Si Carles Puigdemont, candidato a la investidura en Catalunya, regresa a España, será detenido nada más pisar suelo español. Esa ha sido la advertencia que ha lanzado Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, en una entrevista en Onda Cero este miércoles. "Es bueno que todo el mundo asuma sus responsabilidades. Ya sabe cuáles son las reglas de juego. España es una democracia y cuando no se respeta la ley, hay consecuencias", ha avisado Rajoy.

Pero el Gobierno no quiere quedarse sólo en las palabras: quiere también pasar a la acción y por ello ha intentado boicotear la reunión que este miércoles celebran  en Bruselas el president del Parlament, Roger Torrent, y Puigdemont, impidiendo al expresident acceder a la sede de la delegación de la Generalitat ante la Unión Europea, lugar en el que estaba previsto que se celebrase la reunión. En aplicación del artículo 155, el Gobierno central puede tomar medidas sobre todas las dependencias de la Generalitat, y así lo ha anunciado.

Sin embargo, Torrent y Puigdemont  sí se han reunido: han cambiado el  emplazamiento. La reunión —a la que también asisten los cuatro diputados que aún permanecen en Bélgica— se celebra en la sede de la European Free Alliance.

En declaraciones a los medios, el portavoz de JxCat en Bruselas, Joan Maria Piqué,  ha criticado que el Gobierno "impida" la reunión, en la que también iban a participar los otros cuatro diputados encausados que están en Bruselas.

Según ha detallado Piqué, un responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores ha llamado a la delegación catalana para comunicar que, "en aplicación del artículo 155, se pueden tomar las medidas que se consideren necesarias sobre todas las dependencias de la Generalitat" y que la reunión no podía celebrarse allí. "Ha dicho que esta delegación está bajo su tutela y que no autoriza la reunión", ha resumido Piqué, que también ha detallado que Torrent ha sido el encargado de buscar una ubicación alternativa. La orden directa de prohibir el paso a Puigdemont partió del propio ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis.

Además, Piqué ha señalado que "tanto Puigdemont como los consellers no tienen causas pendientes con la justicia y el Estado español no les reclama ni en Bélgica ni en Dinamarca". Y ha sentenciado que "no hay ningún motivo para impedir la celebración de esta reunión en un lugar que no es territorio español, sino belga". Por ello, ha avanzado que JxCat estudiará "las repercusiones legales que pueda tener esta situación" para emprender acciones al respecto.

Al tiempo que se anunciaba la decisión de no permitir la entrada de Puigdemont a la delegación de la Generalitat, Rajoy advertía en la entrevista radiofónica de que "hará todo lo posible" para que se cumpla la ley en España, de forma que Carles Puigdemont no sea investido presidente de la Generalitat. Confirmaba que el Gobierno español está preparado para recurrir ante el Tribunal Constitucional en cuanto se produzca una decisión de la Mesa del Parlament porque tienen que "respetar siempre los procedimientos y las formas".

"El Gobierno de España hará todo lo posible para que se cumpla la ley en España y ésa es nuestra obligación. Y la voy a cumplir, como cuando puse en marcha el 155", recalcó Rajoy al ser preguntado si el Gobierno no se resigna a evitar la investidura de Puigdemont

Rajoy también confirmó que ya ha recibido la carta del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, pero no quiso adelantar qué le dirá en su misiva de respuesta. Eso sí, ha subrayado que no puede pretender que el Gobierno tome alguna decisión que "no puede tomar" como "todo lo referido a las decisiones judiciales. A su juicio, hay que respetar las decisiones judiciales y "por suerte España es una democracia con división de poderes".