En 2020 se inició el Programa Valenciano de Protección Integral y Acogida a Defensores y Defensoras de Derechos humanos. La financiación corre a cargo actualmente del Ayuntamiento de València, de la Generalitat Valenciana y de ProtectDefenders.eu, una iniciativa que cuenta con el aval de la Unión Europea. Existen programas similares también en otros territorios del Estado español. Las organizaciones que trabajan en el País Valencià denuncian que este año el Gobierno y el Ministerio de Exteriores, institución encargada de otorgar el visto bueno y los visados definitivos, ha puesto trabas a la llegada de una activista saharaui, familiar de la conocida Sultana Jaya. 

Así lo relatan las propias organizaciones integrantes del proyecto Valencia Defensa a Público. El proyecto está formado por entidades como CEAR, Mundubat, Sodepaz, Entreiguales o La Colectiva, entre otras. En su denuncia destacan que no han tenido problemas con la acogida de activistas de otros lugares como Guatemala o Colombia, algo que no ha sucedido con El Fayeda Jaya, sobrina de Sultana e integrante del colectivo Equipe Media, que trata de informar al exterior sobre lo que sucede en los territorios del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. 

El procedimiento para solicitar la acogida temporal de los activistas en nuestro país es el siguiente. La inclusión de una persona en el programa implica la concesión de un permiso de residencia no lucrativo por circunstancias excepcionales de 12 meses sin derecho a trabajo a favor de la persona defensora y, en su caso, el grupo familiar. Solo se puede hacer efectiva la acogida si está garantizada la financiación para su estancia por las organizaciones solicitantes y si esta persona defensora cuenta en España con una ONG que le brinde el acompañamiento necesario.

Las peticiones de inclusión en el programa pueden realizarse directamente ante la Oficina de Derechos Humanos (ODH) perteneciente al Ministerio de Exteriores, ante las correspondientes Embajadas de España o por parte de los programas autonómicos y municipales de acogida temporal de personas defensoras con las que la ODH colabora. Cada Embajada tiene la responsabilidad de verificar la información proporcionada destinada a acreditar la condición de persona defensora y el nivel de riesgo en sentido amplio. Y es finalmente a la mencionada ODH la que le compete la decisión respecto a la inclusión en el programa de cada solicitante. El paso final es la concesión de un visado temporal que debe llegar desde el Consulado del país de residencia. 

En el año 2020 se concedió el visado para dos personas defensoras de nacionalidad colombiana que estuvieron acogidas y cuya gestión llevo a cabo CEAR-PV a través de la financiación del Ayuntamiento de València y ProtectDefenders. Para la concesión de los visados no se presentó ningún inconveniente y los trámites tardaron tres meses aproximadamente, según explican a este medio fuentes de las organizaciones valencianas. 

En 2021, el programa decide ampliarse a cinco personas más al contar con el apoyo también de la Generalitat Valenciana. De nuevo CEAR gestiona la acogida de dos defensores, de nacionalidad colombiana y saharaui. Se dio el visto bueno a ambos, aunque al activista saharaui tuvo que avalarlo la entidad europea de ProtectDefenders para agilizar el visado. Según las organizaciones, la Asociación Entreiguales València gestiona la acogida de dos defensoras y un defensor, los tres de nacionalidad colombiana. "La tramitación y concesión del visado tardó tres meses y no se presentó ningún inconveniente", afirman. 

La Colectiva de Mujeres exiliadas, refugiadas y migradas tampoco tuvo problemas para la solicitud de visados de otras dos defensoras colombianas, que ya viajaron en primavera a València. Por su parte, la Asociación Entreiguales València, presentó los tres informes de las defensoras de Guatemala, Colombia y los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Las embajadas de España en Colombia y Guatemala concedieron los visados a dos de las defensoras, que viajaron a nuestro país en el mes de junio de este año 2022.

Pero en el caso de la defensora saharaui, la mencionada El Fayeda Jaya, la información sobre su situación fue inexistente durante los primeros meses. La única comunicación que recibieron fue que desde finales de marzo el informe se envió la Embajada de España en Marruecos y se estaban realizando las comprobaciones pertinentes. Las organizaciones también denuncian que les cambiaron a la persona responsable de la interlocución, a la que enviaron un correo sin que recibieran tampoco respuesta. 

Los meses fueron pasando, y mientras el resto de defensoras participaba en Valéncia en diferentes actividades y charlas, nada se sabía de Jaya. La intermediación de la organización europea, Protects Defenders, tampoco ha dado sus frutos. La última comunicación que pudieron tener, vía telefónica, con la ODH fue el 19 de septiembre. Se volvió a preguntar sobre el tema y la respuesta fue la misma: "Es un tema que lleva el director de la Oficina de Derechos Humanos y se está a la espera del informe de la embajada de España en Marruecos".

A las organizaciones les llama la atención este hecho concreto en comparación con los otros defensores, con los que han tenido comunicación ágil y tramitación en tiempo y forma. Incluso también con un compañero saharaui de la misma organización, Equipe Media, con la que no tuvieron excesivos problemas en el pasado.

En este punto consideran que la acogida ya no va a poder ser efectiva porque el año se está terminando y no hay margen de tiempo. Hace unas semanas, de hecho, presentaron el proyecto en el Ayuntamiento y como imagen simbólica dejaron una silla vacía y una bandera del Sáhara a modo reivindicativo. Desde Exteriores, a consultas de Público sobre su versión de los hechos, destacan lo siguiente: "Se están llevando a cabo las gestiones oportunas para su valoración y, una vez concluidas, se adoptará una decisión". 

La casa de Jaya, asediada durante meses 

Sultana Jaya y su familia fueron arrestadas en su domicilio durante más de año y medio por las autoridades de Marruecos en la ciudad de Bojador, territorio del Sáhara ocupado por Marruecos. Durante su cautiverio, ella, su madre y su hermana denunciaron violaciones por parte de paramilitares marroquíes, inyecciones de sustancias desconocidas y que fueron forzadas a infectarse de covid-19. En mayo consiguió salir de su casa, acompañada por activistas de la ONG norteamericana Human Rights Action Center, y viajar a España. 

Su caso ha sido denunciado por organizaciones como Amnistía Internacional. La izquierda europea propuso su nombre para el Premio Sajarov, de Derechos Humanos, aunque su candidatura no prosperó. En el caso de su sobrina, El Fayeda, ha sido la coordinadora de la Campaña internacional para el levantamiento del asedio a la familia Jaya, con lo que ha formado parte activa de la lucha saharaui en el exterior. 

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, tuvo que responder hasta en dos ocasiones el pasado año sobre la situación de Sultana Jaya en el Congreso aunque evitó cualquier mención a la violación de los Derechos Humanos de la activista. Poco después, en una entrevista con Público, el ministro aseguró que emplearía todo el capital político para hablar de DDHH o de la mencionada Jaya.

El Sáhara y la relación con Marruecos dio un salto definitivo al ruedo político con la carta enviada en marzo por Sánchez a Mohamed VI en la que reconocía el plan de autonomía marroquí como opción más seria, realista y creíble para solucionar el conflicto. Un giro que provocó un enorme revuelo y críticas en todas las fuerzas políticas y provocó la congelación de relaciones con Argelia y los representantes del pueblo saharaui ante la ONU, el Frente Polisario.