Madrid
La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha explicado las medidas en las que está trabajando el Gobierno para la reforma del Código Penal que tratan de limitar los beneficios y permisos penitenciarios de los delincuentes sexuales. La propuesta afectarían a los presos violadores y agresores sexuales al establecer limitaciones a los beneficios penitenciarios.
La propuesta reforma del Código Penal elaborada por el Ministerio de Justicia incluía la posibilidad de que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional para un condenado por cometer delitos de carácter sexual "no se efectúen hasta el cumplimiento efectivo de la mitad de la condena impuesta". La idea sería aplicarlo siempre y cuando la pena de prisión impuesta fuera" igual o superior a cinco años", de acuerdo al borrador al que tuvo acceso Europa Press.
Delgado asegura que la reforma es una prioridad del Gobierno que busca eliminar el abuso sexual y tipificar como agresión todo acto sin consentimiento. A su vez, consideran cambiar las multas en agresiones leves con penas de cárcel e incluir el agravante de género en los delitos dentro de la pareja.
Dichas modificaciones ya fueron cuestionadas por varios expertos penalistas, según informa este miércoles Cadena SER, que advierten que endurecer las penas no significa que se puedan prevenir este tipo de delitos. Además, estas medidas no se encaminan hacia la reinserción y no evitan que se cometan de nuevo en el futuro.
"No hay nada materializado"
Este anteproyecto de Ley orgánica de modificación del Código Penal para la protección de la libertad sexual no llegó a aprobarse en Consejo de Ministros por la convocatoria anticipada de elecciones. Si bien fuentes de Justicia han señalado que lo contemplado en el texto "es la línea de trabajo" del Ministerio, aunque han subrayado que "no hay nada materializado" ante la disolución de las Cortes.
De hecho, recientemente la ministra Dolores Delgado expresó durante la inauguración de la tercera reunión de la Red Europea de los Derechos de las Víctimas su intención de establecer para los responsables de estos delitos "la imposibilidad" de acceder a los beneficios penitenciarios y de otras vías para la libertad condicional hasta el cumplimiento efectivo de la mitad de la condena.
Unidas Podemos: "Hay que ser garantista"
La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha expresado sus dudas sobre la posibilidad de endurecer los beneficios penitenciarios a violadores y ha insistido en la necesidad de reformar el Código Penal para que "solo sí sea sí ".
Preguntada al respecto, Montero ha evitado valorar la medida que contempla endurecer los beneficios penitenciarios para los condenados por cometer una agresión sexual o violación por no conocerla en detalle. Eso sí, ha asegurado que su formación considera que "la ley penitenciaria está para cumplirse". "Hay que ser garantista", ha indicado Montero.
Montero: "Es necesario que la voluntad de la mujer quede recogida en el Código Penal"
La número dos de Unidas Podemos ha reiterado la importancia de reformar el Código Penal para garantizar "lo que es un grito en las calles que es que solo sí es si" y dejar "de distinguir entre abuso o agresión sexual", ha explicado Montero en una entrevista en la Cadena Ser.
En opinión de Montero, es necesario que "la voluntad de la mujer quede recogida en el Código Penal y no vuelvan a repetirse situaciones como la de La Manada". En este sentido, ha aludido a la necesidad de la formación de los profesionales involucrados en la atención a las mujeres víctimas de agresiones sexuales para evitar que "puedan preguntarse si han abierto o cerrado bien las piernas".
La revisión de estos delitos se puso encima de la mesa a raíz de la polémica sentencia que condena a los cinco miembros de La Manada por un delito de abuso sexual y les absuelve del de agresión.
Tal y como se plasma en la propuesta de reforma de la tipificación de los delitos sexuales del Código Penal, el Gobierno defiende la desaparición del término de abuso sexual para considerarlos todos 'agresiones sexuales' al no existir consentimiento de las víctimas, y 'violación' en los casos en los que exista penetración sin consentimiento de la víctima.
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