y los disparos, Juan Manuel cayó rendido al suelo, víctima de un infarto. Fue su primera muerte. La segunda acaba de llegar, y tiene membrete oficial: amparado por una resolución judicial, el gobierno de Rajoy ha conseguido que su caso –al igual que otros tantos- quede excluido de cualquier tipo de reparación por parte de la administración.

“Según tengo entendido, nos consideran víctimas de segunda categoría. Pero entonces… ¿Quiénes son los de primera? ¿Sólo los que mató ETA? ¿Y nosotros qué?”, se pregunta el padre de Juan Manuel Iglesias, un jubilado andaluz que lleva su mismo nombre. En la sala de su casa está colgada la foto de su hijo. Al final del pasillo, en el dormitorio, guarda una caja con recortes de prensa de aquel fatídico día. “Eso no se olvida nunca. Parece que lo estoy viendo ahora mismo…”, relata con la voz entrecortada.

De momento, Iglesias y su esposa tienen que conformarse con estos papeles amarillentos. El reconocimiento oficial seguirá, de momento, bastante lejos: el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha eliminado parte del decreto del Gobierno Vasco sobre víctimas de abusos policiales registradas entre 1960 y 1978. Así lo había reclamado el delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, autor de un recurso contra esta normativa.

Según ha podido confirmar Público, el gobierno de Rajoy puso en duda la “objetividad” de cientos de denuncias, impidiendo así sus correspondientes indemnizaciones.

Siguiendo la línea marcada por Madrid en materia de memoria histórica, Urquijo había recurrido a los tribunales para tratar de frenar lo que él denominaba como un “coladero” de víctimas. Su objetivo no era otro que reducir al máximo el criterio del Gobierno Vasco a la hora de reconocer e indemnizar a aquellas personas que sufrieron la violencia policial, ya fuesen sobrevivientes o –como en el caso de Juan Manuel- familiares de fallecidos. Según ha podido confirmar Público, el gobierno de Rajoy puso en duda la “objetividad” de cientos de denuncias, impidiendo así sus correspondientes indemnizaciones.

En su fallo, el TSJPV dio por válidos estos argumentos, alegando que la normativa vasca –aprobada por el gobierno de Patxi López (PSE) y modificada en la administración de Iñigo Urkullu (PNV)- no exige “pruebas fehacientes de las lesiones sufridas” por los reclamantes, ya que –según su criterio- admite “cualquier clase de informe médico” y no exige la “intervención de un órgano objetivo como es el Equipo de Valoración de Incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social, tal como recoge la Ley de Memoria Histórica”.

Ante esta situación, el Gobierno Vasco ha asegurado que elaborará una ley para atender a las víctimas de abusos policiales, lo que permitiría cubrir el agujero provocado por el ejecutivo central y el TSJPV. Sin embargo, los padres de Juan Manuel creen que nada podrá cambiar mientras exista un gobierno conservador en Madrid. “El PP es el enemigo de las clases populares. Nosotros somos la clase perdedora, los desgraciados, y ellos sólo defienden a los suyos”, afirma Iglesias.

Otro golpe

Los reclamos también llegan desde las asociaciones memorialistas vascas, entre cuyos integrantes figuran muchas víctimas de abusos policiales durante la dictadura franquista. Tras conocerse el fallo del TSJPV, una de estas organizaciones, Gogoan Sestao Elkartea –a la que también pertenece el padre de Juan Manuel-, ha pedido a la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco la adopción de cuantas medidas sean necesarias para garantizar los derechos de los damnificados. “En su día nos dijeron que si había problemas, no darían marcha atrás”, recordaron desde Gogoan.

“Se lo voy a resumir en una frase: Rajoy golpea, otra vez, a las víctimas del franquismo”, sintetiza Juan Mari Zulaika, integrante de la asociación Goldatu, conformada por ex presos y represaliados vascos durante la dictadura franquista. Además de conocer los calabozos del régimen, este exsacerdote sufrió maltrato policial. “Podríamos decir que la mía fue una tortura menor –comenta-. Hubo golpes, pero al menos no me metieron en un pozo de agua, como sí hicieron con otros”.

“Se lo voy a resumir en una frase: Rajoy golpea, otra vez, a las víctimas del franquismo”, sintetiza Juan Mari Zulaika

Al no contar con informes médicos que acrediten que fue torturado –algo tan absurdo como inimaginable en aquellos años-, Zulaika quedará fuera de la categoría de víctima. También lo están –al menos de momento- aquellas personas que sufrieron la violencia policial desde 1968 en adelante. Es el caso de Peio Mindegia, ciego por culpa de un disparo de la Policía. Ocurrió el 21 de julio de 1983 en las fiestas de Errenteria. “Si me da dos centímetros más arriba, me mata”, señala.

Mindegia consiguió que su caso fuese reconocido en los tribunales, aunque jamás supo quién fue el policía que le dejó sin visión. Dicho de otra forma, el responsable de aquel brutal acto siguió disfrutando de la más absoluta impunidad. “Abandono, soledad: esas son las sensaciones que hemos tenido muchísimas personas durante los últimos 30 años”, relata esta víctima. El Estado jamás le pidió perdón.