La legislatura encara su recta final y los compromisos ligados a este ciclo político, también. Uno de los más relevantes del acuerdo de coalición firmado entre el PSOE y Unidas Podemos fue el de incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta alcanzar el 60% del salario medio en 2023, el último año del Gobierno de Sánchez antes de las elecciones generales.

El Ejecutivo, y en concreto la Vicepresidencia Segunda de Trabajo y Economía Social, iniciará la próxima semana los trámites para abordar la que será, previsiblemente, la última subida del SMI de la legislatura. Por lo tanto, este último incremento será el que cumpla con el compromiso de alcanzar el 60% del salario medio, como recoge la Carta Social Europea suscrita por España.

La ministra del ramo, Yolanda Díaz, dará a conocer en los próximos días el informe de los expertos que establece un cálculo y una horquilla de la cuantía que se corresponde con el 60% del salario medio. Esta cifra va variando cada año, dado que la masa y estructura salariales no son las mismas en todos los ejercicios (sobre todo con algunas subidas de salarios que se han dado en los últimos meses en un contexto de inflación histórica, aunque generalmente por debajo del coste de la vida).

En este informe hay un consenso bastante estable sobre que la cifra máxima de esa horquilla se debe situar en 1.082 euros, aunque la cifra mínima ha suscitado más debate, y no está del todo claro en qué punto se alcanzaría con exactitud ese 60% que fija la Carta Social Europea. 

Una vez que Díaz presente el informe, el Gobierno convocará una mesa de diálogo social con sindicatos y patronales para negociar la subida. La actualización del SMI es una potestad exclusiva del Gobierno, y no es necesario el acuerdo del diálogo social para acometerla; sin embargo, las distintas subidas aprobadas durante la legislatura se han hecho siempre con acuerdos (tripartitos en algunos casos, con todos los actores, y bipartitos en otros, entre el Gobierno y los sindicatos, pero sin las patronales).

En esta mesa, el Ejecutivo presentará una propuesta inicial sobre la que negociar, y el objetivo es el de alcanzar un acuerdo antes de que acabe el año. Sin embargo, en este momento solo quedan dos Consejos de Ministros por celebrar antes de que finalice 2022, por lo que la subida podría llegar en enero de 2023, con carácter retroactivo al día 1, como se ha hecho de forma habitual.

La tesis de que "subir el SMI destruye empleo"

Desde que comenzó la legislatura, el salario mínimo ha subido más de un 30%. De hecho, la subida desde 900 a 950 euros que se alcanzó en febrero de 2020 fue el primer gran acuerdo del diálogo social con Yolanda Díaz encabezando el Ministerio de Trabajo. Posteriormente, Pedro Sánchez tomó la decisión de congelar la cuantía de cara a 2021; Díaz, contraria a este criterio, conformó un grupo de expertos para establecer una senda de crecimiento de los salarios más bajos hasta alcanzar el 60% del salario medio comprometido.

En septiembre de 2021 se abordó, después de una negociación intensa, una nueva subida de 15 euros, y el SMI pasó a estar en 965 euros, un pacto que el Gobierno firmó con los sindicatos y del que la CEOE se descolgó. La última subida tuvo lugar en febrero de este año, cuando el salario mínimo alcanzó los 1.000 euros, una decisión de la que las patronales tampoco participaron por ser contrarias a la misma.

Los escollos para incrementar los sueldos más bajos no han llegado solo del lado de la patronal. Durante 2020 y buena parte de 2021 el SMI estuvo congelado por la negativa del presidente y de la vicepresidenta primera del Gobierno, Sánchez y Nadia Calviño, a elevarlo.

En ese momento, se abrió un debate político sobre si el incremento de los salarios más bajos destruía empleo. Tanto las patronales como el Ministerio de Economía eran partidarios de esta tesis, y el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, contrarios. La tesis de la vicepresidenta segunda y de las organizaciones sindicales fue respaldada posteriormente por un estudio de David Card que argumentó que la subida del SMI no destruía empleo (un trabajo que recibió el Premio Nobel de Economía en 2021) y por la propia evolución de los datos de empleo de la legislatura.

En la actualidad, tanto Sánchez como Calviño defienden abiertamente la subida del salario mínimo, y la negociación tanto en el seno del Gobierno como en la mesa de diálogo social radicará en la cuantía concreta de esa subida.